El Gobierno de Cantabria rechaza la amnistía, la ley "de las tres mentiras"
Así se ha pronunciado el consejero de Educación, Sergio Silva, en el Senado, en la Comisión General de las Comunidades Autónomas de la Cámara Alta
El consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva, interviene ante la Comisión General de las Comunidades Autónomas en el debate y, en su caso, aprobación del Informe acerca del contenido autonómico de la Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social de Cataluña 8 ABRIL 24 / SENADO
Santander
El consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades de Cantabria, Sergio Silva, ha expresado este lunes en el Senado la postura del Gobierno de la región (PP), que se opone "frontalmente" a la amnistía, "la ley de las tres mentiras".
Así se ha pronunciado Silva durante su intervención en la Comisión General de las Comunidades Autónomas de la Cámara Alta, que fue convocada por el Partido Popular para hablar sobre la proposición de ley de amnistía y a la que no ha asistido la presidenta cántabra, María José Sáenz de Buruaga, por coincidir con el Pleno del Parlamento regional.
En su lugar, el titular de la Consejería ha expresado la oposición de esta región a la medida, por no estar recogida en la Constitución Española y al pretender solo determinados beneficios a personas concretas, según ha dicho.
Silva ha negado que sea una ley de amnistía, que se busque con ella la normalización y tampoco la reconciliación, y cree en cambio que es una norma de "auto amnistía" o de "corte y confección", que ha comparado con hacerse "un traje a medida".
A ello se suma que la catalana no es una sociedad "anormal" y que no existe una "enemistad" previa entre esa comunidad y el país y viceversa, sino que forma "parte de un todo".
Por eso, y como ha manifestado con anterioridad Buruaga o el Parlamento autonómico en diferentes resoluciones, Silva ha reafirmado el 'no' de esta región a la amnistía y ha advertido que desde el Ejecutivo del PP actuarán "con toda la contundencia" que la normativa permita para defender a Cantabria y a España.
En este sentido, ha avisado que con esta iniciativa se "deslegitima" al Estado y a sus instituciones y se vulneran los principios de igualdad y solidaridad.
Y además, ha considerado que no se cumplen los requisitos necesarios para sacar adelante la proposición, pues entre otras cosas no hay un "amplio consenso", sino que "la polarización es máxima".
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