Especial Hoy por Hoy La Palma: Canarias se vuelca en la reconstrucción de La Palma y sienta las bases para el futuro

Santa Cruz de La Palma

La consejería de Presidencia tiene previsto firmar todas las órdenes de pago para la recuperación de las fincas agrícolas antes del 31 de diciembre. Esto no significa que todos los agricultores reciban los ingresos a esa fecha, desde la consejería advierten de las dificultades de abonar los 100 millones de euros en un plazo tan corto de tiempo una vez se aprobó el Decreto de La Palma en la primera semana de diciembre. Sin embargo, firmadas las órdenes de pago se garantiza que esos 100 millones de euros están comprometidos y los agricultores beneficiarios podrán recibir los ingresos en las primeras semanas de enero. Así lo ha explicado el viceconsejero para la Recuperación Social y Económica de La Palma, Pedro Afonso.

La tramitación de cada expediente requiere de un proceso engorroso. Decenas de documentos y comprobaciones que deben pasar por nueve pasos diferentes antes de su aprobación definitiva. Con motivo del cuatro aniversario del fin de la erupción volcánica, Hoy por Hoy La Palma ha celebrado un especial monográfico sobre la reconstrucción de la isla en medio de un esfuerzo enorme por tramitar todas las órdenes de pago antes de finalizar el año.

Miles de atenciones personales en tiempo récord

La viceconsejería cuenta con cuatro jefes de servicio y cuatro auxiliares que ya trabajaban en el mes de agosto y lo siguen haciendo en horario de mañana y tarde para sacar adelante los expedientes. Según explica Pedro Afonso, se han realizado más de 8 mil atenciones personales y 900 modificaciones que han sido necesarias por diferentes motivos, en algunos casos por falta de documentación o porque la titularidad de los terrenos constaba como herederos o sin una actualización en el catastro. Procesos que han llevado a adelantar aquellos que contaban con toda la documentación correcta y cuyos pagos ya se están haciendo efectivos.

Las órdenes de pago se van realizando en lotes de entre 80 y 100 expedientes para agilizar los ingresos. Una vez notificado el importe a su beneficiario, se dispondrá de cinco días de plazo para su aceptación o rechazo. En el caso de ser aceptado el ingreso se hará efectivo en los días siguientes. En el caso de no aceptar el importe asignado, será necesario tramitar una reclamación y seguir otra vía administrativa.

Preguntado por si a 31 de diciembre estarán firmadas todas las órdenes de pago o si será necesario solicitar una prórroga al Ministerio de Hacienda, Pedro Afonso responde que “esa idea no cabe en mi cabeza, tenemos que llegar y trabajamos para ello. Según el ritmo que llevamos, yo creo que sí”.

Canarias, con las bases jurídicas de cara a futuras catástrofes

Para llevar a cabo estos procesos ha sido necesario crear una legislación nueva. Canarias no disponía de las herramientas jurídicas adecuadas para afrontar una reconstrucción tras una erupción volcánica. En la elaboración de los Decretos y normativas participó el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna, Francisco Villar.

Desde el final de la erupción, colectivos de afectados solicitaron una modificación de la Ley de Expropiación Forzosa que, en su artículo 36.1 establece que “las tasaciones se efectuarán con arreglo al valor que tengan los bienes o derechos expropiables al tiempo de iniciarse el expediente de justiprecio”. Esto supuso que los terrenos eran considerados ‘eriales’ con una tasación muy por debajo de su valor el día antes de la erupción. En muchos casos con edificaciones, viviendas y otras infraestructuras. Se pidió añadir un punto en este artículo que devolviera el valor previo a las propiedades solo en caso de una erupción volcánica y solo a los terrenos afectados. Francisco Villar asegura que “se pudo haber hecho”. Sin embargo, no se hizo.

La Ley de Volcanes aprobada en Canarias en septiembre de 2025 sí contempla una compensación para devolver a los titulares el valor de sus propiedades a fecha anterior a la erupción. Según el catedrático de Derecho Administrativo, esto no supone un conflicto “porque ya no se habla de justiprecio ni de subvención sino de compensación”, un término que jurídicamente garantiza recuperar el valor de lo perdido. Además, explica Francisco Villar, la legislación elaborada específicamente tras la erupción en La Palma, “sienta las bases jurídicas para próximas catástrofes naturales”.