Podemos reconoce la "parálisis" en Las Palmas de Gran Canaria y amenaza con abandonar el pacto "si no se implementan cambios"
La única concejala de la formación morada en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria asegura que "nuestro margen de tolerancia ética ha llegado a un extremo intolerable"
Gemma Martínez en Hoy por Hoy Canarias: "Si no se implementan cambios, daremos el proyecto por agotado"
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Las Palmas de Gran Canaria
Podemos da un paso hacia delante en el marco del acuerdo del ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y amenaza con abandonar el pacto si no se cumplen sus condiciones. Así lo ha confirmado en Hoy por Hoy Canarias la única edil morada del consistorio, Gemma Martínez, quien asegura que "nos vamos a quedar siempre y cuando los socios lleven a cabo una agenda potente y valiente de vivienda", recordó Martínez. "Si esas medidas se implementan y se llevan a cabo teniendo en cuenta que es el tema más importante ahora mismo, nosotras nos quedaríamos en el Gobierno; si se mejora la gestión administrativa para gestionar la parálisis que hay en el Ayuntamiento, nosotras nos quedaremos en el gobierno; si no se dan estas circunstancias, si nuestros socios no quieren implementar estas medidas, en ese momento daremos el proyecto por agotado".
Así de contundente se ha mostrado este martes la concejala de Podemos en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Gemma Martínez, tras la dimisión este lunes de Inmaculada Medina por el Caso Valka.
Martínez ha afirmado en Hoy por Hoy Canarias que "esto se ha acabado" y ha señalado "la potente agenda social" que pondrán sobre la mesa como factor determinante para seguir apoyando al Gobierno encabezado por Carolina Darias desde 2023.
La concejala de Podemos en el consistorio capitalino, que ahora gestiona el área de Parques y Jardines, que gestionaba Medina antes y que la ha conducido hacia la imputación, ha asegurado que "nuestro margen de tolerancia ética ha llegado a un extremo intolerable" y ha señalado que "el Gobierno no se puede sostener solo con la aritmética".
"No podemos permitir normalizar cuatripartito"
Gemma Martínez ha asegurado que "se ha movido el tablero político en el Ayuntamiento con un caso de transfugismo, que no olvidemos que es corrupción, provocada por la pata de Coalición Canaria dentro de Gran Canaria, que es Primero Canarias", señalando así al concejal José Eduardo Ramírez, que concurrió a las elecciones en las listas de Nueva Canarias, firmó el pacto de Gobierno bajo esas siglas y que ahora forma parte de la nueva formación nacionalista liderada por Óscar Hernández y Teodoro Sosa.
La concejala de Podemos ha denunciado que "la prensa ha normalizado referirse al Gobierno de Las Palmas de Gran Canaria como cuatripartito y eso no lo podemos permitir" y ha indicado que "entendemos los costes que puede tener gobernar en un pacto, como la incoherencia, la inestabilidad, la opacidad o las crisis, pero no entendemos que tengamos que gestionar crisis ajenas".
Cambio de mando en el área
El cambio de gestión del área de Parques y Jardines, que entre 2015 y 2022, coincidiendo con el mandato de Augusto Hidalgo, gestionó Inmaculada Medina y que en 2023, con la llegada de Carolina Darias, pasó a manos de Gemma Martínez, refuerza las sospechas de la Fiscalía Anticorrupción porque fue entonces, con el cambio en la concejalía, cuando el consumo descendió hasta unas cifras normales y se correspondía con pagos normales a ese consumo.
La justicia deberá determinar ahora cuál ha sido el papel de Medina en el pago de ochenta y nueve facturas del servicio municipal de abastecimiento de agua para el área de Parques y Jardines que entienden, tanto la Fiscalía Anticorrupción como el juez instructor, que se convirtió en núcleo de una trama de corrupción conocida como el 'Caso Valka', con varias ramificaciones: la que vincula a la empresa municipal de gestión urbanística Geursa por una supuesta trama vinculada a la permuta de terrenos en el barrio de Tamaraceite que partió de una denuncia vecinal y también esta otra de Parques y Jardines.
70% de sobrecoste
Medina, que hasta su renuncia ayer ejercía este mandato como responsable de Fiestas y Carnaval entre otras áreas, supuestamente dio el visto bueno a facturas infladas entre 2015 y 2022. Las facturas se pagaban a una empresa que se llama Guerra Patrimonial FGG. Esta era la encargada de recibir unos fondos municipales en concepto de cobros por el suministro de agua durante ese periodo que, dice el auto del juez siguiendo la línea de acusación de la fiscalía anticorrupción, que tenían una desviación de hasta un 70% de sobrecoste del consumo real de agua del consistorio.
Además, también señala que se emitían facturas falsas, no se verificaba que el consumo de agua pagado se correspondía con el real y se manipulaban los pliegos de prescripciones técnicas para beneficiar a esta empresa.
Y todo esto, dice el auto del juez que investiga a Medina y a los funcionarios y a la empresa que lo hicieron, lógicamente, con su visto bueno y por eso se les atribuyen los delitos de malversación agravado por perjuicios superiores a 250.000 euros, falsedad de documento público, delito de prevaricación administrativa y fraude a la administración.
Los detalles
La Fiscalía dice sobre Miguel Padrón, el técnico responsable del área de Parques y Jardines entonces, que elevó artificialmente los volúmenes de agua necesarios para cubrir el servicio. Los pliegos establecieron que debió pasarse de 72.000 metros cúbicos a casi 191.000 metros cúbicos. Y eso, dice la Fiscalía, sin respaldo técnico, sin estudios hidrológicos y sin ninguna clase de motivación económica. A partir de aquí, se crea el marco que permite justificar las facturas más cuantiosas, según Anticorrupción. También es importante que no se contrastaba el coste de la factura con los contadores y a todas estas se les daba el visto bueno sin este paso.
Sobre Inmaculada Medina, la Fiscalía Anticorrupción plantea que autorizó, firmó y pagó las facturas que le plantearon los técnicos sin verificar. Además, entiende Anticorrupción que su papel fue necesario para que el dinero pudiera circular de la manera en la que supuestamente se planteó en la trama. Y esto es importante: El tiempo en el que se ha desarrollado todo esto dice la justicia que es más que suficiente para entender que la concejala era conocedora de estas prácticas que se prolongaron durante casi ocho años.
Y por último, la empresa Guerra Patrimonial FGG S.L. y Felipe Guerra, su propietario, presentó facturas correspondientes a cuatro contratos con consumos inflados, estaría supuestamente compinchada con los funcionarios públicos para agotar los créditos disponibles y algo también importante: parte de los beneficios supuestamente habrían estado encaminados a conceder, supuestamente, un préstamo de 430.000 euros a Miguel Padrón. Y ese préstamo serviría para la construcción de un edificio de apartamentos de viviendas vacacionales en Los Llanos de Aridane.
