Sobre el destino de los emigrantes

Santa Cruz de Tenerife

La decisión de Europa de endurecer su política migratoria no es algo nuevo, sino la culminación de un proceso largo y casi inevitable, que arranca con la crisis de refugiados de 2015 y se consolida en cada proceso electoral de los países miembros, cuando el odio y el miedo a los otros ganan terreno al principio de solidaridad que inspiró el nacimiento de la Unión. Europa no quiere ya más migrantes. O, al menos, no quiere que se vean. Y para eso ha diseñado un sistema que desplaza la presión hacia sus márgenes geográficos: Grecia, Italia, Malta… y en la frontera del Atlántico medio, por supuesto, nosotros: Canarias. Los mecanismos que definen y articulan el pacto son sofisticados y complejos, pero la idea es desgraciadamente muy simple: a quien intenta entrar en Europa sin autorización, si se puede se le deja esperando en la frontera, en campos de internamiento preparados ex profeso para retener a miles de personas, durante semanas, o incluso durante meses si es necesario. Allí se les procesa, se les clasifica, se les devuelve a su país o se les redistribuye… si hay voluntad política de hacerlo. Y si no, se paga por mantenerlos fuera. Literalmente.

Pagar es la fórmula que permite a los Estados eludir la acogida mediante compensaciones económicas a los países que se queden con los emigrantes. En ese contexto, cuando Fernando Clavijo dice que lo que la Unión pretende es que los migrantes queden recluidos en territorios limítrofes para que no molesten a los países ricos por sus calles, no exagera en absoluto. Su crítica a la nueva política comunitaria es una descripción más que ajustada.