El Gobierno de Castilla-La Mancha destaca nuevas rebajas fiscales para facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha presentado en las Cortes regionales el Proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Tributarias para 2026, una norma que incluye rebajas fiscales para facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes, nuevas deducciones y medidas de simplificación administrativa. El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, defendió la iniciativa este jueves durante el debate parlamentario.

Según explicó el consejero, el texto legislativo busca “agilizar la aprobación de múltiples cambios normativos” al reunir en una sola ley medidas de diferentes ámbitos. La norma, aprobada por el Consejo de Gobierno el pasado 3 de febrero, está compuesta por 18 artículos, además de disposiciones adicionales, transitorias y finales.

Ruiz Molina subrayó que se trata de una ley “ambiciosa en sus fines y rigurosa en su elaboración”, que responde a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad y transparencia establecidos en la legislación administrativa.

Rebajas fiscales para la compra de vivienda

Uno de los ejes principales del proyecto es facilitar el acceso a la vivienda a los menores de 36 años mediante varias rebajas fiscales. Entre ellas, destaca la reducción del 40% en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales para la compra de la primera vivienda, que pasará del 5% al 3%.

También se plantea reducir a la mitad el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, del 0,50% al 0,25%.

A estas medidas se suma la recuperación de las denominadas cuentas ahorro vivienda mediante una nueva deducción del 15% en el tramo autonómico del IRPF por aportaciones destinadas a la compra de la vivienda habitual, con un límite máximo de 3.000 euros.

El proyecto también eleva de 450 a 500 euros la deducción por alquiler de vivienda habitual, ampliando su aplicación no solo a menores de 36 años, sino también a familias numerosas, familias monoparentales y personas con discapacidad.

Para facilitar el acceso a estas ventajas fiscales, el Gobierno regional propone aumentar el límite del valor de la vivienda que permite beneficiarse de las deducciones, que pasará de 180.000 a 240.000 euros.

Además, la Junta prevé habilitar mecanismos para conceder préstamos o garantías que cubran la parte del precio de la vivienda que no financian las entidades bancarias.

Nuevas deducciones y bonificaciones

El proyecto de ley también incorpora otras medidas fiscales. Entre ellas, una deducción del 30% en el IRPF por los gastos de controles veterinarios y vacunación de perros de asistencia para personas con discapacidad, con un máximo de 100 euros por contribuyente.

En materia de tasas, se propone eximir del pago de la ITV a los vehículos adscritos a licencias de autotaxi y eliminar las tasas del Programa Acredita, que permite obtener certificados profesionales para mejorar el acceso al empleo.

Respecto al canon del agua de uso doméstico, la norma plantea una bonificación del 100% para personas con discapacidad igual o superior al 33% y del 50% para usuarios en riesgo de exclusión social cuando la ordenanza municipal no contemple la bonificación total.

Simplificación administrativa

Otro bloque de medidas busca reducir la carga burocrática mediante cambios en diversas leyes autonómicas. Entre otras medidas, se prevé sustituir determinadas autorizaciones por declaraciones responsables, eliminar trámites y establecer el silencio administrativo positivo en algunos procedimientos.

Estas modificaciones afectan a normativas como la Ley de Ordenación del Territorio y la Actividad Urbanística, la Ley de Carreteras y Caminos, la de Artesanía, la de Transporte de personas por carretera y la de Servicios Sociales.

Cambios en el SESCAM y lucha contra la despoblación

El proyecto también incluye ajustes en la política de recursos humanos del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM). Entre ellos, la obligatoriedad de realizar determinados trámites por vía electrónica, la reducción de plazos para presentar documentación en procesos selectivos y la regulación de los requisitos para acceder a plazas vinculadas a unidades docentes acreditadas.

Asimismo, la norma contempla la creación de un Fondo de Apoyo a la Lucha contra la Despoblación, que se financiará con recursos procedentes del canon eólico y del canon de participación urbanística.

Tramitación parlamentaria

Durante su intervención, Ruiz Molina expresó su confianza en que las Cortes regionales rechacen la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Parlamentario Popular para que el proyecto continúe su tramitación parlamentaria.

Según el consejero, el objetivo de la ley es “mejorar el bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía”, reforzando al mismo tiempo la eficiencia de la Administración regional y facilitando el acceso a la vivienda, especialmente entre los jóvenes.