Sociedad

STEC acusa a Vox de "atacar" a la enseñanza pública al pedir el pin parental en Cantabria

La organización ha puesto este asunto en manos de sus servicios jurídicos, de cara a analizar las posibles actuaciones contra "agresiones que perjudican a los enseñantes y alteraran la convivencia en las aulas"

Niños entrando en su colegio. / Ángeles Visdómine EFE

Santander

El Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Cantabria (STEC) ha acusado a Vox de "atacar" a la enseñanza pública "por estar al servicio de los negocios educativos privados" tras haber presentado este grupo parlamentario una proposición no del ley (PNL) para implantar el pin parental en la comunidad.

Una medida que, a juicio del sindicato, pretende "imponer la censura en las aulas, retirar libros y otros materiales educativos". Además, según STEC, Vox "incluso señala a determinados centros por hacer bien su trabajo, lo que resulta intolerable".

De hecho, la organización ha puesto este asunto en manos de sus servicios jurídicos, de cara a analizar las posibles actuaciones contra "agresiones tan irresponsables que no solamente perjudican a los enseñantes sino que pueden alterar la normal convivencia de la comunidad educativa".

En un comunicado, el sindicato mayoritario del sector ha recordado que en 2020 se rechazó otra iniciativa "censora" similar, en el Parlamento y en las aulas, impulsando la campaña 'Educa en libertad', en la que se explicaba cómo la normativa vigente salvaguarda la autonomía del profesorado y define un sistema educativo integral "para la formación de sociedades justas, democráticas, diversas".

"Es esta libertad y diversidad que representa la docencia pública, a la que se accede por pruebas públicas y que se desarrolla en marcos establecidos democráticamente por las cámaras representativas, lo que la convierte en objetivo de minorías integristas que quieren enseñantes elegidos a dedo con criterios personales y contenidos arbitrarios que reproduzcan al dedillo la ideología de sus progenitores", ha sostenido STEC.

Para el sindicato, lo que "ataca" Vox es la concreción de los acuerdos internacionales en materia educativa, la aplicación de la legislación, así como la materialización de los currículos estatal y autonómico, que se concretan en las programaciones didácticas que realiza el profesorado a comienzo de curso y que ya se revisan anualmente, tanto por los órganos colegiados y de coordinación de los centros docentes, como por el Servicio de Inspección Educativa de la Consejería de Educación.

"¿Qué tipo de gente es la que quiere censurar la educación afectivo-sexual, que ayuda a los jóvenes a saber identificar y actuar ante un caso de abuso sexual? ¿Qué tipo de sociedad persiguen quienes querrían censurar la educación en valores y respeto a los derechos humanos?", se ha preguntado el sindicato, que ha subrayado que ya existen "los debidos mecanismos de control, revisión y mejora de lo que se enseña en las aulas".

"Pretender ahora, como hacen estos ultras, que la educación se someta a una aprobación previa y expresa de cada padre o madre en particular (una censura parental preventiva) es un delirio grotesco: malo en su esencia porque convierte a los docentes en un colectivo sospechoso, indeseable porque el alumnado tiene derecho a conocer más realidades, e irrealizable en la práctica porque paralizaría el proceso de enseñanza-aprendizaje al quedar condicionada cada sesión a la opinión de todos y cada uno de los distintos progenitores", ha denunciado STEC.

Para el sindicato, lo que "realmente busca" la "ridícula" PNL de Vox es "socavar la imagen de la educación pública, pero el posicionamiento sistemático de un partido como Vox al servicio de los negocios educativos privados solo consigue el efecto contrario".

En este sentido, ha denunciado que el 76% de los centros privados concertados siguen cobrando cuotas obligatorias a las familias, pese a que la legislación lo prohíbe.

Por ello, el STEC ha realizado un llamamiento a la sociedad cántabra "a cerrar filas en defensa de la educación pública", y a "aislar estos discursos intoxicadores y liberticidas contra el colectivo profesional docente".

A su vez, ha solicitado a los grupos parlamentarios "democráticos" que tomen medidas de "control efectivo del cobro de cuotas ilegales" en los centros privados concertados, "que constituyen una competencia desleal, por su doble financiación, para la educación de todos".

 
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