La falta de rentabilidad del cereal vuelve a sacar a las organizaciones agrarias a la calle

Valladolid

Las organizaciones profesionales agrarias Asaja y UPA-COAG retoman este viernes su calendario de movilizaciones, que se inició el pasado 11 de octubre frente a la Delegación del Gobierno en Castilla y León, para pedir medidas que garanticen la “rentabilidad” de las explotaciones agrarias, especialmente las cerealistas, y exigir el veto del Gobierno de España al acuerdo que la Unión Europea está ultimando con los países del Mercosur.

Aseguran que ya no es rentable y culpan principalmente a los elevados costes de su producción y al producto llegado a de otros países, defienden que es "otro palo más en la rueda" y piden que pase los mismos controles que el producto local.

Actualmente, perciben 200 euros por cada tonelada producida pero el coste se dispare a 600 euros por hectárea, lo que obliga a obtener unos rendimientos de 3.000 euros por hectárea “solo para igualar” y 3.500 “para ganar algo”. Sin embargo, el rendimiento medio por hectárea se suele situar en los 2.500 kilos en muchas zonas de Castilla y León, lo que hace que la sementera se resienta porque “no salen las cuentas ni aún teniendo buena cosecha”.

La protestas, según revelaron los responsables autonómicos de las tres organizaciones agrarias, se desarrollará frente a la “mayor fábrica de harinas de España” que la empresa catalana Villafranquina tiene en la localidad abulense de Arévalo, si bien a las 12.00 horas se partirá de allí hacia la sede de la empresa Octavio Palomo para protestar también por el precio actual de los fertilizantes, que triplica los costes de producción del sector cerealista con respecto al valor obtenido en los mercados.

El objetivo, tal y como señalaron Donaciano Dujo, Lorenzo Rivera y Aurelio González, es forzar “gestos” de las empresas operadoras del mercado para que eviten “la ruina” que las tres organizaciones profesionales agrarias aseguran que afronta el sector cerealista de Castilla y León, lo que está llevando a una reducción en el terreno sembrado que puede caer por debajo de 1,6 millones de hectáreas en la campaña ya en marcha.

"Peor es imposible que sea"

Las organizaciones agrarias ya han explicado sus expectativas respecto a la nueva ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.

Donaciano Dujo, asegura que la nueva ministra “tiene que cambiar drásticamente la política ideológica medioambientalista” de la que acusó a Ribera para hacer, a partir de ahora, “políticas de consenso” en materia hidráulica y de medio ambiente. Espera “consenso” en la elaboración del próximo Plan Hidrológico de la cuenca del Duero frente al “rechazo” que supuso el anterior para el sector primario, y para la elaboración de la nueva PAC, pidió que la filosofía cambie “de la restricción a la producción”.

También consideró importante que Aagesen tenga “un gesto importantísimo” con el sector primario de la Comunidad derogando la orden de septiembre de 2021 que prohíbe el control del lobo al norte del río Duero.

En la misma línea se expresó el coordinador autonómico de COAG, Lorenzo Rivera, que además de esa interlocución espera que “sea capaz de cambiar las cosas” en la legislación sobre el control del lobo, “ahora que se conocen los censos”, puesto que la actual “ha sido muy perjudicial”. Insiste en el apoyo al sector primario en sus prácticas medioambientales “de siempre”, puesto que agricultores y ganaderos son “los primeros interesados en mejorar el clima porque somos los primeros a los que nos perjudica” su degradación”. “Con poco que haga, lo va a hacer mejor que su antecesora”, concluyó.

Por último, el secretario general de UPA en la Comunidad, Aurelio González, dio margen a la nueva responsable para la Transición Ecológica del Gobierno, ya que “primero habrá que conocerla”, pero reafirmó las palabras de sus homólogos en las opas de la Comunidad al exigir “sobre todo interlocución”.