Cirugías estéticas y vacaciones cargadas a las cuentas de centros de menores migrantes: las conclusiones policiales de la 'Operación Tabaiba'

Santa Cruz de Tenerife

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) estrecha el cerco sobre el supuesto desvío de fondos europeos que debían ser destinados a la atención y acogida de menores migrantes no acompañados en Canarias, en las islas de Lanzarote y Gran Canaria. Cuatro directores de centros gestionados por la Fundación Respuesta Social Siglo XXI y un empresario inmobiliario han resultado imputados por blanqueo de capitales al presuntamente compincharse para usar en beneficio propio hasta 2,4 millones de euros según informó la Policía Nacional este fin de semana. Fue un informe del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias del Banco de España el que alertó en 2022 de "multitud de operaciones bancarias injustificadas y extrañas" vinculadas a los responsables.

La Policía detecta transferencias de 25.000 euros a cuentas particulares

A partir de ahí, con una querella presentada por la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada de Las Palmas, se inició la 'Operación Tabaiba'. El Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria asumió la instrucción de las actuaciones y ya en febrero de este año la dirección pasó a manos de la Fiscalía Europea. Tres años de investigación después, la Policía Nacional concluye que de un total de 1,6 millones de euros que la Fundación recibió durante la etapa del 'Pacto de las Flores' en el Gobierno de Canarias, hasta 1,1 millones se extrajeron en efectivo mediante reintegros fraccionados. El cuerpo ha detectado transferencias directas por más de 25.000 euros a cuentas particulares y gastos personales (como operaciones estéticas, vacaciones, gasolina o comidas en restaurantes) cargados a las cuentas de los centros.

"Hay que celebrar que por fin alguien esté cogiendo el toro por los cuernos y velando por los dos intereses que hay sobre la mesa: el dinero de todos y los derechos de los niños", ha señalado en la SER el abogado experto en migraciones Daniel Arencibia. A su juicio, la administración pública ha fallado en las islas por la falta de previsión de mecanismos de fiscalización. "Es razonable" que se externalice la atención mediante entidades dada la magnitud de la crisis de los menores desatada en Canarias en los últimos años, opina, pero a su vez "lo que se multiplican son nuestras obligaciones de supervisión".

Alquileres presuntamente sobredimensionados

El abogado apunta todas las aristas a tener en cuenta en esta presunta desviación de fondos públicos. Los principales damnificados, señala, son los menores. Después, la sociedad canaria que "ha visto cómo se ha derrochado un dinero que tenía que haber sido utilizado para la formación e integración de los niños". Lamenta que "ahora entendemos por qué estaban en la calle. Porque se estaban quedando cuatro listos con el dinero".

La Policía Nacional, en la comunicación publicada estos días, expone que los directores de los centros recurrieron a presentar "facturación duplicada o triplicada, documentos sin fechas o facturas ajenas a los centros". La UDEF insiste en que esto evidencia "una presunta manipulación contable para ocultar el desvío de fondos". A su vez, los implicados habrían urdido un supuesto entramado de alquileres sobredimensionados en los inmuebles que albergaban los centros de menores en connivencia con un empresarios que "utilizaba sociedades interpuestas para alquilar a precios que duplicaban o triplicaban el valor de mercado". El sobreprecio fue de 1,3 millones de euros entre 2021 y 2023 según la Policía.

Arencibia llama a escuchar las explicaciones que tendrá que dar la Fundación y los ahora imputados pero pone el acento en los datos que ha revelado la investigación: "¿A quién se le ocurre que una vivienda para diez personas cueste 10.000 euros al mes? A alguien que está inflando los precios para llevárselo por otro lado. ¿O que alguien te diga que hace mil kilómetros al día sin salir de una isla? A alguien que está trampeando con las facturas para llevarse el dinero", opina.

Piden romper los contratos de Canarias con la Fundación Siglo XXI

No solo falló el Gobierno de Canarias en su supervisión durante la etapa de Noemí Santana al frente de la Consejería de Bienestar Social según el abogado. También cree necesarias las explicaciones de la Fiscalía, que "tiene que revisar estos centros trimestralmente". A su juicio, la falta de fiscalización ha hecho que "vengan al dinerito organizaciones sin mecanismos de control, sin currículum de personas habilitadas... Empezaron a hacerse con presupuestos y a gastarlo de mala manera".

Desde que saliera a la luz pública el 'caso Fundación Siglo XXI', el Gobierno de Canarias ha decidido mantener los contratos de la dirección general de Infancia y Familia con la entidad. Fuentes de la actual Consejería de Bienestar Social han señalado a la SER que esta continuidad de los servicios responde a que la investigación no está relacionado con el actual ejecutivo autonómico y afecta a personas concretas que no están en la fundación. También aluden a que no existe una sentencia todavía.

"¿Qué interés demuestra por los niños seguir manteniendo los contratos durante todo este periodo en el que la Fiscalía no ha parado de decir que esta entidad está actuando como está actuando? Es abominable", asevera Arencibia mostrando "alarma" porque el Gobierno de Canarias "siga diciendo a día de hoy que no puede dejar de trabajar con estas personas porque no han sido condenadas".