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Castilla-La Mancha creará un grupo de trabajo con cooperativas y organizaciones agrarias

El Ejecutivo autonómico valora las últimas decisiones de la Comisión Europea para no aplicar la reducción de fitosanitarios y aboga por una "transición" que no mande al traste el trabajo de los últimos años

Reunión del Gobierno de Castilla-La Mancha con las principales organizaciones agrarias / JCCM

El Gobierno de Castilla-La Mancha va poner en marcha en los próximos días un Comité de Coordinación integrado por la Consejería de Desarrollo Sostenible, la de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, las organizaciones agrarias ASAJA, UPA y COAG y Cooperativas Agroalimentarias con el fin de hacer seguimiento, coordinar y desarrollar líneas de actuación para dar respuesta a las demandas del sector agropecuario “y poder llegar a grandes avances en un futuro inmediato”.

Así ha quedado establecido en la reunión que ha presidido el jefe del Ejecutivo autonómico, Emiliano García-Page, y en la que han estado también el vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, la directora general de Medio Natural y Biodiversidad, Susana Jara, así como el máximo responsable en Castilla-La Mancha de ASAJA, José María Fresneda, el de UPA, Julián Morcillo, el de COAG, Estanislao Galve, y el de Cooperativas Agroalimentarias, Ángel Villafranca.

El consejero de Agricultura ha mostrado la voluntad del Gobierno regional de dar solución a los problemas que estén en su mano, siempre de la mano de las organizaciones agrarias, “manteniendo cuantas reuniones sean precisas, escuchando e intentando plasmar las medidas que puedan ser competencia del Gobierno regional, del Ministerio, de la Unión Europea, mediante la interlocución con el ministro o a través de otras herramientas como el Comité de las Regiones que se celebrará en Bruselas en el mes de abril”.

Martínez Lizán ha enumerado algunas de las medidas que se han puesto en marcha en los últimos días por parte del Ejecutivo autonómico para dar solución al problema de la falta de liquidez de los agricultores con la firma de un convenio regional con entidades financieras con tipos de interés preferente para agricultores y ganaderos. Una acción que se complementará con los instrumentos financieros del Ministerio y con los que colaborará la Consejería económicamente “para la implementación, por ejemplo, de los avales SAECA”, ha explicado.

Otra cuestión que el consejero ha confiado quede resuelta en los próximos días, y que se verá en el Comité de Coordinación, es el plan de ordenación de las zonas ZEPA para esta próxima campaña. En ese sentido, ha explicado que “esperamos conseguir una continuidad con las líneas marcadas en periodos anteriores para facilitar el desarrollo agronómico en las zonas de influencia de protección de aves esteparias” y así los agricultores sepan a qué atenerse a la hora de realizar sus solicitudes PAC.

Respecto a la preocupación por el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, Martínez Lizán ha detallado que el Ministerio ya ha anunciado la creación de una agencia que completará la Ley, mientras que la Comisión Europea ha manifestado su interés en trabajar en la cadena alimentaria para proteger al sector. En los últimos cuatro años, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha realizado 679 controles, imponiendo 126 expedientes sancionadores. “Una tarea en la que va a continuar con 240 controles que realizará la Administración este año de oficio".

En cuanto a la petición de impulsar mayor agilidad en la tramitación de los expedientes, el consejero ha indicado que esta campaña se han juntado dos factores, por un lado, las dificultades por las que atraviesa el sector para la implementación de las nuevas medidas reguladas en la normativa, como los ecorregímenes, y por otro el inicio del nuevo programa de la PAC que regula nuevas formas administrativas de gestión. El Ejecutivo se compromete a dar mayor agilidad a la tramitación de estos expedientes y a que los pagos "sean lo más dinámicos posible”.

Transición no revolución

Martínez Lizán aboga por seguir avanzando de forma sensata y ordenada y "con el criterio lógico de apoyo al sector, pero con el respeto máximo también a normas de producción, dentro de la normativa europea, que habrá que luchar por cambiar en aquellos aspectos cuya aplicación no sea lógica o no tenga los mejores criterios”. “Lo que hace falta es una transición, pero no una revolución que pueda tirar al traste el trabajo de muchos años" y teniendo en cuenta las peculiaridades en función de la ubicación las explotaciones a nivel territorial”.

En este contexto, es en el que se hacen necesarios canales de coordinación con los entes responsables del desarrollo sostenible, en el caso de Castilla-La Mancha con la Consejería del ramo, pero también con el Ministerio de Transición Ecológica para hacer posible la convivencia de las normas medioambientales y las agronómicas. El consejero valora la no aplicación de la reducción de productos fitosanitarios como fruto de las protestas que “pone de manifiesto un mensaje claro y es que es necesario revisar toda la normativa que hay”.

 
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