La verificación del ‘decreto canario’ contradice al Estado: la mayoría de medidas son compromisos con Canarias

Santa Cruz de La Palma

El Parlamento de Canarias recibirá hoy la última versión del 'Decreto Canarias', que está lejos de ser la definitiva. Este documento constituye un desarrollo pormenotizado de los compromisos adquiridos del Estado con Canarias que, o bien no se han cumplido, o bien no se han desarrollado. Muchos no están en la Agenda Canaria, -como bien ha dicho el PSOE-, sin embargo, si hunden sus raíces en obligaciones contraídas del Estado con Canarias que no se han cumplido hasta la fecha.

El análisis global realizado por la SER de cada una de las propuestas demuestra que el 'Decreto Canario' no surge de la nada ni es una invención política improvisada, sino que bebe de compromisos ya asumidos previamente por el Estado con Canarias recogidos en tres fuentes oficiales: la Agenda Canaria, los Presupuestos Generales del Estado, y el Estatuto de Autonomía de Canarias.

Al revisar uno a uno los 35 artículos y todas sus disposiciones adicionales y finales, se confirma que la mayoría de las medidas -casi 40 de 49- tienen algún anclaje previo en estos marcos, ya sea de manera literal o como mandato, principio o compromiso previamente firmado. El decreto, por tanto, no crea un universo nuevo, sino que ordena, concreta, amplía o activa compromisos previos del Estado que ya estaban recogidos en los acuerdos políticos, en las leyes marco o en las partidas presupuestarias vigentes.

El 'Decreto Canarias' punto a punto

Las conexiones entre el decreto y las fuentes son, en muchos casos, muy claras y directas. Por ejemplo, la garantía de conectividad aérea entre islas, incluida en el artículo 11 del 'Decreto Canario', se apoya con claridad en el Estatuto de Autonomía, artículos 3 y 37, que establecen la obligación de adaptar la política de transportes a la realidad insular y ultraperiférica. Del mismo modo, la designación de cargos estatales radicados en Canarias, que aparece en la Disposición Final Primera, está explícitamente prevista en la Agenda Canaria (II-14), donde se exige reforzar la presencia institucional efectiva del Estado en el archipiélago.

También medidas como la bonificación del 100% del transporte terrestre (Artículo 9) están recogidas en la Agenda Canaria (art. 23), y la financiación del Plan Integral de Empleo de Canarias (Artículo 6) tiene respaldo directo en los PGE 2023 (DA 89). Incluso contenidos más técnicos, como las bonificaciones por tripulantes de buques (artículo 8) o la participación de Canarias en delegaciones internacionales (DA 12), aparecen también en estas fuentes de un modo más o menos claro.

Obligaciones con Canarias sin desarrollar

El primer capítulo del decreto, por ejemplo, demuestra que muchas de las medidas vinculadas a la recuperación de La Palma y al reequilibrio económico del archipiélago ya habían sido comprometidas por el Estado, pero se quedaron sin desarrollar o se aplicaron solo de forma parcial. El caso más evidente es el del IRPF del 60% para La Palma: la Agenda Canaria obligaba a mantenerlo hasta 2027, pero el Estado no lo prorrogó hasta finales del año pasado, dejando en el aire lo que ocurrirá en el ejercicio fiscal de 2027 en una medida esencial para la reconstrucción económica.

También ocurre con el Plan Especial de Empleo de La Palma o los 100 millones, que aparecían en los Presupuestos Generales del Estado de 2023, pero no se prorrogaron tal y como estaban, sino que han tenido que ser peleados por Canarias hasta casi el último día de cada año. Fuentes del Ejecutivo central explican que esto se debe, -en el caso del Plan de Empleo-, a la baja ejecución, y que han llegado 135 millones en total. No así con los 100 millones, que nunca fueron ingresados, sino autorizados como uso de remanente en el último pleno del año.

Competencias sin desarrollar: aeropuertos y costas

Un caso flagrante es el de los aeropuertos canarios. El decreto canario plantea que la comunidad autónoma participará en la gestión de los aeropuertos de interés general radicados en el archipiélago. De hecho, en Canarias están algunos de los aropuertos más rentables para la empresa público-privada AENA, que compensa sus inversiones ruinosas en la península con estos beneficios. Este compromiso hunde sus raíces en el artículo 161 del Estatuto de Autonomía, que tampoco ha sido desarrollado como plantea ahora el decreto.

El traspaso de las competencias en materia de costas es otro caso evidente. El Estatuto reconoció en 2018 que debía ejecutarse desde entonces. Sin embargo, el Estado ha alargado el procedimiento durante años, hasta el punto de que solo ahora se ha fijado un mecanismo claro y una dotación para ejecutar obras de interés general. Hasta 2023, la gestión seguía dependiendo en gran medida del Estado. Con el traspaso efectivo de medios y servicios. Hoy mismo Canaria ha anunciado el procedimiento para dotarse de su propia Ley de Costas.

Las pocas medidas del 'Decreto Canario' que no tienen respaldo

El análisis también identifica de forma transparente qué medidas no tienen respaldo previo en ninguna de las tres fuentes. Son muy pocas, pero existen. Un ejemplo es la bonificación del 50% de la cuota patronal en El Hierro, La Gomera y La Palma (Artículo 4) que no figura ni en el Estatuto de Autonomía, ni en los Presupuestos ni en la Agenda Canaria. Tampoco la extensión del IRPF del 60% a El Hierro y La Gomera (Artículo 5) o el régimen sobre compatibilidad y exención de complementos a pensiones no contributivas (Artículo 19). El Ejecutivo canario justifica esto con algunas referencias normativas muy vagas o generales que no contienen estas medidas ni por asomo.

En conjunto, por tanto, el resultado es sólido: el decreto canario se asienta mayoritariamente en compromisos previos asumidos por el Estado, y solo en un número reducido de casos introduce elementos nuevos sin cobertura explícita. Esto permite sostener con rigor que la arquitectura del decreto está alineada con acuerdos políticos previos, marcos competenciales y obligaciones reconocidas, y que su función es, en gran medida, darles forma normativa y operativa. En consecuencia, la obligación del Estado sería cumplir con Canarias.

La versión de Ángel Víctor Torres, ministro del Gobierno de España

El ministro de Política Territorial del Gobierno de España, -en su doble condición de líder de la oposición en Canarias-, ha sido claro: el 'Decreto Canario' no está en la Agenda Canaria. "Lo que llaman decreto canario no es la agenda canaria, es otra cosa", dijo en declaraciones a la SER. "Está muy bien pedir o solicitar a otros cuando no hay obligación de que ese otro lo haga, porque la obligación es la Agenda Canaria", dijo Torres, olvidando que el Presupuesto de 2023, -prorrogado una y otra vez- y el Estatuto de Autonomía también comprometen al Estado con Canarias. En calquier caso, Torres ha tendido la mano a colaborar con el Gobierno de Canarias. No así el PSOE regional que lidera, desmarcado desde el primer momento del documento al que llaman despectivamente 'Decreto Clavijo'.

El PP de Canarias, retratado: votaron en contra de medidas esenciales para el Archipiélago

Los socios de Gobierno de Fernando Clavijo también tienen un doble discurso: en Madrid parecen responder a los intereses de Feijoo y en Canarias apoyan el contenido del decreto. Es una contradicción objetiva. Un ejemplo: Torres estuvo meses negociando con Clavijo para sacar adelante una reforma que permitiera acoger con dignidad a los menores migranes y el PP, -sentado en el consejo de Gobierno que firma este decreto-, votó en contra de esta medida. También ha llegado a votar en contra de otros decretos 'ómnibus' en los que se concretaban medidas tan importantes para Canarias como la gratuidad del transporte público. "Esto es lo que nos retrata", dijo Torres en la SER.