El Ayuntamiento de Aranda quiere regularizar la opción al teletrabajo

Aranda de Duero

El equipo de gobierno quiere regularizar la opción que tiene parte de la plantilla municipal arandina al teletrabajo. Es una fórmula que se puso en marcha, como en muchas empresas y otras administraciones, durante la pandemia y a la que podrían seguir acogiéndose determinados empleados municipales, dependiendo de sus circunstancias y de sus funciones laborales.

El equipo de gobierno quiere presentar a los sindicatos y al resto de los grupos políticos un borrador de reglamento en las mesas de negociación para configurar el documento definitivo, que debería aprobar el Pleno. Hasta la fecha se ha autorizado la opción de teletrabajar en algunos casos puntuales, con la autorización de la jefatura de servicio, como explica la concejal de Personal. “Algunos trabajadores lo han solicitado y depende siempre de que el jefe de servicio considere que lo puede hacer o no, porque hay tareas que no pueden teletrabajar, pero hasta ahora hay pocos expedientes iniciados”, comenta Viñas Ortuño

La herencia de polémicas decisiones de Personal

Es una de las tareas más inmediatas que tiene pendiente la nueva Corporación. El equipo de gobierno tiene previsto, por otra parte, la semana que viene realizar un proceso de mediación con el bombero que fue castigado por la anterior corporación con una suspensión de empleo y sueldo de siete meses en un polémico expediente que dio lugar a movilizaciones de sus compañeros.

El caso se encuentra en fase de recurso judicial, pero se va a intentar llegar a un acuerdo con este trabajador, que ha solicitado esta mediación. “Ahora mismo el proceso judicial está paralizado, pendiente del desarrollo de la mediación que se hará la siguiente semana, a ver si conseguimos llegar a un acuerdo con el bombero”, concluye la edil de Sentir Aranda.

En materia de personal la nueva corporación se ha encontrado también con otra polémica decisión adoptada por el gobierno municipal anterior, como fue el despido de la letrada urbanista, que se reincorporaba el lunes a su puesto de trabajo. La decisión le ha costado al Ayuntamiento una indemnización de 18.000 euros por daños morales, además de los salarios que ha dejado de percibir desde su baja, tras perder el recurso que presentó contra la Sentencia del Juzgado de lo Social de Burgos, que obligaba a readmitirla.