"Está delinquiendo todo el tiempo": el fiscal de la 'trama eólica' insiste en la corrupción en la cúpula de la Consejería de Economía

Valladolid

Rechazada la petición de nulidad del proceso que reclamaban las defensas, remitida a la sentencia la petición sobre la prescripción de algunos delitos imputados a los trece acusados, el mayor caso de presunta corrupción política y empresarial en la historia de Castilla y León sigue adelante. Dos días han durado las cuestiones previas: los argumentos de los representantes legales de quienes ocupan el banquillo de los acusados y los de quienes les acusan y les piden penas de cárcel que, en conjunto, superan los 130 años de cárcel e indemnizaciones de más de 800 millones de euros.

Trece personas ocupan el banquillo de los acusados. De hecho, no hay banquillo como tal porque son tantos los presuntos responsables en la llamada 'trama eólica' que ocupan también el espacio que habitualmente se reserva para el público en la sala de vistas de la Audiencia Provincial de Valladolid. Su Sección Cuarta es la encargada de dilucidar qué ocurrió con el procedimiento administrativo para conceder licencias de parques eólicos en la comunidad y si existió un acuerdo entre políticos y empresarios para el pago de 'mordidas' a cambio de facilitar esos permisos con la condición de incluir en el accionariado de las promotoras a empresas locales.

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En la segunda jornada dedicada a la exposición de las cuestiones previas hubo oportunidad de escuchar las contundentes afirmaciones del fiscal anticorrupción Tomás Herranz. Señaló directamente al principal acusado, el ex viceconsejero de Economía, Rafael Delgado. También a su jefe inmediato, el fallecido consejero Tomás Villanueva. Y a un directivo -en aquel momento- de la empresa Iberdrola. Herranz destacó que había un "acuerdo" y que, en concreto, Delgado estuvo "delinquiendo todo el tiempo" que ocupó el cargo. Fue un "continuum", llegó a indicar el representante del Ministerio Público.

Así, vino a desmontar las peticiones de la defensa de Delgado sobre la prescripción del delito de cohecho que pesa sobre él. Algo que los magistrados decidirán en la sentencia, tal y como apuntó el presidente de la Sala cuando explicó que otra de las demandas de los letrados que ejercen los intereses de los acusados -la petición de nulidad- se iba a la papelera, de manera que este macrojuicio -finalizará en principio en enero de 2026- seguirá adelante.

Ahora habrá un parón hasta el 6 de octubre. Será a partir de esa fecha cuando empiecen a desfilar por la Audiencia Provincial unos 80 testigos y una veintena de peritos. Una vez escuchadas sus explicaciones llegará el turno de los acusados. Después las partes elevarán sus conclusiones a definitivas y se concederá el derecho a la última palabra. En el anterior caso de este tipo que pasó por los juzgados, el de la Perla Negra y los terrenos de Portillo, sólo Rafael Delgado fue el que la ejerción. Y es que este ex alto cargo de la Junta vuelve a estar en el punto de mira de la Justicia. Ya fue condenado por aquel asunto. Como este, la acción judicial ha sido lenta ya que algunos de los hechos que se ponen bajo la lupa sucedieron hace casi 20 años.

La 'trama eólica' tiene su origen cuando la Junta de Castilla y León entendió que el sector de las energías renovables y en concreto el eólico facilitaba la diversificación de actividades para las empresas de la Comunidad, por lo que decidió favorecer la entrada de sociedades locales en las promotoras de parques eólicos.

El plan consistía en exigir a los promotores cuyos parques tenían visos de salir adelante, bien por el avanzado estado de la tramitación de sus expedientes o bien por hallarse en zonas donde no había competencia, ceder o permitir la participación de empresas locales bajo la amenaza de no obtener la necesaria autorización, participación que debía ser cercana a al 40 por ciento. Hasta que no estaba garantizado todo esto no se daba la luz verde. Y para justificar esta paralización se decidió crear una nueva fase en el procedimiento administrativo llamada "competencia por evacuación" que sólo superaban aquellos parques que incluían un socio local, y es a partir de ahí donde el auto judicial señala a todos aquellos empresarios a los que el principal acusado benefició, presuntamente, con la autorización de las tramitaciones.