Los incentivos fiscales contra la despoblación empiezan a dar frutos en la provincia de Cuenca

Cuenca

¿Pueden los incentivos fiscales ayudar a frenar la despoblación? Los primeros estudios apuntan a una respuesta positiva. Al menos así lo demuestra un reciente estudio realizado por el periodista Manuel Pérez Ruiz, que analiza el impacto concreto de la Ley 2/2021 contra la Despoblación de Castilla-La Mancha en la provincia de Cuenca.

El trabajo realizado en el máster en Tributación y Gestión Presupuestaria Local y titulado Impacto demográfico de los incentivos fiscales en zonas en riesgo de despoblación: el caso de la provincia de Cuenca, ha sido reconocido con el Premio al Mejor Trabajo Fin de Máster por la Universidad de Alcalá y el Observatorio de la Despoblación de Guadalajara.

“El objetivo del estudio era poner cifras a un fenómeno del que se habla mucho, pero del que se tienen pocos datos concretos. Y lo cierto es que los beneficios fiscales contemplados en la ley han comenzado a tener efectos visibles”, explica Pérez.

Una ley pionera

La Ley 2/2021 de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha fue pionera en España al establecer de forma integral, como dice su título, medidas específicas para frenar la pérdida de población en las zonas rurales. Uno de sus ejes clave es la aplicación de deducciones fiscales en el tramo autonómico del IRPF para quienes residen en municipios afectados por la despoblación. Estas deducciones pueden llegar hasta el 25% en la cuota íntegra del IRPF y alcanzar el 15% en caso de adquisición o rehabilitación de vivienda en dichas zonas, siempre que se establezca la residencia habitual.

“En otras comunidades autónomas existían ya beneficios similares, pero no había una norma que los recogiera de manera ordenada ni una estrategia tan definida”, señala el autor del estudio. “Lo innovador de Castilla-La Mancha es precisamente esa apuesta global, donde se coordinan los beneficios fiscales con el objetivo demográfico”.

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Un cambio de tendencia

Entre los principales hallazgos del trabajo de Pérez destaca el crecimiento demográfico que han experimentado varios municipios del entorno inmediato de Cuenca capital. “Se ha detectado un desplazamiento de población desde la ciudad hacia localidades como Arcas, Chillarón, Villar de Olalla o Jábaga. Son pueblos que han ganado habitantes desde la aplicación de la ley, mientras la capital pierde población”, explica.

Según Pérez, este fenómeno puede considerarse una primera victoria: “No hablamos todavía de una repoblación masiva, pero sí de un cambio de tendencia en áreas que combinan entornos rurales con cierta cercanía a servicios urbanos. Es ahí donde las medidas están funcionando”.

Además, municipios cabecera de comarca como Tarancón o Motilla del Palancar también han mostrado incrementos en su población, “lo que indica que los incentivos fiscales podrían estar reforzando su papel como polos de atracción en el medio rural”.

La fiscalidad, útil pero no suficiente

El estudio se basa en datos de evolución de tarjetas sanitarias, padrón municipal, centros educativos y recaudación local, todos ellos elementos exigidos para beneficiarse de las deducciones. “Esto nos ha permitido evaluar el impacto real, más allá de las cifras generales del INE”, subraya Pérez.

No obstante, el periodista advierte de que los beneficios fiscales no son una solución mágica. “Nadie se muda solo por pagar menos IRPF. Si no hay buenos servicios, comunicaciones o cobertura digital, la gente no se queda. La fiscalidad es una palanca útil, pero necesita acompañamiento”, afirma.

Medidas fiscales locales

Otro de los puntos que destaca el estudio es el escaso margen normativo con el que cuentan los ayuntamientos para aplicar medidas fiscales propias. “La Ley de Haciendas Locales apenas contempla incentivos para atraer población o empresas. Solo se permite, por ejemplo, una bonificación de hasta el 95% en el IBI o el IAE para empresas que se instalen en zonas rurales”, lamenta Pérez. “Haría falta una reforma legal que permita a los consistorios actuar con más libertad”.

En ese sentido, el autor no descarta una solución más ambiciosa: “Se podría plantear incluso una reforma constitucional que reconozca el ámbito rural como un hecho diferencial, igual que se hace con Canarias o Ceuta y Melilla, para establecer una fiscalidad especial”.

Un modelo exportable

Más allá del caso de Cuenca, el estudio de Pérez apunta hacia una estrategia nacional contra la despoblación. “Este es un problema que afecta a buena parte del país. Cuenca está en una situación crítica, con una densidad de 11,5 habitantes por kilómetro cuadrado, por debajo del umbral de 12,5 que marca la Unión Europea para considerar una zona como despoblada. Pero no está sola”, afirma.

En opinión del periodista, la experiencia de Castilla-La Mancha puede servir de ejemplo: “Hay margen para ampliar estas medidas y hacerlas sostenibles. Lo importante es integrarlas en una estrategia más amplia que incluya también servicios públicos, conectividad y empleo”.

El estudio de Manuel Pérez no solo aporta datos y evidencia a un debate urgente, sino que lanza un mensaje de esperanza: revertir la despoblación es difícil, pero no imposible. Y Cuenca, poco a poco, empieza a demostrarlo.