Canarias saca adelante la ley que regula el alquiler vacacional con tensión en el Parlamento

Santa Cruz de Tenerife

El Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles la ley que regula el alquiler vacacional con el rechazo de los grupos de la oposición, PSOE, Nueva Canarias y Vox, que además vetaron el debate de 24 enmiendas 'in voce' planteadas por los grupos del cuatripartito, algo que ha molestado al Gobierno.

La consejera de Turismo, Jessica de León, ha admitido que ha sido una norma "difícil de interiorizar, difícil de explicar, y difícil de gestionar" durante su tramitación y valorado por la acción de CC, PP, ASG y AHI "por estar al servicio del interés general y de no ser rehén en este Parlamento del tacticismo político".

Igualmente ha agradecido el apoyo del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el vicepresidente, Manuel Domínguez, "porque sin ellos esto no hubiera sido posible".

Oposición crítica

Esther González (NC-bc) ha reprochado a los grupos del cuatripartito que no les hayan apoyado ninguna de sus 34 enmiendas parciales donde defienden "el derecho de miles de familias canarias a alquilar y a no ser expulsadas de su propia tierra".

Ha cuestionado que el Gobierno "se ha enmendado a sí mismo" porque no cree en su propio proyecto de ley, que no busca "el equilibrio sino la expulsión", aparte de que nace "sin consenso". "Ha enfadado a casi todo el mundo salvo a los de siempre, los grandes empresarios turísticos", ha agregado.

González ha afeado también al Ejecutivo que no pusiera en marcha una moratoria de nuevas licencias, lo que ha ocasionado una "avalancha", aparte de que "se ha señalado con el dedo" a los pequeños propietarios de viviendas vacacionales.

"Este proyecto de ley abre la puerta para expulsar a miles de familias canarias de las zonas turísticas, familias que compraron su vivienda con escritura, con división horizontal y todos los papeles en regla", ha indicado.

Para la diputada canarista, los grupos del cuatripartito han decidido "legislar y votar en contra de su pueblo". "¿Por qué prefirieron proteger a los poderosos antes de escuchar a su gente?", se ha preguntado.

"No piensan en el interés general"

Gustavo Santana (PSOE) ha comentado que la ley no piensa "ni en los residentes ni en el interés general", pues ha activado un "efecto llamada", con más de 32.000 viviendas vacacionales más desde septiembre de 2023.

Ha apuntado que la ley "favorece a los grandes tenedores", ha lamentado la falta de cortesía parlamentaria al aprobar muy pocas enmiendas de la oposición e insistido en que se "beneficia" a los empresarios turísticos y "expulsa" a los residentes.

El diputado socialista afirma que hay "otra alternativa" que pasa por limitar el número de viviendas en explotación a tres, lo que favorece que los pequeños propietarios sean los "verdaderos beneficiarios" de la regulación de la vivienda vacacional. "Esta ley durará lo que dure este Gobierno", ha pronosticado.

Críticas a la actitud de la oposición

Raúl Acosta, portavoz del Grupo Mixto (AHI), ha admitido que la ley "no es perfecta" pero "mucho mejor" que como entró en la Cámara, porque "ordena, no castiga" y contempla que hay diferencias entre islas y territorios.

Ha valorado que se deja margen a la planificación local porque los ayuntamientos "no son niños pequeños" y afeado a la oposición que no acepte las enmiendas in voce, sentando un "precedente parlamentario". "Se han retratado, no han querido llegar a acuerdos", ha explicado.

De hecho, ha cargado contra los socialistas porque cuando están en la oposición "es cuando desempolvan el manual bolchevique y sacan las normas que no tuvieron valentía de aprobar cuando gobernaron".

Jesús Ramos (ASG) ha criticado la "irresponsabilidad" de la oposición al bloquear las enmiendas in voce y ha pedido a la consejera de Turismo, Jessica de León, que se introduzcan "en el menor tiempo posible" vía decreto.

Ha pedido dar "amparo legal" a la actividad clasificada, ha reconocido que la vivienda vacacional da "futuro" en las 'islas verdes', negado que esta modalidad sea la causante de la crisis de la vivienda y apoyado que cabildos y ayuntamientos tengan "herramientas" para planificar el crecimiento.

La portavoz adjunta de Vox, Paula Jover, ha tildado la ley de "camaleónica" por sus muchos cambios de la tramitación "y no está bien hecha", aparte de que "no soluciona nada y empeora todo", pues introduce criterios "imprescindibles" para permitir la actividad que ano están desarrollados.

No ha obviado que hace falta una "regulación" que ordene la vivienda vacacional pero traslada una "excesiva carga" a propietarios y ayuntamientos.

Los grupos que apoyan al gobierno

David Morales (PP) ha comentado que la ley da "salvaguarda jurídica y legislativa" del pequeño propietario, pone el "punto y final a la proliferación de pseudohoteles" y revaloriza la "autonomía" de los ayuntamientos que determinarán "dónde, cómo y cuántas viviendas vacacionales pueden asumir en sus términos municipales".

Ha culpado a la ley estatal de vivienda de la "fuga" de más de 16.000 viviendas al sector vacacional y ha advertido a la oposición de que "pulsar el botón rojo" contra la ley será "ir en contra" del interés general del archipiélago.

Socorro Beato (CC) ha comentado que Canarias "necesita" esta ley porque "ordena, protege y equilibra", reforzando el papel de los ayuntamientos, que son quienes tienen que aplicar la ley.

"Esta ley simplifica procedimientos, da seguridad jurídica a quienes ejercen la actividad con responsabilidad y protege a los pequeños propietarios, muchos de ellos familias que dependen de ese ingreso complementario", ha apuntado.

La diputada nacionalista entiende las críticas de Ascav y de la Plataforma de Afectados por la Ley Turística pero al mismo tiempo ha dicho que hay que ser "honestos", por lo que ha avanzado que en un futuro decreto se incidirá en la unidad de explotación y la residencialización.

"La ley no prohíbe el alquiler vacacional, lo que hace es ordenarlo con sentido común y con equilibrio para que el turismo siga siendo el motor económico sin poner en riesgo el derecho a la vivienda y la convivencia vecinal", ha señalado.

Según Beato, el alquiler vacacional "no podía seguir sin reglas claras" y por ello se da un "marco jurídico claro" adaptando esta modalidad turística a islas y municipios.