La detención de un médico por agredir sexualmente a once mujeres descubre brechas de seguridad en la sanidad pública

Santa Cruz de Tenerife

La entrada en prisión provisional de un médico de Atención Primaria en Gran Canaria por presuntamente haber agredido sexualmente a 11 mujeres deja al descubierto las brechas de seguridad en la sanidad pública. El hombre ya había sido detenido el pasado 3 de febrero tras ser denunciado por tres mujeres que aseguraron sufrir tocamientos. Se dictó una orden de alejamiento y quedó en libertad. Sin embargo, la Policía Nacional logró localizar a otras supuestas víctimas, por lo que volvió a ser arrestado el pasado martes. Además del ingreso en la cárcel, la autoridad judicial ha acordado inhabilitarle cautelarmente para el ejercicio de la profesión médica según ha informado la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Según ha adelantado la Agencia EFE, el sanitario ya había sido detenido por hechos similares, incluso condenado, en el pasado. Además, se da la circunstancia de que el mismo mes de febrero de este año fue absuelto en un juicio por otra acusación de agresión sexual. La Consejería de Sanidad ha confirmado a la SER que no tuvo constancia de que existieran antecedentes cuando lo contrató de manera temporal. Además, sostienen que fue suspendido de empleo y sueldo cuando conocieron las denuncias por las que ahora se encuentra en prisión provisional. Al haber finalizado el contrato, ya no está vinculado al Servicio Canario de la Salud.

La gerente de Atención Primaria de Gran Canaria, Alicia González, ha detallado la forma de proceder en estos casos. Sí se solicita un certificado para constatar que no existan delitos sexuales ni de trata. En el caso de los profesionales de Atención Primaria, y dado que todos son susceptibles de estar en contacto con menores, se requiere a toda la plantilla. "No pueden entrar en la lista de trabajo si no lo presentan". Sin embargo, la laguna está en cómo y cuándo se actualizan los documentos. "Según la normativa, mientras no haya indicios en contra, sigue vigente. Desde que la Fiscalía o la Policía comunican algo se vuelve a pedir", ha señalado González.

Los límites entre la seguridad y la intimidad

El caso de este médico de Telde ha abierto también el debate sobre la conveniencia o no de instalar cámaras en los espacios, sobre los límites entre la seguridad y la intimidad. Es una medida en la que insiste la Asociación El Defensor del Paciente desde hace años asegurando que es la única forma de prevenir. "Hay que poner cámaras para evitarlo. No atentan contra ninguna intimidad porque la primera denuncia que pueda haber va a un juez, no lo va a haber nadie más", según su portavoz Carmen Flores que, de instalarse estos medios tecnológicos, explica que debería informarse a los usuarios.

La gerente de Atención Primaria, por su parte, cree que deben ser los servicios jurídicos los que determinen si es una medida viable. En su experiencia, ha relatado que se realizan videograbaciones a nivel de tutorización cuando hay en los centros residentes en formación. "Nunca se puede grabar la exploración del paciente. Tenemos que avisar, poner cartelería fuera". González añade que actualmente solo tienen a disposición un mecanismo para detectar posibles conductas indebidas: las reclamaciones. "Las lee el director del centro de salud en el día y, si ve indicios, nos lo transmite directamente. Leemos reclamación con la asesoría jurídica y abrimos un expediente disciplinario. Distanciamos al sanitario de la asistencia, lo ponemos en su casa para preservar la seguridad de los usuarios". Cuando se observan indicios delictivos, estos son puestos en conocimiento de la Fiscalía.