Tribunales

Tráfico tendrá que devolver los puntos del carnet cuando Hacienda anule una multa

Hasta ahora retiraba los puntos pese a la anulación de la sanción económica

Las sanciones económicas anuladas fernarán la retirada de puntos del carnet / GCivil

Burgos

Una reciente sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Burgos ha estimado el recurso promovido por Automovilistas Europeos Asociados (AEA) en defensa de uno de sus socios y ha obligado a la DGT a devolver los puntos detraídos por sanciones anuladas por los servicios económicos de Hacienda. Según informa AEA más de 1.500.000 expedientes sancionadores anulados el pasado mes de diciembre podrían quedar afectados por esta reciente resolución judicial que obliga a devolver los puntos detraídos de expedientes mal tramitados o prescritos.

La sentencia del juzgado burgalés condena a la DGT a devolver el carnet y los puntos indebidamente detraídos a un camionero al que previamente el Tribunal económico-administrativo regional de Castilla y León, órgano dependiente del Ministerio de Hacienda, le había anulado la parte económica de las sanciones porque no habían sido correctamente notificadas. AEA recuerda que, desde la puesta en marcha del permiso por puntos en el año 2006, la DGT se ha negado sistemáticamente a devolver los puntos indebidamente detraídos por multas mal tramitadas y anuladas por los servicios económicos de Hacienda. Sin embargo, la sentencia declara que “sería contrario al principio constitucional de seguridad jurídica que para dos órganos del Estado (en este caso por un lado la Jefatura de Tráfico y el Tribunal económico administrativo regional) unos hechos existieran y a la vez no existieran.”

Para el presidente de AEA, Mario Arnaldo, “la pérdida de puntos va unida a la multa como la sombra al cuerpo, ya que no puede ser que Hacienda anule la parte económica de la sanción porque no se ha notificado correctamente la multa y, sin embargo, Tráfico mantenga la detracción de puntos”. El caso, ahora resuelto favorablemente para el camionero afectado, se inició por la reclamación interpuesta, inicialmente ante Hacienda y en una segunda instancia ante el Tribunal económico-administrativo Regional de Castilla y León (TEAR), contra unas sanciones impuestas por Tráfico de las que el automovilista afectado nunca había tenido conocimiento previo.

Dichas multas, además de la sanción económica, llevaban aparejada la pérdida de puntos, pero Tráfico se negó a devolverlos e inició un procedimiento de pérdida de vigencia del permiso de conducir, a pesar de que se había anulado la parte económica de las multas, al quedar acreditado que las notificaciones postales que se practicaron fueron dirigidas a un domicilio que no era el indicado por el interesado y, por tanto, la notificación de las multas que hizo la DGT a través de los boletines oficiales no era válida.

Para el presidente de AEA, Mario Arnaldo, “esta sentencia supone un importantísimo precedente jurídico porque supone desmontar el argumento perverso que desde hace más de una década utiliza la DGT para no devolver los puntos de multas mal tramitadas y considerar que un mismo hecho, como es que una multa no esté bien notificada, exista para Hacienda y anule la parte económica de la sanción, pero no para Tráfico, que sigue retirando los puntos.

Arnaldo resalta también la importancia que la sentencia va a tener en el ámbito penal, por la posible responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, “ya que por no devolver los puntos de las multas que están mal notificadas, se estaría utilizando en perjuicio de los automovilistas”.

Para el presidente de AEA, si queda acreditado que en el Registro de Conductores e Infractores de la DGT se mantiene ilegalmente la detracción de puntos por multas mal notificadas “la Administración tendrá que indemnizar por ello a los ciudadanos, a los que somete injustamente a un peregrinaje de recursos para defender sus legítimos derechos”.

El pasado mes de diciembre la DGT tuvo que anular más de 1.500.000 expedientes sancionadores por valor de 106 millones de euros, muchos de los cuales podrían quedar afectados por la reciente resolución judicial que obliga a devolver los puntos detraídos de expedientes mal tramitados o prescritos.

 
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