El Tribunal Superior escuchará al Gobierno de Cantabria antes de decidir si suspende temporalmente la extracción de lobos como pide Ecologistas

Santander

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha emplazado a la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación para que alegue lo que estime oportuno sobre la posibilidad de dejar en suspenso la resolución que autoriza la extracción de lobos en la región.

En un auto dado a conocer este viernes, la Sala desestima la medida cautelarísima solicitada por Ecologistas en Acción y la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cántabra, que pretendían la suspensión de la decisión de la Administración de manera urgente.

El tribunal entiende así que antes de decidir si suspende temporalmente la extracción de lobos debe escuchar a la parte demandada, el Gobierno de Cantabria.

Esta petición de medida cautelar que realizan las dos asociaciones ecologistas está vinculada al recurso contencioso administrativo que han presentado ambas frente a la decisión de la Consejería de extraer lobos y que pretende que sea declarada nula.

Por eso, en tanto el procedimiento judicial se tramita y resuelve, solicitan la suspensión temporal de la medida.

Independientemente de que esta petición prospere, el recurso presentado contra la resolución proseguirá y será entonces cuando la Sala entre a resolver sobre el fondo de la decisión de la Consejería y determine si es acorde o no a derecho.

Falta de pruebas

El auto dictado por la Sala explica que "ciertamente, la muerte de los lobos es un daño irreparable", pero destaca que la medida cautelar no se puede decidir solamente por ello, sino que "hay que ponderar los perjuicios a los bienes y valores que la normativa protege a través de la regulación de la extracción del lobo".

Además, señalan los magistrados que no tienen "prueba alguna material" de que las extracciones ya se hayan producido.

La Sala aclara así que se refiere "a los documentos" porque "es difícilmente concebible que no los haya", y en ellos la Administración "tendría que reflejar la planificación y el resultado de las concretas acciones de extracción".

Y, por otro lado, agregan los magistrados que, con independencia de si para la realización de acciones concretas de extracción del lobo es preciso o no algún tipo de acto administrativo específicamente habilitante, "lo que es cuestión jurídica de fondo", advierten, puede presumirse que entre la resolución recurrida y la acción material de extraer lobos "debe mediar alguna forma de decisión con su preparación y planificación".

"Piénsese en que la directriz es que la extracción se produzca lo más inmediatamente próxima posible a los ataques del lobo, lo que implica su contratación previa, y que pude realizarse por la propia Administración o mediante autorización específica para la caza privada", indica el auto. "Y no nos consta que tales actuaciones administrativas se hayan realizado en estos últimos días", dice la Sala.

"Ni tenemos indicio alguno de que en los días que inmediatamente están por llegar la Administración haya decidido y preparado extracciones concretas", abunda.

Por ello, la Sala se inclina por no tomar una medida cautelarísima y reconducir el asunto a los trámites del incidente cautelar ordinario, emplazando a la Administración a que alegue lo que entienda en un plazo de cinco días desde la notificación del auto.

No obstante, pide a las partes colaboración para que "de forma inmediata comuniquen o informen de cualquier acción de extracción de lobo que estuviera prevista para las próximas fechas", mientras se decide el presente incidente cautelar.

Recursos

Ecologistas en Acción, la Plataforma de Defensa de la Cordillera Cantábrica y otros colectivos presentaron recursos administrativos y ante la Justicia tras publicarse la orden de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación para la extracción de hasta 41 ejemplares de lobo en Cantabria para la temporada 2025-2026.

La Fiscalía de Cantabria ha abierto también diligencias de investigación a la consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, y al director general de Biodiversidad, Ángel Serdio, por esta orden de extracción de ejemplares.

La Consejería tomó esa decisión tras la salida del lobo del LESPRE (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial) , lo que supuso que retomara la aplicación de uno de los artículos incluidos en el plan de gestión de la especie en Cantabria, que permite extracciones de hasta el 20 % de la población,

Tras publicarse en el Boletín Oficial esa orden que avala las extracciones, se ha informado de que se han producido nueve en Cantabria.