La Junta desestima los recursos interpuestos contra el proyecto Polonia 1.152 que impulsa Cerro El Rocil en el Valle del Corneja

Ávila

La Dirección General de Energía y Minas de la Consejería de Economía y Hacienda ha desestimado los recursos de alzada que se habían interpuesto contra el permiso de investigación concedido a la empresa 'Cerro El Rocil S.L' que podrá realizar catas para buscar minerales en los términos municipales de Santa María del Berrocal, Collado del Mirón, Becedillas, Malpartida de Corneja y El Mirón.

La resolución es del 20 de marzo y ha sido publicada este lunes en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Contra ese proyecto denominado 'Polonia 1.152' que afecta a una superficie de 71 cuadrículas mineras presentaron alegaciones tanto los ayuntamientos afectados como la Diputación Provincial y asociaciones como 'Vive el Valle del Corneja'. También unos 380 particulares. Ahora la única vía que queda para evitar que se realicen esas catas es interponer un recurso contencioso administrativo, para lo que tienen un plazo de dos meses.

La administración ha acumulado todos los recursos de alzada interpuestos al repetirse en ellos las mismas alegaciones. A continuación exponemos algunos de los argumentos utilizados por quienes han interpuesto los recursos y la contestación que les da la Dirección General de Energía y Minas.

¿Están legitimados para personarse en el procedimiento?

Los que recurren piden que se les reconozca la condición de interesados en el expediente y aducen que "es evidente que el daño económico y medioambiental que se produciría de continuar el procedimiento no afecta sólo a los habitantes de la comarca, sino también a una amplia diversidad de personas que ya no viven en los términos municipales donde se prevé la actuación minera, pero son relativos a los mismos, de modo familiar, en forma de explotaciones ganaderas o de hostelería" por lo que entienden que «debería aceptarse la condición de interesado y personado en el procedimiento a cualquier ciudadano".

La administración contesta que el artículo 4 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo recoge que "son interesados quienes promuevan el expediente como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos, o los que tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte". Y consideran que los perjuicios alegados por los recurrentes son "de carácter hipotético, potencial y futuro".

Ausencia del informe de evaluación de impacto ambiental

Los recurrentes consideran necesario que exista un Informe de Impacto Ambiental "acorde a la realidad de los daños que pueden inferirse de la actuación administrativa, considerando conjuntamente todos los permisos de explotación otorgados en términos y áreas que son limítrofes, no sólo respecto a la conservación del ecosistema, la salud de las personas y la posibilidad de contaminar toda la cadena alimenticia, sino también al resto de orden económico y social de la zona".

Y añaden que no se tiene en cuenta que "si bien inicialmente para el permiso de investigación es necesaria una cantidad de agua poco importante, de encontrarse mineral suficiente para continuar con la explotación, las cantidades de agua necesarias para la explotación son ingentes, con el peligro de desabastecer los acuíferos, desviarlos y a lo peor contaminarlos irreversiblemente, pudiendo a su vez intervenir en la cadena alimentaria"

La administración contesta que la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental no contempla que los proyectos de investigación de recursos minerales en los que no se prevé la apertura de frentes de explotación, sean sometidos al trámite de evaluación de impacto ambiental. Y que "no se pueden tener en consideración «las afecciones que ocasionaría una futura e hipotética explotación minera que, en caso de encontrar minerales económicamente explotables, podría solicitar el promotor del permiso, pues se trataría de otro expediente con una tramitación administrativa y ambiental propia".

Existen varios proyectos mineros más en la zona

Los ayuntamientos, asociaciones y particulares que han recurrido recuerdan la existencia de cinco proyectos mineros más en la zona del Valle del Corneja, argumentando que ya se han realizado suficientes labores de investigación en la zona siendo innecesaria la realización de nuevas calicatas

.A este respecto, el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Ávila, en informe de 21 de noviembre de 2022, manifiesta que «no constan derechos mineros previos ni investigación sobre el perímetro solicitado».