Cantabria, ejemplo de buena gestión en el control de bajas e incapacidades

Santander

Los médicos inspectores de la Seguridad Social llevan desde 2023 encadenando huelgas a raíz de la modificación que incorporó el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Desde entonces, los médicos inspectores asumen en solitario la valoración de los trabajadores que superan los 12 meses de baja, tras la desaparición del tribunal médico.

Una decisión que, según ha denunciado en la Cadena SER la secretaria general del sindicato de médicos inspectores de la Seguridad Social (SIMEDISS), Silvia Ledo, ha supuesto un aumento notable de responsabilidades sin que se hayan reforzado los medios humanos ni el tiempo disponible para cada paciente.

“Llevamos tres años realizando una función completamente diferente, con mayor carga de trabajo y sin los recursos necesarios”, apuntó. Una situación que se ve agravada por la falta estructural de médicos inspectores en toda España. Actualmente, la plantilla nacional ronda los 468 profesionales, muy por debajo de los más de 660 que ya se estimaban necesarios hace más de una década, cuando los procesos de incapacidad eran mucho menores.

La consecuencia directa, explicó la dirigente sindical, es el aumento de los tiempos de baja. Al no poder controlar los procesos en los primeros meses, muchos expedientes se alargan hasta los 18 o incluso los 24 meses, lo que acaba derivando en más incapacidades permanentes. “Se está haciendo una bola de nieve”, advierte.

A este escenario se suma, según SIMEDISS, el incumplimiento por parte del Ministerio de Inclusión del acuerdo firmado en julio de 2024 para mejorar las condiciones de trabajo y la seguridad jurídica de los inspectores. Lejos de aliviar la situación, nuevas instrucciones dictadas en 2025 han incrementado aún más la carga asistencial, abriendo la puerta a valoraciones no presenciales que el colectivo médico rechaza de plano.

“Estamos hablando de actos médicos que requieren presencialidad”, subrayó Ledo, respaldada por un reciente informe jurídico de la Organización Médica Colegial, que da la razón al colectivo y alerta de una sobrecarga incompatible con una atención rigurosa.

Cantabria, una excepción positiva

En este contexto, Ledo ha asegurado que la situación en Cantabria es “radicalmente diferente”. Asegura que la comunidad ha adaptado las instrucciones estatales al criterio profesional, limitando una carga de trabajo que considera abusiva y priorizando la valoración de los pacientes en torno al primer año de baja, en lugar de dejar que los procesos se eternicen.

Defiende que la comunidad autónoma es un “ejemplo de lo que debería hacerse a nivel estatal”. Y es que la región tiene la plantilla prácticamente completa y una proporción de trabajadores por médico inspector muy inferior a la de otras comunidades. Cada inspector atiende a unos 19.000 trabajadores, frente a cifras que superan los 50.000 o incluso 60.000 en territorios como Madrid, Alicante o Canarias.

Otro factor clave es la aplicación de la ley autonómica de garantías sanitarias, que permite derivar a centros concertados a los pacientes que acumulan largas esperas para pruebas, consultas o intervenciones quirúrgicas. Una herramienta que, según Ledo, está contribuyendo a acortar los tiempos de incapacidad y a desbloquear procesos.

“En Cantabria no faltan profesionales y hay una buena gestión a nivel autonómico. Podría ser perfectamente un modelo a seguir por la Dirección General”, añade.

Desde SIMEDISS esperan que este ejemplo sirva para replantear el sistema a nivel nacional y evitar que la falta de medios siga cronificando las bajas laborales y las incapacidades en el conjunto del país.