El Gobierno firma el primer pacto para la Justicia en Cantabria, que busca más medios y más agilidad

Santander

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha firmado este viernes el primer pacto para la Justicia en la comunidad autónoma, que busca unir voluntades para revertir "el deterioro" de la Administración de Justicia, hacer que funcione de manera más ágil y eficaz y dotarla de más y mejores medios.

El pacto, que incluye el compromiso del Ejecutivo regional de aprobar un Plan de Inversión en infraestructuras calendarizado para los próximos cinco años y reivindica un plan de empleo al Ministerio, es "un acuerdo de legislatura inédito" entre el Gobierno de Cantabria y todos los agentes implicados en la prestación de este servicio público.

Gira en torno a tres ejes: una mayor dotación de medios humanos y materiales, la mejora de la gestión administrativa y el impulso y la mejora de determinados servicios que contribuyen a su funcionamiento.

Lo primero que ha hecho la presidenta ha sido agradecer a todos los organismos firmantes (Tribunal Superior de Justicia, Fiscalía Superior, Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia y Colegios de Abogados, Procuradores y Psicólogos) su disposición y su trabajo para alcanzar un acuerdo que aspira a "revertir el deterioro" que viene padeciendo este servicio público "trascendental" y sentar las bases de un "gran salto adelante".

A su juicio, este pacto sectorial (el tercero de la legislatura, tras los suscritos con los ganaderos y los médicos) es una muestra más de que el diálogo y la colaboración se han convertido en un "instrumento al servicio del cambio" en la comunidad autónoma.

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También ha dicho que es un acuerdo "abierto y dinámico" y "con mensaje”: "Tenemos que defender más que nunca la justicia como un poder constitucional frente a quienes ponen en jaque nuestro Estado de Derecho con sus ataques a la independencia de jueces y magistrados y el cuestionamiento de las resoluciones judiciales”, ha afirmado.

Medios materiales y humanos

El pacto concreta doce compromisos para mejorar la prestación del servicio público en la comunidad autónoma, estructurados en tres ejes.

El primero de ellos, el de medios materiales y humanos, incluye la creación de nuevas unidades judiciales y la ampliación o mejora de los edificios e infraestructuras existentes.

Para ello, el Gobierno de Cantabria elaborará un plan de inversiones calendarizado para los próximos cinco años, con actuaciones en las nuevas sedes de los Juzgados de Laredo y del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la ampliación de Las Salesas y la adecuación de las instalaciones del Palacio de la Justicia y el Edificio Europa, donde se llevará a cabo un estudio de alternativas para reordenar sus sedes judiciales.

En materia de recursos humanos, se va a promover ante el Ministerio de Justicia, que es la administración competente, un plan de empleo para atender las necesidades del sistema y conseguir un “adecuado relevo generacional” entre los empleados públicos.

Gestión administrativa y servicios judiciales

En relación al segundo de los ejes, el de mejora de la gestión administrativa, se invertirán 6,6 millones de euros para la digitalización de la Administración de Justicia y del Registro Civil, la modernización de los juzgados de paz y la integración completa del sistema de gestión procesal Vereda.

Finalmente, el tercer y último eje, el de impulso a los servicios judiciales, contempla la expansión del proyecto de mediación intrajudicial, la revisión de la normativa autonómica sobre personal, el despliegue de las oficinas del Registro Civil o la implementación de las reformas contempladas en las leyes de eficiencia organizativa, digital y procesal.

El acuerdo incluye también la puesta en marcha de la Oficina Judicial y la Oficina Fiscal en Cantabria, y la mejora del servicio de asistencia gratuita y del turno de oficio.

Coincidiendo con la celebración, hoy, del Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio, la presidenta ha señalado que ayer comenzó el trámite de información pública del decreto que regula este servicio, con el objetivo de facilitar la tramitación de los expedientes e incrementar la cuantía económica de los baremos que compensan el trabajo de los profesionales.

Del mismo modo, el pacto recoge el compromiso de garantizar el acceso a la justicia y la plena inclusión de las personas mayores o con discapacidad a través de la figura del facilitador, así como de adecuar el servicio a los menores de edad y favorecer la tramitación telemática.

En este sentido, se habilitarán salas multiusos con equipos de videoconferencias en diferentes instalaciones y espacios para la protección o espera de testigos y víctimas especialmente vulnerables.

Además, la jefa del Ejecutivo ha avanzado que se va a impulsar la Oficina de Asistencia a las Víctimas del Delito y se va a crear un turno de oficio especializado para personas con discapacidad y vulnerables. Asimismo, se van a procurar estancias para que los abogados puedan asistir a los detenidos de forma digna y se renovarán las áreas de custodia o calabozos.

María José Sáenz de Buruaga ha suscrito el pacto con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, José Luis López del Moral; la secretaria de Gobierno del TSJC, María del Pilar Socorro; la fiscal superior, Pilar Jiménez, a quien la presidenta ha felicitado por su reciente nombramiento como miembro del Consejo General del Poder Judicial; la secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia, Rosa Solana; los decanos del Colegio de la Abogacía de Cantabria, Andrés de Diego, y del Colegio de Procuradores, Rosaura Díaz, y la secretaria de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Psicología de Cantabria, Nelly Cabrera.

También han estado presentes la consejera de Justicia, Isabel Urrutia, y el director general de Justicia, Juan Ignacio Sáez.