El alcalde de Arrecife defiende que fue él quien provocó la investigación de las multas

Arrecife

Mientras continúa la investigación de Fiscalía sobre la anulación de multas de tráfico en el Ayuntamiento de Arrecife, el alcalde, Yonathan de León, ha asegurado este viernes que fue él quien la provocó tras tener conocimiento, "en el mes de septiembre aproximadamente" de que podía existir una "posible irregularidad en la tramitación de las multas".

De León ha explicado que tras tener conocimiento de esa posibilidad, firmó una providencia ordenando la apertura de un informe de "diligencia reservada", en la que solicitó a los departamentos de la Policía Local e infracciones, así como a la empresa adjudicataria del aplicativo de multas "que se hagan informes al respecto de la tramitación de esas multas".

Añade el alcalde que en los informes se detectó que habían sido anuladas más de 2.000 multas por una cuantía superior a 500.000 euros, correspondientes a "diferentes mandatos, contando desde el 2017 aproximadamente, 2016 hasta el día de hoy".

Yonathan de León afirma que puso toda la documentación en conocimiento de la Asesoría Jurídica y esta lo trasladó a la Fiscalía, quien considera que puede haber "una posible malversación de caudales públicos y se querella contra los funcionarios públicos y yo evidentemente tendré que ir también como testigo porque he sido el que ha alertado a la propia Fiscalía de lo que estaba sucediendo".

Fiscalía reitera que fue la Policía quien detectó las irregularidades

La Policía Local de Arrecife (Lanzarote) detectó y denunció las irregularidades en la gestión de las multas de tráfico en la ciudad que han llevado a la Fiscalía a querellarse contra siete trabajadores del Ayuntamiento a los que acusa de revocar ilegalmente sanciones que suman 575.000 euros.

Así lo corrobora un escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso EFE, por el que se pone en conocimiento del Decanato de los Juzgados de la capital de Lanzarote los presuntos delitos cometidos para que se abran diligencias penales de investigación.

El fiscal Fernando Rodríguez Navarro considera que los hechos podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos al haber dejado de ingresar el Ayuntamiento 575.583 euros e, incluso, falsedad en documento público si las anotaciones en el sistema informático para justificar la anulación de los expedientes no responden a la realidad.

Los siete querellados por el fiscal son Á.B.C., A.G.D., I.B.Q., J.N.P., M.V.C.F., Y.L.G.V. y F.G.R.R., este último ya jubilado, que perteneció a la plantilla de la Policía Local.

Las anulaciones podrían haber sido realizadas, según el escrito de Fiscalía, por esos siete funcionarios contra los que se querella. En numerosos casos, no hay soporte documental que justifique anular esas sanciones, ya que hace falta tramitar un procedimiento administrativo que incluya una resolución expresa dictada por la Alcaldía. En muchos casos, según la Fiscalía, para anular la multa se utiliza la expresión "por orden directa del alcalde", por lo que De León deberá declarar como testigo "a fin de esclarecer esta circunstancia".