Hasta siete años para confirmar la condena por la brutal agresión a dos guardias civiles
Independientes de la Guardia Civil (IGC) denuncia la dilación del proceso y exige más medios para evitar la impunidad en ataques colectivos como el ocurrido en Lanzarote
Hasta siete años para confirmar la condena por la brutal agresión a dos guardias civiles
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Arrecife
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha confirmado íntegramente las condenas impuestas a cinco acusados por la agresión a dos guardias civiles ocurrida en La Santa, en el municipio lanzaroteño de Tinajo, en julio de 2017. El fallo, dictado el pasado 24 de julio de 2025, ratifica la resolución del Juzgado de lo Penal nº1 de Arrecife de diciembre de 2024.
Los hechos se remontan al 22 de julio de 2017, cuando un grupo numeroso atacó violentamente a los dos agentes, que intervinieron para restablecer el orden público en un altercado. Ambos resultaron con lesiones graves: uno de ellos sufrió fractura nasal y daños dentales, mientras que el segundo padeció contusiones y secuelas psicológicas.
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Aunque varios procesados fueron absueltos por falta de pruebas, la Audiencia confirma las condenas contra D. B. G., K. E. D., J. B. T. R., G. E. H. y D. F. H., quienes deberán cumplir penas de entre 5 y 6 meses de prisión por atentado contra la autoridad, además de las correspondientes condenas por lesiones.
El tribunal también mantiene las indemnizaciones fijadas para cubrir los días de curación, tratamientos médicos y perjuicio estético permanente, y exime a los agentes de pagar las costas de los acusados absueltos.
Críticas de IGC por la demora del proceso
La Asociación Profesional Independientes de la Guardia Civil (IGC) ha valorado positivamente la confirmación de las condenas, pero ha criticado la excesiva dilación del procedimiento, que se ha prolongado durante más de siete años.
“Celebramos que se haya confirmado la condena contra los principales agresores de nuestros compañeros, pero no podemos ignorar que este proceso ha tardado más de siete años. Esa dilación se ha traducido en beneficios para los condenados y en sufrimiento añadido para las víctimas”, señaló el portavoz nacional de IGC, Daniel Fernández.
El representante también reclamó que el Estado asuma las indemnizaciones en caso de insolvencia de los condenados: “La reparación a los agentes heridos no puede depender de la capacidad económica de quienes les agredieron”.
Exigen más medios de protección
Tras conocerse la sentencia, IGC ha instado al Ministerio del Interior y a la Dirección General de la Guardia Civil a implementar un plan de prevención de agresiones, reforzar las plantillas en Canarias.
El colectivo reclama dotar a los agentes de más medios tecnológicos de grabación, como cámaras unipersonales, para garantizar la identificación de agresores y evitar la impunidad en ataques colectivos.
