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Aplazado hasta septiembre el juicio por la venta de carne de caballo en mal estado a través de los mataderos de Toreno y Astorga

La Audiencia Nacional ha reagendado para el 12 de septiembre la vista que no ha llegado a iniciarse esta mañana

La Guardia Civil detiene en la localidad alicantina de Calpe a Johannes Fasen, un holandés que lideraba desde España una red que llevó a cabo la mayor estafa europea con carne de caballo no apta para el consumo. / EP

La Guardia Civil detiene en la localidad alicantina de Calpe a Johannes Fasen, un holandés que lideraba desde España una red que llevó a cabo la mayor estafa europea con carne de caballo no apta para el consumo.

Ponferrada

El tribunal de la Audiencia Nacional, que juzga a la trama acusada de vender carne de caballo a sabiendas de que no había pasado los controles sanitarios necesarios o de que los animales constaban como no aptos para el consumo humano ha aplazado este lunes la vista oral hasta el 12 de septiembre dado que uno de los acusados, Javier Fernández, ha renunciado al abogado asignado de oficio y aun no tiene quien le sustituya.

Será por tanto en septiembre, los días 12, 13 y 14, los que la Audiencia revise este caso que se remonta a 2016 y que tenía como base de operaciones los mataderos de las localidades leonesas de Astorga y Toreno. En ellos, se vendía la carne procedía de caballos de los que no se disponía documentación o que la que tenían evidenciaba que su carne no era apta para el consumo humano, es decir, que tenían lo que coloquialmente se denomina en el sector como "pasaporte rojo", que se "blanqueaba" con certificados de otros animales, algunos incluso muertos.

La fiscalía pide entre cuatro y nueve años y medio de prisión para los once presuntos integrantes de un «grupo criminal» investigados por participar en la venta de carne caballo en mal estado -algunas piezas incluso con restos de melanoma- que llegaron a exportar a otros países como Bélgica o Italia. Los hechos ocurrieron entre 2016 y 2017 y la Fiscalía de la Audiencia Nacional considera que son constitutivos de varios delitos contra la salud pública, uno de falsedad documental y otro de grupo criminal,

 
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