Canarias anuncia una ley de Costas para enfrentar las amenazas del cambio climático y "superar" el conflicto con el Estado

Santa Cruz de Tenerife

El Gobierno de Canarias ha iniciado la elaboración de la futura Ley de Gestión del Litoral y las Costas con el objetivo de aprobarla en la presente legislatura. La norma persigue dos objetivos fundamentales: prepara al Archipiélago frente a desafíos como el cambio climático y proporcionar una mayor "seguridad jurídica" tras el traspaso de las competencias en esta materia que selló la reforma del Estatuto de Autonomía de 2018 y que se materializó en 2023 con el traspaso de medios.

¿Por qué ha provocado tanta tensión la gestión de Costas?

Históricamente, este ha sido uno de los puntos de mayor tensión entre Canarias y el Estado. El traslado de las competencias fue "bastante cicatero" según el consejero del área Pablo Rodríguez y la futura norma autonómica busca "superar esa etapa de conflictos". El epicentro de esa tensión desatada entre administraciones se encuentra en Fuerteventura. Y es que el Estado, durante el proceso de transferencia, se reservó una serie de expedientes. Entre ellos el relativo al hotel Riu Oliva Beach de las Dunas de Corralejo. En 2024 el Ministerio para la Transición Ecológica acordó declarar la caducidad de la concesión otorgada y ordenó la retirada de los complejos del dominio público marítimo-terrestre tras detectar obras que excedían la legalidad.

Este paso provocó una pugna judicial entre la propiedad y el Estado que persiste a día de hoy. El Gobierno de Canarias decidió personarse en el caso alegando que "las concesiones de dominio público son competencia de las comunidades autónomas" y que es Canarias quien tiene potestad para resolver el expediente de acuerdo con el Estatuto de Autonomía. En septiembre de 2024 el Tribunal Constitucional dio la razón al ejecutivo central entendiendo que corresponde al Ministerio decidir sobre el hotel.

"Canarias tiene la mayoría de edad para decidir sobre su litoral". Es lo que defiende a capa y espada Rodríguez, que denuncia que el Estado transfirió al Archipiélago "ni el 20%" de los expedientes. Frente al revés judicial que supuso el pronunciamiento del Constitucional sobre el hotel de las Dunas de Corralejo, el gobierno regional tira de una reciente sentencia del mismo tribunal que respalda la ley autonómica gallega sobre sus costas. "Establece que las comunidades, por sus competencias en urbanismo, tienen también las competencias sobre la ordenación del litoral", apunta el consejero. Entiende que son "bastantes" los argumentos jurídicos para establecer un marco normativo claro y dar seguridad a los operadores: "La gestión del litoral es un elemento de riqueza e identidad, pero también un modo de vida para muchísimas personas".

Distintas soluciones para las construcciones afectadas

En Canarias, la Plataforma de Afectados por la Ley de Costas representa a centenares de personas con construcciones que, según la norma estatal, se encuentran en situación irregular y deberían ser derribadas. "En la gran mayoría de los casos hay solución", bien sea la reposición o la consolidación de derechos adquiridos. El consejero ha explicado en la SER que en el caso de Tufia, en Gran Canaria, la zona cuenta con "un valor patrimonial muy importante desde el punto de vista pintoresco" y que, en consecuencia, el 95% de las casas "se pueden salvar". Admite que en otros casos es necesario reponer la primera línea. En cualquier caso, ha insistido en que debe resolverse desde las islas porque "desde Madrid la sensibilidad es mandar los tractores".

La adaptación al cambio climático: el gran reto

Entre los retos que deberá abordar la ley canaria de Costas se encuentra el cambio climático. El programa 'PIMA Adapta-Costas' desarrollado en el Archipiélago concluye que en 2050 la población afectada por procesos de inundación puede llegar a ser de 788 personas. Las pérdidas económicas ascenderían a 920 millones de euros ese año y a 5.000 en 2100. Entre las zonas críticas por sus infraestructuras se encuentran el norte de Tenerife o de Gran Canaria. Incluso los aeropuertos de Lanzarote y Fuerteventura se sitúan en zonas de peligro de inundación.

"Hay carreteras que dentro de 20, 30, 40 o 50 años tienen que moverse de donde están", ha aclarado Rodríguez evidenciando los efectos que tendrá la subida del nivel del mar: "Debemos prepararnos con planes, con infraestructuras" y "para eso también nace esta ley".