La Consejería de Educación no se pronunciará sobre los casos de abusos sexuales en colegios de la Iglesia en Cantabria hasta tener el informe del Defensor del Pueblo

Santander

La Consejería de Educación no tenía constancia de los casos de abusos sexuales en la Iglesia católica registrados en Cantabria que ha revelado el informe del Defensor del Pueblo. Fuentes consultadas por la Cadena SER en Cantabria han avanzado que el departamento que dirige Sergio Silva esperará a tener en su poder el documento para pronunciarse sobre el mismo. Por su parte, el Obispado de Santander se remite a lo dicho por la Conferencia Episcopal. En este sentido, apuntan "que el informe del Defensor del pueblo presentado ayer, habla de 487 víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia. Por ello, la cifra de 440.000 víctimas en España no la ha dado el Defensor del Pueblo ni sale en el estudio demoscópico de Gad3". La respuesta de la Conferencia Episcopal añade que "de aceptarse esa extrapolación habría que aceptar también que 4.5 millones de españoles sufrieron abusos sexuales en la infancia". Por otra parte, considera que "abordar solo las víctimas de abusos sexuales de la iglesia y olvidar a las otras víctimas, es crear víctimas de primera y de segunda". Por último, la respuesta, remitida a nivel nacional concluye que "la Iglesia católica en España, ha pedido perdón por los abusos; ha creado más de 200 oficinas de acogida a las víctimas; y ha hecho numerosas modificaciones en su ordenamiento para proteger a las víctimas, sancionar a los victimarios y formar para prevenir los abusos en el presente y en el futuro".

Datos del informe

Según el informe publicado este viernes, 27 de octubre, por el Defensor del Pueblo, un total de once centros e instituciones de Cantabria han registrado casos de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica en poco más de un año, entre julio de 2022 y octubre de 2023.

Entre ellos hay cinco colegios y un instituto: el colegio Escolapios Calasanz, La Salle, el Salesiano María Auxiliadora y San Agustín, en Santander, el Escolapio Calasanz de Villacarriedo y el IES José María Pereda, también en la capital.

A estos se suman la Casa Parroquial de Mataporquera, el centro de Acogida Residencial de Torrelavega, el Grupo Scout Alba Lis del Colegio Salesiano de Santander, el Seminario Mayor de Comillas y el Seminario Menor Ontaneda.

Estos datos forman parte del 'Informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos', elaborado a raíz de una encuesta de GAD3 encargada por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ante la petición que le trasladó el Congreso de los Diputados hace año y medio.

Este documento recoge la localización de los abusos sexuales en el ámbito de la iglesia católica que han sido comunicados al Defensor del Pueblo durante el periodo de recogida de información citado, incluyendo todos los casos reportados sin descartar ninguna alegación, y siendo indiferente si estaban comunicados o no a la justicia civil o canónica o si estaban prescritos, archivados o resueltos.

Las fuentes de información de las que se recogen los datos son personas entrevistadas por la Unidad de Atención a Víctimas, respuestas recibidas de los obispados, arzobispados y superiores de instituciones de vida consagrada y cuatro dosieres entregados por el periódico El País.

El Defensor del Pueblo ha entregado este viernes a la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, este informe que refleja que, a nivel nacional, un 0,6% de la población española mayor de 18 años, es decir, unas 236.000 personas, ha sufrido abusos sexuales en la Iglesia por parte de algún sacerdote o religioso.

En total, un 1,13% de los encuestados asegura que la agresión se registró en el ámbito religioso, lo que elevaría la cifra a unas 445.000 personas, teniendo en cuenta que en España hay 39.415.017 personas de 18 y más años, según el último dato del INE disponible facilitado a Europa Press.

La encuesta demoscópica, encargada por el Defensor del Pueblo siguiendo el proceso de licitación de la Administración, contempla una muestra metodológica y numérica significativa de la población española (8.013 personas) a partir de datos anonimizados recogidos por la Unidad de Atención a las Víctimas de la institución que han sido objeto de tratamiento estadístico y del análisis de las demandas y preocupaciones plasmadas en el Foro de las Asociaciones.

Esta revela, entre otras cosas, que el 11,7% de las personas entrevistadas afirman haber sufrido abusos sexuales, antes de cumplir 18 años, es decir, 4,6 millones de personas. De ellas, un 3,36% manifiesta que ese abuso se produjo en el ámbito familiar, es decir, 1,3 millones de personas.

Por otro lado, la encuesta muestra que un 72% de los encuestados consideraron que el abuso sexual infantil es un problema social muy grave y un 24,4% lo valoraron como bastante grave. Sin embargo, la mayor parte de las personas encuestadas consideró que no se están tomando las medidas adecuadas para reducir el problema.

En una rueda de prensa, Gabilondo ha explicado que un total de 487 víctimas, un 87% de ellas hombres, han denunciado abusos sexuales en la Iglesia ante la unidad de atención a víctimas de la comisión creada por la institución.

El Informe apunta que la respuesta de la Iglesia católica, al menos a nivel oficial, ha estado caracterizada "durante mucho tiempo" por "la negación o la minimización del problema".

En este sentido, señala que algunas víctimas han tenido que hacer frente no solo a la "negación y a la ocultación", sino incluso a "presiones" de representantes de la misma en las que "se les culpabilizaba de los abusos sufridos".

No obstante, al mismo tiempo, apunta que también se han detectado buena prácticas en la Iglesia y reconoce "el coraje institucional de quienes han optado por asumir la responsabilidad que corresponde a la institución por la victimización producida".

Por otra parte, también critica que los poderes públicos carecieron de procedimientos adecuados para prevenir, detectar y reaccionar frente a la comisión de abusos sexuales de menores en los centros escolares de la Iglesia católica en el pasado y señala que, solo muy recientemente, en el año 2021, se introdujeron mecanismos y procedimientos de prevención y detección para la totalidad de los centros educativos de titularidad pública o privada.

El Informe propone una veintena de recomendaciones concretas. Entre ellas, se encuentran la de celebrar un acto público de reconocimiento y reparación simbólica a las víctimas por el prolongado período de tiempo de desatención y de inactividad, en particular entre 1970 y 2020 o la creación de un fondo estatal para el pago de compensaciones a favor de las víctimas.