La Asociación de Turismo Rural de Cantabria pide que la vivienda turística cumpla las mismas exigencias que el resto

Santander

La Asociación de Turismo Rural ha pedido que el nuevo decreto del Gobierno de Cantabria exija a las viviendas de uso turístico las mismas obligaciones que al resto de los alojamientos y que los ayuntamientos puedan limitar su número por zonas.

En las alegaciones que ha presentado en el periodo de consulta que ha abierto la Consejería de Turismo, la asociación incide en la exigencia de una equiparación en los requisitos de infraestructuras, equipamientos y deberes legales entre las viviendas de uso turísticos y los alojamientos regulados de turismo rural.

Según su presidente, Jesús Blanco, se trata "de dos conceptos alojativos similares, en cuanto a funcionalidad y comercialización, pero diferentes en cuanto a medidas", que considera "inexistentes" en los pisos de uso turístico.

Entre las obligaciones que, a juicio de la asociación, deben cumplir estos alojamientos están el seguro de responsabilidad civil específico, las inspecciones eléctricas y sanitarias, el registro de entrada de viajeros, con la obligatoriedad de comunicación a la Guardia Civil.

También se les debe exigir unas dimensiones mínimas por estancia en cada una de las unidades alojativas y medidas antiincendios y el cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos, señala en un comunicado.

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En caso de ser consideradas "empresas turísticas", reclama que el titular esté dado de alta en la Seguridad Social.

Limitación de las viviendas en zonas saturadas

En sus alegaciones plantea además que la administración regional debe tomar medidas para regular los más de 10.000 pisos turísticos surgidos en Cantabria en los últimos años, limitando el número de alojamientos en determinadas zonas y asumiendo competencias en materia de planificación turística "en una estrategia de turismo sostenible que prime la calidad frente a la cantidad".

También considera necesario aumentar la plantilla de inspectores para poder "controlar, auditar y, en su caso, incoar expedientes sancionadores contra aquellos que incumplan la normativa prevista".

La asociación propone que los municipios puedan limitar en sus planeamientos la oferta de este tipo de alojamientos por zonas "siempre justificadamente y de manera proporcional", como se está haciendo en ciudades como Barcelona, Bilbao o San Sebastián, que "han establecido ya restricciones por zonas y edificios, dependiendo de la presión que se ejerza en el mercado de la vivienda".

A su juicio "resultaría interesante contar con la ayuda de la Universidad de Cantabria para hacer un análisis de la capacidad de carga por municipios", obteniendo los datos imprescindibles para establecer las políticas que favorezcan un mayor desarrollo de los municipios en riesgo de despoblamiento y las medidas correctoras para los municipios saturados.

También defiende las limitaciones, tanto temporales como en el número de viviendas turísticas por titular, y la obligatoriedad de que la explotación sea como un alquiler íntegro y no por habitaciones, con una capacidad máxima alojativa.

Pide asimismo que el nuevo decreto incluya la exigencia del consentimiento expreso de las comunidades de propietarios.

Dramáticamente perjudicados

Según la asociación, los alojamientos de turismo rural se están viendo "dramáticamente perjudicados" al tener que competir con establecimientos "sin costes de apertura, sin controles, sin personal".

Recuerda las iniciativas que ha puesto en marcha en defensa de la calidad de los establecimientos, cuando frente a ellos, dice, "se encuentra un turismo especulativo y extensivo, de candado y código de acceso, de lowcost y sin escrúpulos en cuanto a normas de convivencia".