El Gobierno de Cantabria estudia recurrir la regularización extraordinaria de inmigrantes

SANTANDER

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), ha asegurado que, en caso de haber "la más mínima posibilidad", el Gobierno cántabro recurrirá la regularización extraordinaria de inmigrantes aprobada por el Consejo de Ministros porque, a su juicio, es "una absoluta temeridad y el mayor coladero de la historia" de España.

A preguntas de los periodistas sobre este asunto tras inaugurar el nuevo parque infantil cubierto de Castañeda, la presidenta ha justificado su rechazo a la medida en la necesidad de distinguir entre inmigración legal y ordenada y aquella que se produce de forma ilegal o irregular.

"Este debate no va de inmigración sí o inmigración no, sino de evitar que la irregularidad se premie", ha subrayado.

Buruaga ha reiterado la "oposición política rotunda" de su Ejecutivo a la medida y ha insistido en que desde el Gobierno cántabro utilizarán todas las vías a su alcance.

"Toca ahora analizar jurídicamente ese decreto aprobado al margen del Congreso de los Diputados y en ningún caso descartamos recurrirlo; al contrario, si hay la más mínima posibilidad, lo recurriremos", ha añadido.

Y ha advertido de que España, como país miembro de la Unión Europea, no puede trasladar el mensaje de que "se ha convertido en un destino en el que puede ser más rentable incumplir la ley que cumplirla".

La presidenta cántabra ha señalado, además, que existe incertidumbre sobre el alcance de la medida porque incluso en Cantabria, el delegado del Gobierno, Pedro Casares, hablaba de que se podrían aceptar unas 2.000 personas, pero "ni siquiera se sabe cuántos son".

Asimismo, ha acusado al Gobierno de España de no contar con una política migratoria clara y de "responder al chantaje de sus socios", al tiempo que ha advertido de que decisiones como esta favorecen "el efecto llamada y el negocio para las mafias".

Frente a ello, ha defendido una inmigración vinculada al empleo, con personas que lleguen "con un contrato de trabajo, cumpliendo la ley, compartiendo nuestra cultura y contribuyendo a la sociedad".

Y ha alertado de que la regularización puede aumentar la presión sobre los servicios públicos y generar más tensión en ámbitos como la sanidad, las prestaciones sociales o el acceso a la vivienda.

"Estas decisiones acaban recayendo siempre sobre los ayuntamientos y sobre las comunidades autónomas y las acaban pagando los ciudadanos", ha destacado.