El PP asegura haber actuado con transparencia y apego a la legalidad en el 'caso de las gastronetas'

Burgos

El equipo de gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Burgos desmiente las acusaciones del hostelero que ha quedado fuera de la feria de gastronetas de las fiestas, niega presiones de un asesor de alcaldía para que no participase y defiende el procedimiento seguido, conforme a la norma de ocupación de suelo público.

A través de un decálogo que fija la posición del grupo popular, que el vicealcalde Manuel Manso ha dado lectura, se califica de falsedades las denuncias del empresario y acusa a la oposición socialista de intoxicar a la opinión pública con bulos y mentiras.

Manso asegura que las resoluciones administrativas corresponden a los funcionarios, y los políticos y sus asesores, al menos los del PP, subraya Manso, no intervienen en los procedimientos reglados.

El vicealcalde, sin embargo, justifica la llamada del asesor, que no funcionario, Fran Salvador Luengo, al hostelero Alvar Barriocanal, en que tenía que pedirle aclaraciones sobre la solicitud para instalar su foodtruck en la llamada 'Isla Fantasía' del paseo de La Isla en las próximas fiestas, porque no se entendía lo que estaba pidiendo.

Manso garantiza que el empleado eventual no puede ofrecer nada, y le cree, ha dicho de forma literal, "a pies juntillas".

Una nota del grupo popular posterior a la comparecencia del vicealcalde señala que, "ante las dudas surgidas tras una pregunta realizada al vice portavoz del Grupo Municipal Popular en rueda de prensa, aclarar que al hostelero no se le ofrece en ningún momento un cambio de ubicación para garantizarle la explotación de un emplazamiento durante cuatro años, sino que se le ofrecen otras alternativas disponibles para las mismas fechas por si fueran de su interés, tal y como se ha hecho con otros empresarios interesados en participar en fiestas".

La nota no especifica si el ofrecimiento partió del asesor de alcaldía. Con todo, Manuel Manso sostiene que si alguien ha cometido una ilegalidad ha sido el hostelero al grabar la conversación con el asesor de alcaldía, pero el vicealcalde no pierde la ocasión para la crítica política.

El vicealcalde explica que, cuando hay un solo solicitante, la ley permite la adjudicación directa, pero si hay más interesados, es preceptivo abrir un procedimiento de concurrencia competitiva y unas bases que lo regulen.

Rechaza que esas bases buscaran perjudicar al hostelero, cuyo recurso ante el propio ayuntamiento, ha sido desestimado. Manso le insta a llevar el caso al juzgado o a la Fiscalía si cree que han sido vulnerados sus derechos. Presume de que el PP "ha dado la cara" en este asunto, y vuelve a la crítica contra el gobierno socialista.

El equipo de gobierno, no obstante, valorará la denuncia judicial contra el hostelero por falsedades.

La concejala socialista Blanca Carpintero asegura que ha oído la grabación en la que un miembro del equipo de la alcaldesa intenta que un hostelero retire su oferta para instalar una gastroneta en los Sampedros y le ofrece alternativas.

La edil socialista reconoce que es el afectado el que tiene que decidir si denuncia lo ocurrido por vía judicial. A priori, insiste en que tiene el aspecto de un presunto delito.

Asegura que en este caso no ha habido libre concurrencia, porque se ha aprovechado información de las dos solicitudes para dejar una de ellas fuera y ajustarse a las condiciones que planteaba la otra oferta.

El grupo socialista llevará el asunto a debate al próximo pleno, insiste en que Ayala debe despedir al empleado que medió con el hostelero y no descarta otras vías para que se aclare el asunto.