Un año en blanco para la Ciudad de la Justicia

Valladolid

Hace un año que nada se sabe de la Ciudad de la Justicia; en diciembre de 2022, el Ayuntamiento de Valladolid y el Ministerio de Justicia firmaban un acuerdo por el que se comprometían ochenta millones de euros y se preveía el inicio de las obras en 2024. Lo que entonces no se sabía es que iba a haber un adelanto electoral que provocaría la paralización de todo el proceso y que once meses después, seguiríamos prácticamente en le punto de partida.

Desde el consistorio vallisoletano nos aseguran que ya están resueltos todos los problemas con las parcelas que ocupará la futura sede judicial, tanto la del colegio del Salvador como la que pertenecía a Sanidad al formar parte del antiguo hospital Río Hortega; solo queda pendiente un mero trámite, su cesión al ministerio, algo que aseguran, podría haber hecho el anterior equipo de gobierno. Tras ese paso, inminente según insisten, esperan que el nuevo gobierno central contemple en los presupuestos de 2024 el dinero suficiente para arrancar con los proyectos.

Jueces y abogados, a la espera

Precisamente, Javier Carranza, el presidente de la Audiencia Provincial, espera que el nuevo gobierno se haga cargo inmediatamente de este asunto: "estamos esperando la constitución del Gobierno, el que sea, para recordar al Ministerio su compromiso firmado... hasta ahora no se ha podido porque no tenemos interlocutor, los gobiernos en funciones no toman ese tipo de decisiones".

Mientras, el decano del Colegio de Abogados de Valladolid, Javier Martín, confirmaba esa parálisis... y el desconocimiento de si se han dado nuevos pasos o no: "Desde la última vez que salimos explicando los problemas y el acuerdo que se firmó, debería haberse llevado a efecto el concurso del proyecto, perono sabemos nada".

Compromiso, no protocolo

La deseada firma del compromiso entre el Ministerio de Justicia y el Ayuntamiento de Valladolid para la construcción de la Ciudad de la Justicia llegó el 20 de diciembre de 2022. Tras casi una década de retrasos y falta de de financiación para sacar el proyecto adelante, se asentaban al fin las bases para dotar de medios y fechas concretas a este proyecto.

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Se habló entonces de ochenta millones de euros; la mayor parte, casi 70 millones, estaría destinado a las obras para su construcción mientras que el resto se repartiría entre la elaboración del proyecto, la dirección de obra, la implantación (amueblamiento, mudanza...) y el aparcamiento subterráneo.

Para llegar a esa firma tuvo antes que darse una contundente reacción por parte del anterior alcalde; Óscar Puente llegó a dar un ultimátum al Ministerio de Justicia ante la inacción en este asunto. "Todo tiene un límite, se ha colmado el vaso", aseguró Puente después de que los Presupuestos Generales del Estado contemplaran 200.000 euros para el proyecto. El entonces primer edil convocó a todo su equipo de gobierno para suspender todo lo relacionado con el proyecto.

Sin embargo, días después dio marcha atrás y logró rubricar ese compromiso con Justicia... una declaración de intenciones que no convenció a la entonces oposición. Desde el PP, entonces en la oposición, calificaban el compromiso de "tomadura de pelo". Pilar del Olmo, presidenta entonces del Grupo Municipal Popular, defendía que no era vinculante y que los presupuestos generales continuaban sin modificaciones para dotar con más dinero a la futura Ciudad de la Justicia.