Sigue el peregrinaje de las castellanas y leonesas para ejercer su derecho al aborto

Valladolid

Las mujeres de Castilla y León tendrán que seguir peregrinando de una provincia a otra -incluso a otra comunidad en el caso de Soria- si quieren ejercer su derecho, reconocido por ley, a interrumpir su embarazo. Sanidad insiste en sacar a licitación este servicio, es decir, ponerlo en manos privadas, con lo que incumple deliberadamente la ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, que fue modificada en 2023 precisamente para garantizar que este derecho se preste en centros públicos.

Pero la realidad es que en Castilla y León solo dos, en Burgos y en Miranda, ofrece esta posibilidad. Ahora, la consejería de Sanidad licita de nuevo estas intervenciones por más de 600.000 euros en tres años en la provincia de Valladolid, donde en los últimos años se han atendido a las pacientes de varias provincias en la clínica Ginemédica.

Desde la Sociedad Española de Contracepción lamentan que lo que debería ser la excepción, en Castilla y León se haya convertido en la norma. El obstetra Abel Renuncio insiste en los beneficios de ofrecer este servicio lo más cerca posible a la paciente: "Estamos a la cola de ese poder ofertar ese derecho en la sanidad pública, que tiene ventajas indudable, como la cercanía y ventajas también en la confianza que se las da al poder darlo en su ámbito conocido en su hospital de referencia".

Tener que desplazarse a otra provincia o comunidad autónoma supone problemas de demora en el acceso, pero también tiene implicaciones psicológicas para las mujeres: "Esto implica una mayor penosidad para mujeres que quieren resolver ese embarazo en el menor plazo posible y en el ámbito más cercano posible".

Unos problemas que se agudizan en el caso de las mujeres que se encuentran en situación vulnerable: "Hay mujeres que ese desplazamiento tiene complicaciones económicas, personales, laborales o de cuidados a los que tienen que hacer frente las mujeres".

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Coordinadora de Mujeres

La Coordinadora de Mujeres de Valladolid lamenta que de nuevo se pierda la oportunidad de revertir la situación. Creen que esta forma de proceder de la consejería impide ofrecer este derecho en igualdad de condiciones a todas las mujeres de la comunidad. Por eso, su portavoz, Yolanda Martín, pide que la Junta implemente las medidas necesarias para que los hospitales públicos comiencen a ofrecer este servicio: "Lamentamos que un servicio como este se externalice cuando debería darse desde la sanidad pública y que todas las mujeres tengan los mismos derechos".

Críticas del PSOE

Para el Grupo Parlamentario Socialista es el Partido Popular quien no reconoce este derecho y, por lo tanto, torpedea su desarrollo en la comunidad. Es más, la procuradora Patricia Gómez Urbán recuerda que, según datos ofrecidos por la propia consejería de Sanidad, de los 216 ginecólogos que hay en la comunidad, 40 no son objetores de conciencia, con lo que las interrupciones voluntarias del embarazo se podrían hacer en hospitales públicos sin problema: "Al final el PP lo que hace es plasmar lo que le parece esta ley y que no está de acuerdo con que las mujeres podamos ejercer nuestro derecho; de hecho en el portal de la Junta sigue colgado el protocolo antiaborto que intentaron poner en marcha y que paró el Gobierno de España."