Las universidades canarias, en el punto de mira: el informe de la Audiencia de Cuentas sobre la ULL y la ULPGC

Santa Cruz de Tenerife

Las universiades públicas canarias han sido objeto de fiscalización por parte de la Audiencia de Cuentas. El informe recoge los datos de 2024, y ambas instituciones han subsanado muchos de estos aspectos a lo largo de 2025. No obstante, las conclusiones de la Audiencia de Cuentas sobre la Universidad de La Laguna (ULL) y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) son claras: ambas presentan deficiencias estructurales en control interno, gestión económico-financiero y contratación pública, con cuentas rendidas fuera de plazo, sistemas de supervisión incompletos y graves problemas en el ámbito patrimonial y presupuestario. Además, ninguna de las dos cumple plenamente las obligaciones legales en igualdad o personal, y mantienen incidencias repetidas en transparencia, planificación y ejecución de recursos. Este tipo de irregularidades son detectadas con frecuencia en todas las instituciones canarias, esa es la función de la Audiencia de Cuentas y a pesar de los fallos detectados, el resultado es positivo.

La situación en la Universidad de La Laguna (ULL)

La ULL no dispone de un inventario fiable de su patrimonio inmobiliario y material, una carencia ya detectada en informes anteriores. La institución cumple con el mínimo legal del 40 % de presencia femenina en todos sus órganos colegiados, salvo en el Consejo Social, que se queda en un 39,3 %. Sin embargo, persisten diversas carencias en materia de gestión interna: no existe un manual de control económico-financiero ni un sistema de gestión de riesgos, y las cuentas anuales de 2024 fueron aprobadas fuera del plazo reglamentario, según la Audiencia de Cuentas.

En cuanto a la Fundación General, sus cuentas anuales de 2024 fueron formuladas y rendidas fuera de los plazos previstos por la normativa. Lo mismo ocurrió con el informe de cumplimiento económico-financiero. Respecto a la contratación, la Audiencia de Cuentas señala incumplimientos importantes, como un contrato de suministro que supera los umbrales de regulación sin haberse tramitado como tal y un plan de contratación aprobado tardíamente. Además, la información remitida "no permite determinar qué contratos menores superan los límites legales", reza el informe.

La Universidad reconoce que el número de contratos temporales para los profesores docentes e investigadiores suponen un 10,1 %, sobrepasando la la exigencia legal. Según la Audiencia de Cuentas, disponem hasta 2028 para ajustar la plantilla. Según este mismo informe, la ULL ejecutó solo el 30% de sus inversiones reales: a pesar de presupuestar más de 93 millones en inversiones, solo se ejecutaron 28 millones. La baja ejecución es “tendencial y repetida”, dice el informe. Además, se detectan casos de gastos ejecutados sin cobertura contractual, algo grave en términos de legalidad y transparencia.

El caso de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

En el caso de la ULPGC, el porcentaje de mujeres en el Consejo de Gobierno sigue por debajo del mínimo legal, situándose en un 37,7 %. Además, la universidad carece de un plan anual de control interno, de un manual de procedimientos económico‑financieros y de un sistema de gestión de riesgos, al igual que la ULL. La institución llegó a suspender durante cinco meses la función interventora por dificultades para cubrir la plaza, y la memoria anual del Servicio de Control Interno o el plan de auditoría de 2024 no se completaron ni aprobaron tal y como exige la normativa.

A esto se suman discrepancias en cuanto a la información presupuestaria -como diferencias en los ingresos por matrículas o la falta de detalle sobre remanentes afectados-. Al igual que en la ULL, también las cuentas anuales de 2024 fueron presentadas y aprobadas fuera de plazo, tanto por la Universidad como por sus fundaciones y sociedades dependientes. En materia de contratación pública, el informe detecta fallos reiterados: inexistencia de un Plan Anual de Contratación, expedientes incompletos, contratos menores que exceden los límites permitidos o ausencia de datos esenciales como el IGIC.

Además, siempre según el informe, la ULPGC no dispone de un inventario patrimonial completo y conciliado de sus bienes, lo que "impide un control fiable de su patrimonio". En conjunto, los incumplimientos se extienden también a las fundaciones vinculadas -Parque Científico Tecnológico o Lucio de las Casas—, cuyas cuentas fueron formuladas, aprobadas o rendidas fuera de plazo y sin ajustarse a los procedimientos legales establecidos. La ULPGC tiene un 24 % de profesorado contratado temporal: tres veces más del máximo permitido (8 %), según el informe.

La respuesta de la ULPG

Ambas universidades han presentado alegaciones al informe de la Audiencia de Cuentas. Además, han hecho un esfuerzo por solventar muchas de estas deficiencias a lo largo de 2025. Desde la ULPG explican que es cierto que durante unos meses nadie cubrió el control interno, porque el funcionario se marchó en cuestión de cinco días y la plaza quedó desierta. Además, ya disponen de un Plan Anual de Control Interno. Con respecto al personal temporal, -tres veces el máximo permitido-, dicen que se trata de profesiones que están a tiempo parcial, cubriendo algunas horas, y no forman parte del personal estructural, por lo que, a juicio de la institución, no se produce el incumplimiento legal.

Reconocen también cuatro nulidades de contrato, obligados por las circunstancias, explican a la SER. Reconocen también que no existe inventario de los centros, de los edificios, pero si de los materiales. También reconocen que hay contratos que superan el contrato legal que fueron solventados y se ha aprobado el Plan Estratégico de Subvenciones. Finalmente, explican, el extracto de un contrato de más de 500.000 euros que no figura fue, simplemente, un despiste a la hora de tramitar la documentación.

La respuesta de la ULL

La Universidad de La Laguna defiende que varias de las observaciones incluidas en el informe de la Audiencia de Cuentas no tienen un carácter grave ni afectan a la legalidad de la gestión. Explican a la SER que el inventario patrimonial cuestionado "es un documento extracontable ya conciliado con la contabilidad financiera y que las inconsistencias detectadas provienen de bienes muy antiguos, mientras que el inmovilizado actual está totalmente etiquetado y controlado". Sobre la brecha de género, señalan que el 39,3 % de presencia femenina en órganos colegiados supone apenas un punto por debajo del mínimo legal y que será subsanado de inmediato.

También consideran razonable el 10 % de temporalidad en el profesorado -dos puntos por encima del límite- dado que la normativa permite adaptarse hasta 2028 y que parte de esas contrataciones responden a figuras docentes con duración prolongada. En cuanto a la baja ejecución del capítulo de inversiones, subraya que la mayoría corresponde a proyectos de investigación con financiación afectada que se ejecutan más allá del cierre del ejercicio, por lo que el porcentaje no refleja el gasto realmente comprometido.

Finalmente, añade nque los casos de gastos sin contrato se limitan a contratos menores cuya publicación en transparencia ya está automatizada, y rechazan que existan problemas en la trazabilidad de las matrículas, asegurando que la ULL dispone de sistemas informáticos fiables y que nunca recibieron la petición concreta de datos que reclama la Audiencia de Cuentas. Con todo, insisten en que la opinión general del informe es favorable y que las salvedades señaladas forman parte de una hoja de ruta de mejoras ya en marcha.