Canarias prepara un decreto con sanciones a los desempleados que rechazan trabajos o formaciones

Las Palmas de Gran Canaria

El Gobierno de Canarias prepara un decreto con sanciones a los demandantes de empleo que rechacen una oferta o un curso formativo. El objetivo del ejecutivo autonómico es poner fin al creciente problema de falta de mano de obra que denuncian continuamente los empresarios. Se establecerán dentro de la norma causas justificadas como la necesidad de conciliación familiar, el cuidado de personas dependientes, padecer una enfermedad o que el centro de formación se encuentre muy alejado del lugar de residencia. Sin embargo, quienes no cumplan estos requisitos y se nieguen al aprendizaje o a ocupar un puesto podrían ver suspendida la prestación de desempleo que perciben.

La suspensión de la prestación es una medida que ya recoge la normativa estatal. Sin embargo, la consejera de Empleo Jessica de León asegura que, hasta el momento, no se ha hecho efectivo el cumplimiento de la norma dictando un marco común de actuación para todas las comunidades. De ahí que el gobierno regional quiera avanzar en su propio decreto. "Es una circunstancia que estamos advirtiendo, sobre todo en la formación, cuando vemos perfiles que pueden ser formados para acceder a nuevas ofertas de trabajo y que no ven atractivo formarse. Yo creo que esto es un deber. Cuando estás cobrando una prestación y se te oferta formación 'online', para que puedas hacerla desde tu casa con otras tareas, o incluso se cubren las becas para que puedas desplazarte a tu centro de formación, se antoja muy difícil que una persona que está en situación de desempleo rechace estas ofertas formativas", ha señalado la dirigente.

Los motivos por los que se rechazan ofertas de empleo

El informe 'Análisis de las causas de la no disponibilidad y rechazo de las personas en búsqueda activa de empleo a las ofertas de trabajo' del Gobierno de Canarias concluye que la ocupación con más rechazos voluntarios fue en 2023 la del personal de limpieza. Le siguen los camareros y los cocineros. También los albañiles y los vendedores en tiendas y almacenes. El Observatorio Canario de Empleo fija ocho motivos principales por los que la población rechaza oportunidades laborales: dificultades a la hora de conciliar; problemas de movilidad por la distancia entre la vivienda y el puesto; condiciones laborales (turnos, salarios, esfuerzo físico o trabajo en los festivos); causas relacionadas con la salud mental y física; falta de información; baja calidad de las ofertas; y la brecha digital.

El decreto ha vuelto a enfrentar a la patronal y los sindicatos. "Sería un paso importante para reforzar la vinculación entre empleo, formación y la responsabilidad social de quienes están buscando trabajo". Es la interpretación que hace la Confederación Canaria de Empresarios. El objetivo es claro según Pedro Ortega: "Mejorar la empleabilidad, reducir el paro estructural y, cómo no, garantizar que las oportunidades de empleo que se puedan generar sean aprovechadas por aquellos que las demandan". Mientras, los representantes de los trabajadores se centran en las precarias condiciones de algunos puestos que se ofertan.

Patronal y sindicatos, de nuevo enfrentados

"Cualquiera entenderá que si una persona está cobrando el paro, en torno a 1.200 euros, y le ofrecen un trabajo a media jornada para cobrar 600 euros, es normal que se rechace. En la mayoría de los casos es lo que está pasando", contraargumenta Esther Ortega desde Comisiones Obreras. Por su Parte, el secretario general de UGT en las islas, Manuel Navarro, tampoco comprende los pasos que está dando el Gobierno canario al existir ya normativa estatal para sancionar a los demandantes que rechazan un empleo o formación: "No sé si esto también viene para ir contra los trabajadores o para justificar que las ofertas que se producen están muy mal pagadas, en condiciones que no son las deseables".