Las personas trans de Valladolid, en un limbo al negarse el Río Hortega a hacer operaciones de reafirmación de género
CCOO asegura que una ley autonómica podría atajar estas situaciones
Bandera trans / Vladimir Vladimirov
Valladolid
CCOO denuncia que el Hospital Río Ortega no está cumpliendo con sus obligaciones como hospital público y exige a la Consejería de Sanidad que garantice, de manera inmediata, el acceso a las cirugías de reafirmación de género, recogidas en la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y que forma parte de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud.
En la actualidad, este centro no ofrece estas intervenciones, lo que significa que no se están respetando los derechos de las personas trans en esta ciudad, una atención sanitaria básica, que está reconocida como un derecho.
Recibe la Newsletter diaria de Cadena SER
Toda la información que necesitas para empezar el día
“Exigimos que cesen las prácticas discriminatorias dentro del Hospital, ya que este derecho a la atención integral de las personas trans, se está vulnerando” señala Laura Mayo, secretaria LGTBIQA+ de CCOO de Castilla y León, que además recuerda que la comunidad no tiene una ley autonómica específica, siendo de las pocas autonomías sin normativa propia sobre derechos trans, lo que agrava la falta de protocolos y desigualdad de trato en el sistema sanitario.
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
CCOO denuncia que el Hospital Río Ortega no cumple con las cirugías de afirmación de género que garantiza la Ley Trans
En otras provincias de Castilla y León si se está realizando la atención integral a las personas trans, como en Salamanca, Burgos o León, lo que se le comunicó a la ministra el pasado 12 de julio.
Es más, tal y como denuncia el sindicato, las personas que están en esta situación no pueden recurrir a otras provincias porque el centro no les deriva, por lo que quedan en un limbo administrativo que atenta contra sus derechos.
“La invisibilización sistemática de las personas trans en los servicios de salud es una forma de violencia institucional, que debe cesar” recalca Laura.
Falta una ley
Después de años reclamando una ley específica en la comunidad -Castilla y León es la única del país que carece de un texto normativo de estas características- las Cortes de Castilla y León acordaron el pasado mes de junio la toma en consideración de la proposición de ley de igualdad real y efectiva de las personas LGTBI+ presentada por el Grupo Socialista.
Contó con el voto a favor del resto de la oposición, excepto Vox que se quedó solo, ya que el PP, al final, optó por la abstención, facilitando así su tramitación.
En dicha sesión parlamentaria, en el turno para fijar posición, PSOE, UPL-Soria Ya, Podemos, Por Ávila y Francisco Igea recordaron que Castilla y León es la única comunidad sin una legislación propia en diversidad sexual, dado que la ley elaborada en 2021 está bloqueada, mientras que el PP mantuvo que no se oponen a esta norma pero, a la vez, aseguró que sus derechos están garantizados por la Constitución, el Estatuto de Autonomía y la norma estatal.
Qué plantea el texto
La proposición de ley que se envió a la Comisión de la Presidencia para seguir con su tramitación, aunque ya no en este periodo de sesiones que concluyó el 30 de junio, tiene por objeto garantizar plenamente el derecho a la igualdad real y efectiva, en los ámbitos público y privado, de las personas lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales, o que manifiesten cualquier tipo de diversidad sexual y evitar su discriminación por esa consideración.
Entre sus novedades, la inclusión del sexilio, que define como el fenómeno social por el que las personas LGTBI+ se ven obligadas a emigrar por acciones discriminatorias por razón de su orientación sexual, identidad o expresión de género, por su desarrollo sexual o pertenencia a familias LGTB1+. El concepto también incluye a aquellas personas que son discriminadas por ser percibidas como personas LGTB1+.
En sanidad, garantizar que todas las estrategias, planes, programas y actuaciones que desarrollen en el ámbito de las políticas sanitarias incorporen las necesidades particulares de las personas LGTBI+ o promover unidades o servicios de investigación y atención sexológica y biopsicosocial para mejorar el acceso a pruebas médicas específicas de prevención e intervención de infecciones de transmisión sexual o genital, entre otras.
También, estará garantizado el acceso a las técnicas de reproducción humana asistida, siendo beneficiarías de manera individual todas las mujeres, hombres trans y personas con capacidad de gestar, así como sus parejas, si las tuvieran, con independencia de su estado civil y en régimen de igualdad y no discriminación.
