Isabel Urrutia no quiere polémicas: "Si los ayuntamientos no quieren la interinidad de policías locales, no saldrá adelante la medida"

Cantabria

UGT ha presentado alegaciones al cambio legal que pretende el Gobierno de Cantabria (PP) para, "en casos de excepcionalidad", permitir a los ayuntamientos la contratación de policías locales interinos, una medida "injustificada, inmotivada y contraria a derecho", a juicio del sindicato.

En las alegaciones registradas ante la Consejería de Presidencia, ha mostrado su "rechazo" a esta modificación y ha subrayado que existe "una norma de rango legal en el ámbito del Régimen Local que exige la condición de funcionario de carrera para todas aquellas funciones que conlleven el ejercicio de autoridad inherente a los policías locales".

"La razón es obvia, puesto que sólo desde la perspectiva del nombramiento como funcionario de carrera, se consolida el compromiso pleno en el desempeño de las tareas propias del puesto, así como la acreditación del mérito y capacidad necesarios para el desempeño del mismo", ha argumentado el Sector de la Policía de la Federación de Servicios Públicos de UGT en las alegaciones presentadas.

Además, ha resaltado que el Tribunal Supremo ya se ha pronunciado sobre la "imposibilidad de contratación de miembros de la Policía Local de forma interina".

Al respecto, ha añadido que el alto tribunal, en una de sus sentencias, ha reafirmado que "la condición de funcionario de carrera para el desempeño de funciones que exijan autoridad es declarado preferente a cualquier otra normativa de carácter general como pueda ser el Estatuto Básico del Empleado Público".

"Se veta la posibilidad de cualquier tipo de contratación en los cuerpos de policía local distinta la de funcionario de carrera", ha indicado UGT, que ha añadido que este mismo requisito se reconoce en la normativa de la Policía Nacional y la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Desmantelamiento de la interinidad

A juicio del responsable de Policía Local de UGT-Servicios Públicos en Cantabria, Jesús Campuzano, "da la sensación de que el Gobierno del PP quiere desmantelar las policías locales con una fórmula de interinidad que contradice el compromiso adquirido por las administraciones públicas para, precisamente, reducir la alta temporalidad o interinidad de los empleos en el sector público".

Además, ha indicado que, al margen de los "muchos" argumentos legales y jurídicos en contra de la contratación de policías interinos, UGT considera que la modificación de la Ley de Coordinación de Policías Locales "no tiene sentido" en un contexto como el actual, donde desde 2021 todas las administraciones públicas están inmersas en procesos extraordinarios de estabilización del empleo para reducir unos niveles de temporalidad o de interinidad "que están muy por encima del propio sector privado".

Además, a juicio de UGT, la propia calidad del servicio prestado a la ciudadanía y la formación sería "mucho menor con los interinos que con funcionarios de carrera".

Inversión en emergencias cántabras

El Consejo de Gobierno ha aprobado realizar la transferencia de los 3,7 millones de euros pendientes en el Servicio de Emergencias de Cantabria (SEMCA) para cumplir con la condena del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) notificada el 2 de septiembre de 2024, queobliga al Ejecutivo autonómico a invertir dicha cantidad tras el "mal uso" de los fondos procedentes de las aseguradoras UNESPA entre 2018 y 2022.

Así lo ha anunciado la consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, este miércoles en rueda de prensa, en la que ha destacado que dicha transferencia, junto con las inversiones ordinarias previstas, va a permitir realizar una inversión de casi 8 millones de euros en los próximos tres años para la mejora y modernización de este servicio.

Urrutia ha señalado que se trata de "pagar lo que el Gobierno anterior no pagó", puesto que durante cinco años "dejó de invertir" en emergencias la mitad de los 7,4 millones de euros que la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA) ingresa en las arcas regionales.

Según ha explicado, estos ingresos se conciben como "contribución especial" y derivan del "porcentaje de pólizas de seguro de incendios que tenemos en Cantabria", por lo que "están condicionados" y "su único destino" debe ser la inversión en el propio servicio de emergencias y en los seis parques que tiene distribuidos por la región.

La consejera se ha referido a las "permanentes advertencias" del personal del Servicio de Emergencias de Cantabria, de los bomberos de Cantabria, de que "ese dinero se estaba destinando a otras cosas". De hecho, 83 trabajadores denunciaron en 10 de abril de 2023 al Gobierno anterior "por no invertirlo".

Parque "obsoleto"

Urrutia ha indicado que, cuando el Ejecutivo actual llegó al Gobierno, la inversión en emergencias "brillaba por su ausencia" y, "no había ni contrato con Telefónica para poder prestar del servicio del centro de atención de emergencias 112 Cantabria, ni los bomberos tenían ya red de comunicación porque se había abandonado el servicio prestado por SIRDEE·.

Una "falta de inversión" que tiene como consecuencia un parque móvil "obsoleto", con 18 años de media de antigüedad de los vehículos; falta de renovación, modernización e inversión en los parques, que suma a la falta de personal y, también, de espacios para el personal; no renovación y modernización de la flota automovilística, de los EPÍS y material para prestar el servicio, en ambos casos inservibles por obsoletos o por estar caducados.

Urrutia ha detallado que, de los 8 millones de euros previstos para la mejora y modernización de este servicio, aproximadamente 2,6 millones irán consignados a la progresiva renovación y ampliación de vehículos de los parques, puesto que algunos superan los 25 años de antigüedad.

Además, ha destacado que se seguirán renovando vehículos con nuevas bombas urbanas pesadas, bombas de apoyo de 7.000 litros y todoterrenos.

Y también el Gobierno prevé construir el nuevo parque de emergencias de Valdáliga, así como ejecutar obras de remodelación y mejora en los cinco parques restantes, con un presupuesto cercano a los 3 millones de euros.

Entre las obras de mejora, se acometerán reformas para ampliar las zonas habitables, y las cocheras, para dar cabida a los nuevos vehículos, "renovando infraestructuras obsoletas que se han quedado pequeñas".

Respecto al material, también se modernizará el destinado a tareas de intervención y los equipos de protección individual para los bomberos, con una cantidad de casi 1,6 millones de euros.

Urrutia ha indicado que el departamento que dirige ha intentado "revertir" la situación y cumplir con los "incumplimientos permanentes" que se han producido durante cinco años.

Otra Sentencia

En este punto, ha recordado que hay otra sentencia del 24 de mayo de 2024 que condena al Gobierno por "incumplir las guardias mínimas de cuatro bomberos en cada uno de los seis parques de emergencia del SEMCA 112".

Frente a ello, la consejera ha aseverado que sigue trabajando en la incorporación de nuevos profesionales que amplíen y completen las plantillas "limitadas" que se encontró en 2023, con "los consiguientes incrementos en los gastos salariales que tiene que asumir el organismo".

En este punto, ha subrayado que desde julio hay 13 nuevos bomberos, "los primeros funcionarios bomberos del Gobierno de Cantabria", a los que se suma la bolsa de empleo para cubrir las necesidades de sustitución temporal de efectivos.

Además, Cantabria ya ha iniciado la ejecución de las Ofertas de Empleo público de 2023, 2024 y 2025, con la convocatoria de otras 25 nuevas plazas.

Y ha subrayado que, por primera vez, los seis parques de bomberos de Cantabria tienen una autoescala, es decir, un vehículo de rescate e intervención en altura.

De esta forma, ha puesto en valor que, en solo dos años el actual Gobierno de Cantabria, "sin sentencias que nos obligaran", ha aumentado "un 20,8%" el presupuesto destinado al sistema de protección civil y atención de emergencias.

"A nosotros no nos ha hecho falta que nos lo dijera un juez para implantarlo: lo hacemos por convicción, por pleno compromiso político de este gobierno con su presidenta a la cabeza, porque entendemos que nuestro sistema autonómico de protección civil y atención de emergencias tiene que estar a la vanguardia, dotado y moderno para ser capaz de garantizar la seguridad en nuestra tierra, la de los ciudadanos y de quienes nos visitan pero también de los empleados que prestan servicio en el mismo", ha apostillado.