Los afectados por la Ley de Costas vuelven a la mesa mientras Canarias planta cara al Estado

Las Palmas de Gran Canaria

La batalla por el litoral canario vuelve a coger impulso político e institucional. El próximo miércoles 29 de abril, el Gobierno de Canarias volverá a sentarse en la Comisión Mixta de Afectados por la Ley de Costas en una reunión clave dentro del proceso de elaboración de la futura Ley Canaria del Litoral, una norma con la que el Ejecutivo canario pretende adaptar la gestión costera a la realidad insular y reforzar sus competencias frente al Estado. La cita se enmarca en la consulta pública previa ya abierta por el Ejecutivo autonómico para redactar el anteproyecto legislativo. Sobre la mesa habrá dos reclamaciones que llevan años sin resolverse: la protección de los núcleos costeros tradicionales amenazados por expedientes estatales y la exigencia de una mayor capacidad de decisión de Canarias sobre su franja litoral.

Antonio Acosta: “La ley estatal no recoge las singularidades del litoral canario”

El director general de Costas y Gestión del Espacio Marítimo del Gobierno canario, Antonio Acosta, defiende que la comunidad autónoma necesita una legislación propia porque la Ley estatal de Costas de 1988 ha quedado “desfasada” y no responde a las particularidades territoriales, sociales y económicas del Archipiélago.

“La necesidad de una ley canaria viene impulsada por una ley estatal que no recoge las singularidades autonómicas”, sostiene Acosta, que insiste en que el actual marco jurídico tampoco se adapta ni al cambio climático ni a la configuración física de unas islas donde la relación entre población, actividad económica y costa es mucho más intensa que en otros puntos del país.

No es la primera vez que el Ejecutivo canario verbaliza esa estrategia. Desde febrero viene defendiendo públicamente que la futura norma servirá para “adaptar la legislación básica estatal a las singularidades territoriales, ambientales y socioeconómicas de Canarias” y dotar a las Islas de un instrumento jurídico propio para gestionar su litoral.

Una reunión con los afectados antes de redactar el borrador

La cita del día 29 servirá, según explica Acosta, para trasladar a los colectivos cuál es la hoja de ruta del Gobierno y escuchar sus aportaciones antes de empezar a redactar el borrador formal de la ley. “Va a ser una reunión para darle un poco traslado de que estamos redactando la ley, para escucharlos a ellos”, explica.

El Ejecutivo defiende así una fase inicial de participación pública en la que ya ha abierto conversaciones con ayuntamientos, cabildos y colectivos ciudadanos afectados por la normativa estatal.

La Comisión Mixta, además, no es un órgano nuevo. Fue creada años atrás para canalizar las demandas vecinales, aunque ahora el Gobierno autonómico la reactiva con la intención de incorporarla al proceso legislativo.

José Luis Langa: “Llevo 30 años esperando una solución”

Pero entre los afectados la cautela pesa más que el optimismo. José Luis Langa, portavoz histórico de la plataforma y veterano en esta reivindicación, reconoce que afronta la reunión con escepticismo tras décadas de promesas incumplidas. “Yo lo que espero es lo que vengo esperando hace 30 años”, afirma.

Langa recuerda que los vecinos de numerosos enclaves costeros de Canarias llevan décadas reclamando una salida para viviendas tradicionales, casetas y núcleos pesqueros que quedaron dentro del dominio público marítimo-terrestre tras la aplicación de la Ley estatal. “Canarias es la comunidad más afectada por la Ley de Costas”, sostiene, al entender que la norma ha golpeado especialmente a poblaciones históricas ligadas al mar y a actividades tradicionales como la pesca.

Su lectura es clara, y es que mientras no cambie la ley nacional, los tribunales seguirán aplicando el mismo marco y los expedientes continuarán abiertos.

La plataforma mueve ficha también en Madrid y pide apoyo al PSOE

Langa ha solicitado además un encuentro con el Partido Socialista de Canarias el martes 28 de abril, un día antes de la Comisión Mixta, para pedir que el PSOE canario medie ante el Gobierno central y ayude a desbloquear en el Congreso una proposición de modificación de la Ley estatal de Costas, actualmente paralizada en la Mesa de la Cámara, según denuncian los afectados.

De forma paralela, el Grupo Popular también ha registrado en el Parlamento de Canarias una proposición no de ley para buscar protección específica a los núcleos costeros tradicionales del Archipiélago, en pleno debate sobre los derribos y concesiones administrativas que siguen afectando a distintos municipios isleños.

El Gobierno canario avisa: si no hay diálogo, puede haber choque judicial

La otra gran derivada del proceso es el pulso competencial con el Estado. Antonio Acosta sostiene que el Estatuto de Autonomía reconoce a Canarias un marco de competencias más amplio del que realmente está pudiendo ejercer y acusa a la Administración central de mantener una gestión excesivamente centralizada del litoral. “Para dialogar tienen que querer dos”, lamenta.

Aunque mantiene que la prioridad debe ser el entendimiento institucional, el director general no descarta que la nueva ley pueda terminar en un nuevo conflicto jurídico si Madrid no acepta esa reinterpretación competencial.

“Puede pasar como ha pasado con otras leyes, que acabemos en los tribunales dependiendo de la voluntad del Estado”, advierte. La advertencia no es menor, porque el Gobierno asume que esta futura Ley Canaria del Litoral no solo será una norma de ordenación territorial, sino también una declaración política sobre quién decide realmente qué ocurre en la costa de las Islas.

Una vieja reclamación que vuelve a abrirse

Con este nuevo calendario de reuniones, Canarias vuelve a reabrir un conflicto enquistado desde hace décadas. El Ejecutivo busca vender una ley propia como herramienta de adaptación territorial y seguridad jurídica. Los afectados, mientras tanto, exigen hechos tras años de mesas, informes y anuncios.

Entre ambas posturas late la misma conclusión: el problema de la Ley de Costas sigue lejos de cerrarse.