La futura supresión del peaje en las autopistas AP-6, AP-51 y AP-61, en el aire hasta 2029

La secretaria general del transporte terrestre del Ministerio de Transporte, Rocío Báguena dijo ayer en el Congreso de los Diputados que el gobierno no ha tomado una decisión definitiva sobre el modelo futuro de gestión de estas carreteras, la AP6, AP51 y AP 61 una vez que en 2029 finalice la actual concesión de estas vías como autopistas de Peaje.

Declaraciones durante su comparecencia en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible a una pregunta del Diputado del PP por la provincia de Ávila, Héctor Palencia, que acusa al gobierno de haber pactado con la Unión Europea ampliar siete años más el peaje a partir de 2029 para compensar a la empresa por la reducción que se tuvo que realizar en la concesión tras una sentencia del tribunal de la Unión Europea en el año 2010.

Rocío Báguena, durante su intervención, reconoció que el asunto presenta "cierta complejidad" y aseguró que "esta concesión fue adjudicada en el Real Decreto 1724-1999, estableciéndose una duración de la concesión dentro de un mínimo de 32 años, plazo con el que finalizaría la concesión el 19 de noviembre de 2031, y un máximo de 37 años, plazo en el que finalizaría concesión el 19 de noviembre de 2036".

En este sentido, la secretaria general explicó que cuando se firmó esta concesión se estableció que "la duración exacta de la misma se debía fijar cuando transcurriese veinte años desde su inicio, es decir, en noviembre de 2019, para tomar en consideración la evolución real del tráfico". Antes de llegar a esa fecha, en abril de 2010, el Tribunal de Justicia de Unión Europea emitió una sentencia en relación con la adjudicación de la mencionada concesión realizada en año 1999 por el Gobierno del Partido Popular, según el lo cual el Gobierno de España "vulneró las directivas sobre contratación pública".

Durante su intervención, el diputado Héctor Palencia acusó al gobierno de no entregarle la documentación de ese supuesto acuerdo e hizo público una comunicación del Defensor del Pueblo con el Ministerio de Transportes, en la que se recoge "la licitación de una nueva concesión para sufragar los costes necesarios para compensar a la actual concesionaria por la reducción de plazos de 7 años en cumplimiento de la sentencia de la Unión Europea", lo que, a juicio de Palencia significa que van a poner un peaje de siete años más, hasta el 2036, para pagar el coste del rescate de la autopista AP-6, AP-51 y AP-61.

¿Fin del peaje en Ávila para 2029? Cronología de uno de los peajes más largos y caros...

El peaje de la AP-6, en el tramo que conecta Madrid con Ávila tiene un coste medio actualmente de 15,15€ para vehículos ligeros y 30,45€ para vehículos pesados de dos ejes, según los precios vigentes desde enero de 2024. Este tramo va de Villalba a Adanero, y la gratuidad completa de la autopista está prevista para 2029.

El gobierno se ha puesto manos a la obra para intentar que varias autopistas de peaje que rodean a Madrid sean gratuitas. Esto no sucederá en ningún caso antes del 19 de noviembre de 2029, que es cuando termina la concesión privada de todas ellas, en manos de Abertis.

Pero la AP-6, a su paso por la provincia de Ávila, continúa en el punto de mira: el Ministerio de Transporte pide elaborar un informe para eliminar su peaje de una historia que se remonta a hace 57 años.

El Boletín Oficial del Estado publicó el 29 de enero de 1968 el Real Decreto que adjudicaba a Ibérica de Autopistas (IBERPISTAS) las obras de construcción de la autopista Villalba-Villacastín y su explotación durante un periodo de 50 años a contar desde el mismo día de su publicación. El 29 de enero de 2018 se cumplieron esos 50 años y la autopista debía haber dejado de ser de explotación privada para ser gestionada por el Estado.

Pero en el año 1999 el Ministerio de Fomento concedió a Iberpistas la construcción de la AP-51, la AP-61 y el tercer túnel de la AP-6, prolongando esa concesión por un periodo comprendido entre los 32 y los 37 años.

Cabe recordar que en 2012, un real decreto firmado por la entonces ministra de fomento, Ana Pastor del Partido Popular, determina que hay que compensar a la empresa concesionaria por esos siete años en los que se redujo la explotación de la carretera debido a la sentencia judicial.

Y dispuso que para sufragar esa compensación se vuela a sacar a licitación la explotación de la autopista por ese mismo periodo de tiempo, siete años, a contar desde el fin de la adjudicación formal que será en 2029.

Ese Real Decreto emana del acuerdo al que llegaron el gobierno de España un año antes, en 2011, cuando gobernaba en Partido Socialista con José Luis Rodríguez Zapatero como presidente, con la Comisión Europea para cumplir la sentencia.

En el año 2010, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitió una sentencia, que se produjo por una denuncia del sindicato CCOO y la Asociación Centaurea, que condenó al Reino de España por vulnerar la normativa de contratación pública cuando se adjudicó la explotación de las autopistas, decisión que en su día tomó el gobierno de José María Aznar, del Partido Popular.