Sobre el cese preventivo de Antonio Hernández

Santa Cruz de Tenerife

El mismo Gobierno que mantuvo al Fiscal General del Estado en su puesto, alegando presunción de inocencia, ha encontrado -entre los errores de gestión del ‘caso Salazar’- una fórmula perfecta para aparentar contundencia sin correr riesgo alguno: basta con cesar a alguien antes de saber exactamente de qué se le acusa. La presunción de inocencia desaparece en el comportamiento de Antonio Hernández por efecto del clima. Y el clima no lo dicta la búsqueda de justicia: lo dicta el miedo. El miedo a que cualquier matiz, cualquier reserva, cualquier demanda de garantías sea interpretada como falta de sensibilidad hacia las víctimas de abuso que -al parecer- llevan ya unos años soportando comportamientos repugnantes en Moncloa. El Gobierno Sánchez, tan aficionado a la comunicación emocional, ha descubierto que no hay blindaje más eficaz que actuar contra Hernández con la celeridad que no se tuvo cuando se trataba de proteger a las mujeres sometidas a las guarrerías de Salazar…

Sánchez cesa al número dos de Salazar tras ser señalado como "encubridor" de sus comportamientos machistas

Hernández no ha sido acusado de delito alguno. No se ha abierto causa contra él. Su caída se basa en la idea de que “debió saber”, “debió actuar”. Es un terreno muy resbaladizo, porque no hay forma de defenderse de una acusación sin forma. Si aceptamos que se puede prescindir de alguien por si las moscas… ¿Qué nos impide convertir ese mecanismo en arma? El cese de Hernández es un movimiento político. Se produce cuando hay que demostrar que los errores en la gestión de las denuncias no van a repetirse. Sirve para enviar a las votantes, el recordatorio de que el Gobierno se toma en serio el acoso, para aparentar que el ‘caso Salazar’ está controlado: el sacrificio de una figura secundaria protege al núcleo duro de su probado desinterés a la hora de aclarar por qué no se actuó contra Salazar antes de que la queja de las mujeres se hiciera viral.