Canarias, al límite de residuos: “Si no hay más capacidad de vertido, tendremos que quedarnos con la basura en casa”

Las Palmas de Gran Canaria

La gestión de residuos en Canarias ha entrado en una fase crítica marcada por el crecimiento económico, la presión turística y la falta de planificación a largo plazo. Cada residente genera al año 572 kilos de basura (INE 2023), una cifra que sitúa al archipiélago solo por detrás de Baleares y que evidencia un modelo cada vez más tensionado. En este contexto, Carlos Medina, decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Canarias Oriental, advierte de que la situación está al límite: “no hay más capacidad de vertido y la presión sobre los complejos ambientales no deja de aumentar”.

El diagnóstico es tan claro como preocupante. Canarias genera en torno a 1,2 millones de toneladas de residuos al año, pero la mayor parte acaba enterrada. “Estamos en el entorno de 1,2 millones de toneladas aproximadamente… pero un millón acaba en el vertedero. Es decir, material no recuperado o no valorizado”, explica. Esta dependencia del vertido, en un territorio limitado y fragmentado como el insular, convierte el problema en estructural. La falta de espacio ya no es una amenaza futura, sino una realidad inmediata: “Si no hay más capacidad de vertido, pues tenemos que quedarnos todos con los residuos en casa, porque no habrá donde verterlos”.

"Cuanto mejor va la economía, más residuos se generan”

La relación entre desarrollo económico y generación de residuos agrava aún más el escenario. “Hay una relación lineal clara entre el PIB y las toneladas de residuos… cuanto mejor va la economía, más residuos se generan”, señala Medina. Es decir, el crecimiento no solo no corrige el problema, sino que lo intensifica si no va acompañado de cambios profundos en la gestión y en los hábitos de consumo.

A esta situación se suma la falta de planificación territorial y ambiental. “Vivimos en islas con unos planeamientos bastante mal ejecutados… y tenemos un territorio pequeño, pues los espacios se nos van acabando”, afirma. La consecuencia es una red de infraestructuras insuficiente, tensionada y sin margen de maniobra a corto plazo. Además, el archipiélago arrastra otros desafíos relevantes, como el cierre de vertederos ilegales, una cuestión que sigue muy de cerca la Unión Europea y que podría derivar en sanciones si no se corrige.

En este contexto límite, Medina defiende la necesidad de incorporar nuevas herramientas al sistema, entre ellas la incineración. “No es una alternativa, es una etapa adicional… antes de llevarlo al vertedero habría que dar una vuelta, que es la valorización energética”, explica. Su principal ventaja es la reducción del volumen de residuos, lo que aliviaría la presión sobre los vertederos: “La incineración reduce el volumen… no tendrías necesidad de tener tanto espacio para el vertido”. No obstante, reconoce que se trata de una actividad con impacto ambiental: “Es una actividad potencialmente contaminadora… pero hay normativa europea que limita las emisiones”, por lo que insiste en que los procesos deben ser extremadamente estrictos para minimizar la contaminación.

El 83% de los residuos se deposita mezclado y solo el 17% se separa en origen

Más allá del tratamiento final, el sistema también falla en la base: la separación y el reciclaje. Los datos son contundentes: el 83% de los residuos se deposita mezclado y solo el 17% se separa en origen (INE 2023). Esta baja eficiencia condiciona todo el proceso posterior, ya que dificulta la recuperación de materiales y aumenta el volumen que termina en vertedero. Para el decano, parte del problema radica en la gestión local: “Los objetivos no se han cumplido fundamentalmente por pereza de los ayuntamientos”. Y plantea una solución directa: “Si queremos recuperar materiales, hay que duplicar el número de contenedores amarillos”, recordando casos como el de Balsequillo, donde la mejora en la recogida fue inmediata tras aumentar los puntos de depósito.

El incumplimiento de los objetivos europeos ha llevado a España a dar un paso más. A partir de noviembre, será obligatorio implantar un sistema de depósito, devolución y retorno para envases de plástico, briks y latas. Este modelo implica que los consumidores paguen un pequeño importe adicional al comprar bebidas, que recuperan al devolver el envase en puntos habilitados o máquinas específicas. La medida responde al fracaso en la recogida: en 2023 debía recuperarse el 70% de estos envases, pero una evaluación del Ministerio para la Transición Ecológica publicada en noviembre de 2024 situó la cifra en apenas un 41%.

Aunque el impacto para el consumidor será limitado, ya que “el consumidor no debería verse afectado… el coste ya está incluido en el producto”, el reto recaerá en las empresas de distribución, que deberán adaptarse a nuevas exigencias logísticas. “El problema será para las empresas… tendrán que tener logística y espacio para almacenar esos residuos”, advierte Medina, señalando directamente a supermercados y grandes superficies.

En conjunto, Canarias se enfrenta a un problema complejo que combina limitaciones físicas, déficits de gestión y presión económica. La advertencia del decano es clara y directa: “Nos hace falta espacio para los vertidos que no tenemos, básicamente”. Una frase que resume la urgencia de actuar y la necesidad de replantear, sin demora, todo el modelo de gestión de residuos en el archipiélago.