Izquierdo advierte: más de la mitad de los agricultores afectados por el volcán se pantean abandonar

Santa Cruz de La Palma

Los costes derivados de las vías de acceso a fincas o redes de riego para fincas afectadas por la erupción deberán ser asumidos por los titulares de las fincas o ceder éstos los terrenos necesarios para que sea la Administración quien ejecute las obras. Así lo ha explicado el Comisionado para la Reconstrucción, Héctor Izquierdo. “No se puede financiar obras con dinero público en propiedades privadas”

El Comisionado se reunía con las dos organizaciones agrarias de la isla que representan a los afectados por la erupción, ASPA y Asepalma y ofrecía datos sobre los expedientes tramitados en Tazacorte, el municipio con mayor superficie agrícola afectada. De las 313 licencias solicitadas ya se han tramitado 155, de las que 72 están incompletas por falta de documentación, tres se han denegado y otras 11 han sido archivadas por la intención de sus titulares de abandonar el cultivo. Según los datos facilitados por el Comisionado, aproximadamente un 10% de los agricultores afectados han manifestado su intención de no recuperar el cultivo más del 50% se muestra con dudas acerca de la decisión de continuar o no.

Piden certidumbre

La situación que dibujan los datos preocupa al propio sector. El presidente de la Asociación Palmera de Agricultores y Ganaderos (ASPA) Miguel Martín señala a la financiación necesaria para cubrir los costes de apertura de vías e instalación de redes de riego, algo imprescindible para obtener la licencia del ayuntamiento.

Muchos agricultores ya han cobrado los 44,06 euros por metro cuadrado en los que se valoraron las fincas afectadas por la erupción. Pero es un precio de mercado por el terreno que no cubre los costes derivados de la recuperación de los cultivos. Es necesario ‘sorribar’ los terrenos. Recuperar las vías de acceso, instalar las redes de riego y cubrir las coladas con una capa de tierra que permita volver a sembrar. Sin vías de acceso nada de esto es posible. Se trata de pistas que, en algunos casos son de titularidad privada, lo que impide actuar con dinero público. Las opciones, explica también Miguel Martín, son “agruparse entre vecinos y compartir los costes o ceder la titularidad al ayuntamiento, porque sin vía de acceso ni agua no se concede licencia municipal”.

Para el presidente de ASPA no es éste el principal problema, ya que “el inventariado no supone un trámite excesivamente largo” y las vías de acceso “no son muy extensas”, en la mayoría de los casos algunas decenas o cientos de metros. La cuestión es financiar esas obras. Para ello piden “certidumbre”, muchos agricultores ya tienen el importe abonado por sus fincas, pero no saben qué hacer. Se debaten entre pedir créditos o abandonar entendiendo que la edad es un factor a tener en cuenta a la hora de mirar al futuro a corto y medio plazo.

El foco está ahora en próximas reuniones con el Gobierno de Canarias, en concreto con la consejería de Agricultura y la consejería de Presidencia, para determinar la aportación de fondos para cubrir esos costes añadidos. El consejero de Agricultura, Narvay Quintero, informaba de la elaboración de una PEPAC (Plan Estratégico de la Política Agraria Común) para aportar fondos con los que cubrir estos gastos derivados de la recuperación de fincas. Los tiempos cuentan y son lentos después de cuatro años tras la erupción. La consejería de Presidencia ha anunciado también la modificación del Decreto Agrario elaborado tras la erupción de un modo “quirúrgico”, en palabras de la consejera Nieves Lady Barreto, que permita, ahora sí, vender las propiedades al valor de mercado, algo que se había impedido hasta ahora precisamente para evitar la especulación y que quienes tienen un mayor poder adquisitivo se hicieran con fincas a un precio muy por debajo de su valor real aprovechando la desesperación de sus titulares.

“El dinero tiene que venir del Estado”

Lo más urgente para los agricultores es abrir caminos y poner tuberías. Son los requisitos fundamentales para que el ayuntamiento conceda la licencia que permita iniciar los trabajos de sorriba. El portavoz de Asepalma, Hernán Rodríguez, coincide con la opinión de que los 44,06 euros abonados por el valor de lo perdido no son suficientes para afrontar los costes derivados de la reconstrucción. Apelan a la PEPAC que está elaborando la consejería de Agricultura y que, según Hernán Rodríguez, a finales de este mes de febrero ya tendría una estimación de los fondos necesarios. Sin embargo, entienden que esa financiación “tiene que venir del Estado” una vez que el Gobierno de Canarias ha destinado 100 millones de euros del remanente para el pago de las cuantías establecidas por el valor de lo perdido a razón de 44,06 euros el metro cuadrado.

Sobre la posibilidad de que estos fondos los adelante el Gobierno de Canarias, Hernán Rodríguez entiende que “es complicado”, tal y como lo trasladó también la consejería de Presidencia que ha destinado los 50 millones de euros como parte del compromiso anual con el Estado, a sufragar los costes de las segundas viviendas perdidas.

“Lo más urgente son los caminos y tuberías”, reivindican desde Asepalma, para que los agricultores puedan ver avances. “No podemos esperar más”, entendiendo que ya se estima en un 10 por ciento los agricultores afectados que ya ha anunciado a sus empaquetados que abandonarán el cultivo. “No es lo mismo ver tu fina a 600 metros en las colada que poder acceder con el coche y tener el agua”, dos elementos indispensables para poder obtener la licencia del ayuntamiento para afrontar la reconstrucción.

“No lo sabíamos”

Sobre la imposibilidad de afrontar obras con dinero público en terrenos de titularidad privada, Hernán Rodríguez asegura que “no lo sabíamos”. Preguntado por si la situación hoy sería distinta de haber sido informados de ello con anterioridad, en tiende que “igual sí, porque hay zonas de fincas que ya están prácticamente terminadas, muchos agricultores han llevado la pista ellos mismos, porque por allí no ha aparecido nadie, eran pistas privadas, incluso alguna pública y no lo sabían, los agricultores no lo sabían” dando por hecho que todos los caminos serían abiertos por la administración pública.

El lunes 9 de febrero está programada una nueva reunión entre los agricultores y el Gobierno de Canarias en la que estará presente la consejería de Agricultura, la consejería de Presidencia y en la que se contará también con personal técnico. “No será una reunión más”, adelanta Hernán Rodríguez, que contempla que se presenten mapas con las fincas que ya cuentan con licencia y las pistas de acceso y redes de riego previstas para que sus titulares puedan calcular una fecha estimada para iniciar el sorribado. “Tenemos que empezar ya”, insiste, “no podemos esperar a marzo o abril”.