Las entidades que trabajan con migrantes rechazan la "prioridad nacional" de PP y Vox: "El único criterio es la dignidad y la necesidad de las personas"

Toledo

Las organizaciones sociales de Castilla-La Mancha que trabajan con personas migrantes rechazan el principio de "prioridad nacional" que VOX quiere trasladar también a los ayuntamientos y diputaciones de la región en los que gobierna con el PP, como ya ha hecho en sus pactos de gobierno en Aragón y Extremadura. Entidades como Accem y Cáritas, que colaboran en el proceso de regularización abierto en nuestro país, rechazan cualquier principio que segregue y discrimine a las personas por su origen.

Braulio Carlés, representante de Accem en Castilla-La Mancha, asegura que no hay ciudadanos de "primera o de segunda" y apela a los partidos a un diálogo y a un enfoque "positivo" sobre la migración. "Todos somos personas y no puede haber ciudadanos de primera o de segunda, vengan de donde vengan", asegura Carlés, que apela a los partidos a un diálogo y a un enfoque "positivo" sobre este proceso de regularización. "Tenemos que verlo como algo positivo e integrador, que nos haga sentirnos orgullosos de pertenecer a la especie humana".

"Lo que tenemos que hacer es sentarnos todos y ver qué cauces integradores generamos para tener una sociedad plural y diversa, que nos guste o no nos guste ya la tenemos”. Carlés pide desterrar las palabras "destructivas, que suenan a rechazo o que, incluso, pueden generar racismo o xenofobia" y lamenta que haya ayuntamientos que traten de poner trabas a través de sus servicios sociales a este proceso. "A veces, dependiendo del signo político lo ponen más fácil, más difícil o imposible", asegura.

Cáritas, que también acompaña en este proceso a numerosos migrantes, subraya que el único criterio "prioritario" que debe regular el acceso a las ayudas y servicios públicos es el de "la dignidad y la necesidad de las personas". Su presidenta en Castilla-La Mancha, Rosa García, rechaza, además, los discursos que vinculan migración y delincuencia. "Lo que sí es cierto es que si les mantenemos en una situación irregular, invisibles y sin acceso a derechos o a tener una vida normalizada, les estamos abocando a mafias y a delincuencia", sostiene.

"Son personas que ya trabajan, pero de forma irregular, están sometidas a situaciones que no son admisibles en nuestra sociedad", remarca la presidenta de esta organización católica, una de las que impulsó este proceso de regularización a través de una iniciativa legislativa popular, que también descarta un efecto llamada. El proceso de regularización afronta ya su tercera semana con el mismo objetivo con el que se propuso: sacar de la economía sumergida y de la invisibilidad a medio millón de personas, entre 13.000 y 15.000 en Castilla-La Mancha.