Santander

La Cadena SER ha tenido acceso al autor de la Jueza Mercedes Compostizo en el que ordena el ingreso en prisión comunicada y sin fianza de Miguel Ángel Díez, jefe de Servicio de Carreteras Autonómicas del Gobierno de Cantabria.

Un auto en el que se pone de manifiesto la trama que este alto funcionario dirigía desde la Consejería Obras Públicas. Él era quien coordinaba a las empresas involucradas para que estas se repartiesen los diferentes lotes del contrato más importante que adjudica periódicamente el Servicio de Carreteras: el de conservación y mantenimiento.

La investigación desarrollada por la Policía y la Agencia Tributaria ha permitido comprobar cómo el jefe de Servicio estaba repartiendo entre al menos dos de las empresas implicadas los lotes del contrato de conservación que debe licitarse y adjudicarse este año 2023.

Un funcionario en cuyas cuentas hubo un volumen de entrada de casi 3 millones de euros en 2022.

Penas de hasta 6 años por cada delito

La titular del Juzgado de Instrucción Número 5 de Santander acusa al jefe de Servicio de Carreteras Autonómicas de 5 delitos: los de cohecho, fraude en la contratación pública, blanqueo de capitales, prevaricación y falsedad documental. Solo por los tres primeros delitos, el acusado podría enfrentarse a una pena de 6 años de cárcel por cada uno de ellos.

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La Cadena SER ha accedido a los fundamentos jurídicos por los que Mercedes Compostizo enviaba ayer a prisión al funcionario que presuntamente dirigía esta trama desde hace como mínimo 10 años.

La trama orgzanizada

Trama que probarían las investigaciones realizadas por la Policía Nacional y la Agencia Tributaria a partir de movimientos bancarios, documentarión incautada y escuchas telefónicas.

Según el auto, Miguel Ángel Díez se valía de su condición de jefe del Servicio de Carreteras Autonómicas para repartir entre las empresas implicadas los lotes en los que se divide el contrato de mantenimiento y conservación de carreteras del Gobierno de Cantabria. Contrato que este año 2023 cuenta con un presupuesto de 16 millones de euros.

El jefe de Servicio y al menos tres empresarios se estarían poniendo de acuerdo para que estos obtuviesen, de manera fraudulenta, licitaciones públicas, con las que obtendrían un beneficio económico. Una actividad, dice el auto judicial al que ha tenido acceso la Cadena SER, que no tendría un carácter puntual, sino que se habría estado desarrollando de manera sostenida en el tiempo.

Tanto es así que son al menos 9 los expedientes licitados por la Consejería de Obras Públicas en los que el investigado habría desplegado su actividad delicitiva.

Como favorecía a las empresas

En el auto se explica cómo favorecía este jefe de Servicio a las empresas implicadas, que son La Encina, Cannor obras y servicios (perteneciente también al grupo La Encina), Rucecan y Api Movilidad.

Miguel Ángel Díez lo controlaba todo, de ahí que en una de las conversaciones intervenidas, uno de los empresarios parece referirse a él como "el capitán". Coordinaba a los licitadores de tal forma que estos se repartían los distintos lotes de una determinada licitación. Lo hacían siendo competitivos únicamente en uno de los lotes y comprometiéndose a que en caso de que su empresa acabase ganando uno de los lotes que no le correspondían según lo pactado, renunciaba al mismo.

El jefe del Servicio ponía en contacto a las diferentes empresas y las animaba a que llegaran a un acuerdo, y no solamente en el reparto de los lotes, sino también en la compra de material entre ellos. Él mismo mostraba a una empresa su preferencia por que comprase material a otra de las empresas implicadas, a cambio de que está última no pelease por ese lote.

La jueza también refleja cómo este funcionario maniobraba, por ejemplo, para modificar precios con posterioridad a la asignación de un contrato.

Conversaciones grabadas

En el auto también se refleja cómo son numerosas las conversaciones telefónicas que corroboran todos los indicios que se recogen en el sumario de esta causa. Conversaciones grabadas gracias a la intervención del teléfono móvil del jefe de Servicio y, una de ellas, es muy reciente.

Una de las llamadas de esa conversación fue grabada el 10 de noviembre del año pasado, hace poco más de tres meses por tanto. Lo ponemos en contexto: el jefe de Servicio de Carreteras habla en diferentes ocasiones con José Sáiz, administrador de La Encina y de Cannor, y con Secundino Vidal, administrador de Rucecan. Y el objeto de la conversación es el reparto de los cuatro lotes del contrato de conservación y mantenimiento de carreteras que debe materializase este mismo año 2023.

El cabecilla de esta trama trata de coordinar a ambos empresarios para que se reúnan y lleguen a un acuerdo para establecer una relación comercial, que consiste en lo siguiente.

La Encina se compromete a renunciar si resultase adjudicatario de determinados lotes en favor de Rucecan. A cambio, La Encina conseguiría hacerse con dos de los cuatro lotes en que se reparte este contrato, el oriental y el sur.

Rucecan se llevaría los lotes occidental y centro y obtendría también que La Encina le dejase la materia prima a buen precio.

Tras varias llamadas iniciales, la policía comprueba que se producen reuniones entre los dos empresarios y varias conversaciones telefónicas en las que el jefe de Servicio explica que el dueño de La Encina hará lo que él le diga.

Lo que conseguía el jefe de Servicio

Hay novedades muy relevantes. La primera de ellas es que, en 2022, el jefe de Servicio de Carreteras Autonómicas ingresó 69.160,76 euros como alto funcionario del Gobierno de Cantabria. Pero es que en ese mismo ejercicio tuvo un volumen de entrada en sus cuentas bancarias de casi tres millones de euros, en concreto 2.829.268,30 euros.

Además, figuran una cuenta bancaria abierta en Luxemburgo y operaciones con fondos de inversión a través de Bankinter con un importe total de adquisición y enajenación de más de 772.000 euros.

Los pagos ilíticos de las empresas a este funcionario se realizaban a través de una sociedad familiar denominada Parivara Lagani. Sociedad cuya administradora única es su mujer y en la que figuran como socias las dos hijas del matrionio. La sociedad tiene como lugar declarado de actividad el domicilio familiar, situado en la Avenida del Stadium de Santander, en el Sardinero.

Sociedad en la que, entre 2020 y 2022, entraron más de 500.000 euros procedentes de las empresas implicadas. La cantidad se justificaba con la realización de fotocopias, aunque la policía ha comprobado que no ha habido ningún tipo de gasto asociado a dicha actividad: ni compra de maquinaria para hacer las fotocopias, ni alquiler, gastos de personal, suministros o telefonía.

A esta cantidad que las empresas habrían ingresado en la sociedad familiar habría que añadir los 530.000 euros encontrados en una caja fuerte del domicilio familiar y el vehículo de alta gama que usaba el funcionario y cuyo renting corría a cargo de la empresa Api Movilidad.

En su conjunto, el auto de la juez estima en 1.398.930,18 euros los fondos obtenidos de manera ilícita por la familia del jefe de Servicio entre 2019 y 2022.

Su esposa estaba a sueldo de La Encina

La esposa del líder de esta trama, Beatríz del Río, estaba contratada por La Encina como asalariada. Cobró entre 2019 y 2022 más de 70.000 euros, pero la Policía ha comprobado que no desempeñó actividad laboral alguna y que, de hecho, ni siquiera acudía a las instalaciones de la empresa.

La investigación sigue en marcha, a pesar de haberse levantado el secreto del sumario y no se descartan más detenciones.

Anotaciones manuscritas

Entre esa documentación llama la atención la intervenida en La Encina. Documentación, dice el auto de la jueza, "emitida" por el centro de jardinería y "dirigida a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda", que contenía diversas "anotaciones manuscritas" y apuntes relativos a cantidades abonadas al jefe de servicio presuntamente por el administrador de la sociedad, José Sáiz.

La titular del Juzgado de Instrucción Número 5 de Santander apunta a "solidos indicios de comisión delectiva" para ordenar su ingreso en prisión sin fianza, ya que, añade, existe un "importantísimo peligro de fuga y de que el detenido intente eludir la acción de la justicia", prosigue, !máxime atendida su importante capacidad económica y su condición de titular de cuentas bancarias en el extranjero".