Macro proceso judicial en la Audiencia Provincial de Guadalajara por fraude en el IVA
Se sentarán en el banquillo 27 personas acusadas de defraudar a Hacienda casi 30 millones de euros a través de una trama empresarial con 44 empresas
Guadalajara
La próxima semana, el miércoles, comenzará en la Audiencia Provincial de Guadalajara un macro proceso judicial con 27 personas acusadas de los delitos de defraudación tributaria y falsedad documental para los que se piden penas que oscilan entre los 18 y los 12 años de prisión.
De la magnitud del juicio da idea el hecho de que se sienten en el banquillo 27 acusados que habrían constituido o trabajado en un entramado de 44 empresas distintas creadas para defraudar a Hacienda, según la acusación. Un juicio que está previsto se prolongue durante dos meses y medio.
REPERCUTÍAN EL IVA AL CLIENTE Y LUEGO NO LO INGRESABAN
Según el escrito de calificaciones de la fiscalía, los acusados de común acuerdo y con ánimo de obtener un beneficio patrimonial ilícito, se estructuraron mediante un entramado conocido como 'fraude carrusel', creando una trama dedicada a la defraudación del IVA. Vendían componentes informáticos adquiridos de otros países de la Unión Europea, repercutiendo el IVA al cliente, pero no ingresándolo. Para ello utilizaban hasta 44 empresas pantalla o empresas 'trucha' (sociedades creadas solo para realizar compras intracomunitarias sin soportar IVA).
Se calcula que dejaron de ingresar, desde el año 2014 al 2017, un total de 29.303.330 euros.
Todas las empresas integrantes de la trama, actuaban de forma conjunta como una organización societaria dirigida y gestionada de forma unitaria, con la única finalidad de defraudar el IVA. Se deducían facturas falsas emitidas por sociedades instrumentales para evitar ingresar el impuesto, que sí repercutían a sus clientes, obteniendo así importantes beneficios económicos.
PETICIONES DE 18 A 12 AÑOS DE PRISIÓN Y MULTAS MILLONARIAS
La trama estaba dirigida por dos hombres además de la mujer de uno de ellos y la hija del otro. Les considera autores de cuatro delitos fiscales y uno de falsedad. Sumando las penas por los cinco delitos, la fiscalía pide un total de 18 años y medio de prisión y multa de 58 millones de euros con un año y cinco meses más de cárcel en caso de impago.
Para otro socio y su pareja se solicitan 14 años y medio de prisión y también 58 millones de euros de multa.
Y para un total de 19 testaferros y trabajadores de las empresas se solicitan 12 años y medio de prisión, para cada uno, y otros 58 millones de euros de multa.
Como responsabilidad civil directa y solidaria de todos los acusados el Ministerio Fiscal solicita la devolución de lo defraudado, algo más de 29 millones de euros, más los intereses legales.