La Audiencia Provincial inicia el 9 de marzo el juicio contra la funeraria El Salvador por presunta estafa
Se prolongará hasta principios de junio y en total están previstas 34 sesiones y casi 250 testigos
Imagen de archivo de la operación Ignis / Nacho Gallego (EFE)
Valladolid
El próximo 9 de marzo arrancará en la Audiencia Provincial de Valladolid el juicio contra la funeraria El Salvador por la presunta estafa destapada por la Policía Nacional en el marco de la ‘Operación Ignis’. La familia propietaria se enfrenta a penas que suman 80 años por delitos de organización criminal, estafa y blanqueo de capitales.
En una diligencia de la Sección Cuarta de la Audiencia, se establece 34 sesiones, por las que están previsto que pasen 245 testigos, la mayoría afectados, además de agentes del CNP, funcionarios del Servicio de Aduanas y peritos. A partir del 20 de mayo será el turno de los 23 acusados, mientras que para las conclusiones definitivas de las partes se han reservado los días 3,4 8 y 9 de junio.
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En total, la Fiscalía solicita condenas que rondan los 200 años de cárcel por el supuesto fraude que consistía en el cambiazo de ataúdes por otros más baratos entre los años 1995 y 2015. Las penas más duras que registra el fiscal son para la mujer del fallecido empresario: María del Rosario V.L. También para sus hijos: Ignacio, Laura y María del Rosario M.V., que se enfrenta cada uno a 20 años de cárcel.
El Ministerio Público solicita cinco años de cárcel por constitución de organización criminal; siete años y seis meses para cada uno por un delito continuado de apropiación indebida en relación de concurso medial con el delito continuado de estafa y siete años para cada miembro de la familia por blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil. Además, se pide seis meses para cada uno por un delito continuado contra el respeto a los difuntos.
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Hora 14 Valladolid (28/10/2025)
Cabe recordar que el pasado mes de mayo la Audiencia Provincial desestimó los recursos de súplica interpuestos por las acusaciones particulares contra la reagrupación de acusaciones, manteniendo el mandato del juez. De esta manera, cada letrado acusador deberá representar a un mínimo de 54 fallecidos, con el fin de “facilitar el desarrollo del juicio” y evitar dilaciones indebidas.
El tribunal concedió un plazo para que las familias se reagruparan “voluntariamente” para llegar a ese mínimo. Con ello, según se destacó desde el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSCyL), no se suprime “completamente el derecho de defensa y asistencia letrada, sino que se modula su ejercicio en atención al interés general, además con favorecimiento de la igualdad y equilibrio entre todas las partes, acusadoras y acusadas”.
Se calcula que son más de 1.300 los posibles afectados por el cambiazo de féretros en los crematorios de Grupo El Salvador. Más de 900 denuncias han llegado desde Comisaría y el resto directamente al juzgado.
