Desarticulada una organización criminal internacional en Albacete por tráfico ilícito de personas y explotación laboral a más de 300 personas
Once detenidos en Albacete por delitos en fincas agrícolas de todo el país: Albacete, Alicante, Castellón, Ciudad Real, Cuenca, Murcia, Valencia o Zaragoza

Albacete
La delegada del Gobierno, Milagros Tolón, ha informado este jueves en la subdelegación del Gobierno de Albacete que una operación coordinada por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la Inspección de Trabajo ha culminado con 11 detenidos y ha desarticulado una red criminal que explotaba a 322 extranjeros e introducía personas de manera irregular en España.
La organización criminal consistía en un entramado que se aprovechaba de migrantes irregulares y los introducía a través de visados de turistas en países del espacio Schengen, para luego trasladarlos a España y usarlos como mano de obra ilícita en fincas agrícolas de Albacete, Alicante, Castellón, Ciudad Real, Cuenca, Murcia, Valencia e incluso Zaragoza, según ha detallado Tolón.
La operación, denominada 'Franciskan-Everest' debido a que la mayoría de las víctimas eran ciudadanos nepalíes, comenzó en julio de 2024, reveló una estructura de empresas falsas y propiedades sostenidas a través de testaferros para cometer los crímenes de favorecimiento de emigración irregular y tráfico ilícito de mano de obra.
La cúpula se concentraba en Barcelona y estaba dirigida por un grupo de pakistaníes y marroquíes, que forzaban a ciudadanos de Nepal, Bangladés y Marruecos a trabajar hasta 12 horas diarias y los hacinaban en condiciones infrahumanas con escasa ventilación y salubridad.


Las Fuerzas de Seguridad han realizado 8 registros en Villalgordo del Júcar y otro en La Roda, municipios de la provincia de Albacete.
Como avanzó la SER, el Juzgado de Instrucción de la Roda ha decretado prisión provisional sin fianza para seis de los detenidos y no se descartan más detenciones.
Tolón ha indicado que se ha activado un dispositivo integral en colaboración con Cruz Roja para atender a las víctimas debido "delicada situación de vulnerabilidad por su falta de arraigo y de recursos", y algunas han sido reubicados en otras localidades donde tenían lazos familiares.
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La delegada del Gobierno ha detallado que se les ha suministrado alimentos, ropa de abrigo, alojamiento alternativo y apoyo para la regularización administrativa.
En la operación han participado cerca de 150 efectivos entre Guardia Civil, Policía Nacional e Inspección de Trabajo.




