Ribera del Duero

El Consejo Regulador Ribera del Duero se declara contrario a la implantación de industrias relacionadas con el biogás en la comarca. A finales del mes pasado, en una reunión mantenida con representantes de la Asociación de Vecinos de Milagros, la de Amigos del Riaza y la Asociación de Amigos de Fuentelcésped y la alcaldesa de Fuentespina, este órgano se comprometió a abordar esta cuestión en el siguiente pleno, del que ha salido un posicionamiento donde defiende los intereses del sector vinícola frente a la llegada de lo que califica como “proyectos perjudiciales” para esta Denominación de Origen, en línea con su objetivo de “salvaguardar el patrimonio natural y la identidad de la Ribera del Duero”.

Ya en octubre de 2021 este órgano se expresó en términos prácticamente idénticos para marcar su posición contraria a la implantación de macrogranjas porcinas dentro de la zona de producción amparada por la Denominación de Origen. Ahora lo que hace es incorporar en el mismo paquete a las plantas de biogás.

Así lo explica en un escrito en el que expresa “su preocupación ante la instalación de proyectos de ganadería intensiva y plantas de biogás de tratamiento de purines” próximas a terrenos de viñedo y junto a proyectos enoturísticos. Señala que desde el órgano regulador se respetan aquellas iniciativas empresariales que contribuyen al desarrollo de la zona, siempre y cuando su establecimiento no ponga en peligro el principal motor económico de la comarca, como son los proyectos en torno al vino y el enoturismo.

Su posicionamiento es contundente, al afirmar que “el Consejo Regulador y los operadores inscritos de la Denominación no entienden, ni pueden compartir, que se establezcan instalaciones de ganadería intensiva y últimamente plantas de biogás, en entornos que se caracterizan por su importancia medioambiental, patrimonial y cultural, porque ponen en serio riesgo la subsistencia de los proyectos vitivinícolas, a los que de alguna manera invaden, y dificultan el desarrollo de futuros proyectos enoturísticos que contribuyan al crecimiento económico y social de la zona.

En consecuencia, se declara contrario a la implantación de lo que califica como “industrias excluyentes”, junto a otras instalaciones o cultivos ya operativos y consolidados que se verán desplazadas o directamente destruidas al no tener alternativas. Argumenta que estos proyectos (tanto las macrogranjas como las plantas de biogás) “no puede ampararse en el ejercicio del derecho de libertad de empresa, puesto que precisamente implica que el titular de la actividad excluyente prive a los demás del ejercicio de ese derecho” y añade que “no se trata pues de una incompatibilidad en la que ambas partes están en pie de igualdad y se excluyen mutuamente, sino de una actividad que invade con sus emisiones el ámbito de la otra, impidiéndola continuar con su actividad, sólo porque normativamente pueden hacerlo.

Concluye diciendo que seguirá defendiendo los intereses de sus viticultores y sus bodegueros ante las administraciones y las instancias que considere oportuno, con el objetivo de intentar evitar la degradación de la imagen de la región vitivinícola de Ribera del Duero y que es “urgente evitar la instalación de cualquier proyecto que ponga en riesgo o dañe la principal fuente de riqueza de la zona, que es además uno de los grandes motores de la economía de Castilla y León y un símbolo de la gastronomía y la cultura del país, y que no se puede deslocalizar.”

Próxima manifestación en Madrid

Desde la Asociación de Amigos de Fuentelcésped expresan su satisfacción por esta postura, que entienden que responde a la insistencia de los vecinos que temen por los efectos negativos en la viticultura de estas plantas. “Damos las gracias al Consejo Regulador por haberse implicado con los viticultores y bodegueros, porque esto está haciendo mucho daño a la Ribera del Duero: no solamente nos contaminan, sino que perjudican a nuestros pueblos, porque la poca gente que somos se va a acabar yendo y se devalúan nuestras viviendas”, expresa Mar Serrano, la presidenta, que anuncia que se está preparando una manifestación en Madrid a la que acudirán representantes de poblaciones que se sienten desprotegidas por las administraciones frente a la expansión de este tipo de negocios en el medio rural. “Queremos una legislación justa, que no afecte solo a pueblos pequeños que apenas están apoyados por las Comunidades autónomas, pero para traernos mierdas sí”, lamenta Serrano.