A juicio por un presunto fraude de etiquetado de lechazos con la vitola de la IGP
La Fiscalía pide tres años de prisión y una serie de sanciones económicas contra el empresario y su empleado, etiquetador autorizado por el Consejo Regulador, que supuestamente ‘colaron’ casi un millar y medio de animales que no debían llevar esta clasificación
Imagen de archivo de lechazos de IGP para la venta / AGENCIA ICAL
Salas de los Infantes
La Fiscalía de Burgos pide penas de tres años de prisión para el titular de una empresa de distribución de carne con sede en Salas de los Infantes y un empleado por un supuesto fraude continuado en el etiquetado de lechazos con la vitola de la IGP. El 4 de julio está señalada la vista oral del juicio que sentará a estas dos personas como acusados de determinados hechos presuntamente realizados entre enero de 2015 y agosto de 2016. Señala el escrito de la Fiscalía que alteraban el número real de lechazos que salían de la ganadería, aumentando su cantidad y los clasificaban con lechazos IGP en el libro etiquetador, tenido como destino siempre el matadero de Salas de los Infantes.
En esta causa están implicados tanto el administrador único de la empresa como su empleado, actualmente jubilado, que en su condición de etiquetador autorizado por el Consejo Regulador de la IGP lechazos de Castilla y León, le entregaba vitolas y etiquetas que acreditan la denominación de lechazo IGP y se las colocaba no solo a los lechazos que habían salido de la granja autorizada, sino también a otros lechazos que llevaba y que no tenían su origen en granjas autorizadas. Este trabajador, indica el Fiscal, “no solo no examinaba previamente los lechazos y decidía los que cumplen las condiciones de IGP , sino que ni siquiera los veía en el matadero, dando así por bueno el número de lechazos protegidos que constaban en el libro etiquetador, y que previamente había cumplimentado el empresario, coincidiendo con el número de lechazos que ponía en el volante de traslado, omitiendo su obligación de efectuarlo el mismo y sabiendo en todo momento que el número de lechazos que constaba escrito no era el real”.
El operador comercial, vendió los supuestos lechazos IGP en una carnicería de Burgos sin que hubiera quedado acreditado en debida forma que los adquirió bajo la creencia de que efectivamente eran auténticos.
Además de la petición de pena de prisión, que conlleva multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros, la Fiscalía solicita también una sanción económica que debería calcularse multiplicando por cuatro el beneficio obtenido con estas operaciones supuestamente fraudulentas. Igualmente propone la inhabilitación especial para el ejercicio del oficio de operador (tratante de ganado) de lechazos IGP y lechazos” Marca de garantía Tierra de Sabor” Castilla y León por un periodo de 3 años y una indemnización al Consejo Regulador en la cantidad que han sido tasados los lechazos supuestamente fraudulentos, que ascienden a 1.465.
