Los 247 municipios de la provincia de Ávila tendrán planes de defensa ante incendios en 2027

Los 247 municipios de la provincia de Ávila tendrán planes de defensa ante incendios para poner el foco en la prevención, el control y la respuesta y tratar de contrarrestar así las consecuencias de fuegos como los que asolaron el la provincia y la región el pasado verano, especialmente agresivos y virulentos.

La Diputación de Ávila y el Grupo TIDOP (Tecnologías de la Información para la Digitalización Inteligente de Objetos y Procesos) de la USAL han ampliado el convenio existente entre ambas instituciones para acometer la redacción de estos planes municipales de emergencias.

Esta herramienta práctica, complementará los planes de inundabilidad y el propio Plan Territorial de Emergencias de Ávila con el objetivo de "garantizar la principal premisa que puede dar la institución a sus vecinos, que es la seguridad", Carlos García, presidente de la Diputación de Ávila.

Está planteado comenzar este mismo invierno con los 35 municipios de Ávila que, según el Plan Especial de Protección Civil ante emergencias por incendios forestales en Castilla y León (Infocal) de la Junta, presentan "más riesgo" ante los incendios, la mayoría de ellos ubicados en el Valle del Tiétar, con la previsión de que en el año 2027 "cuente con un plan de defensa el cien por cien" de los pueblos abulenses.

De los 247 municipios de la provincia, 87 tienen un máximo riesgo en el interfaz urbano-forestal, según se establece dentro del Plan Especial de Protección Civil ante emergencias por incendios forestales en Castilla y León.

Los nuevos planes permitirá además reforzar las labores de prevención y ordenación del territorio, dotando a los ayuntamientos de herramientas jurídicas para intervenir en zonas abandonadas. “La Diputación ha puesto a disposición de todos los municipios una ordenanza para regular esos terrenos que, en principio, están abandonados dentro de zonas urbanas, de modo que el Ayuntamiento pueda instar obligatoriamente a los propietarios a su limpieza o, en su defecto, ejecutarla directamente”, ha explicado el presidente de la institución provincial.

Este ámbito concentra “los mayores riesgos de propagación de incendios y requiere una atención especial”. Los términos municipales incluyen urbanizaciones aledañas que “también habrá que vigilar especialmente y tener en cuenta en esos planes de defensa”, ha apuntado.

El profesor y director del Grupo TIDOP de la USAL, Diego González Aguilera ha explicado que estas herramientas "ayudarán a defendernos de estos incendios tan agresivos" de la mano de "la ciencia y la tecnología", al entender que "con los medios humanos y los recursos no es suficiente".

González Aguilera ha explicado que tras los incendios de los últimos años "nos hemos dado que hay otros factores que se nos escapan” como "el papel que juega la atmósfera dentro de los incendios".

En este contexto, los nuevos planes permitirán “gestionar el territorio, los ecosistemas y las interfaces urbano-forestales de una forma inteligente”, una estrategia que considera “la llave para que estos incendios se puedan combatir”.

El director del grupo TIDOP ha destacado el carácter "pionero" de estos trabajo y ha insistido en la importancia de "la prevención". Según el profesor González Aguilera "los datos de este verano lo demuestran: o gestionamos antes el territorio y nuestros ecosistemas, o estamos perdidos. Los medios y recursos ayudan a apagar los incendios, pero no son suficientes”.

En este sentido, González Aguilera ha apuntado que se han llegado a “medir 10.000 kilovatios por metro durante algunos incendios, una energía que ni un ‘terminator’ soportaría delante de las llamas”, por lo que “se está en el límite humano para poder hacer frente a los incendios”, por lo que “o prevenimos y gestionamos el territorio, o no hay medio material ni humano que pueda enfrentarse a eso”.

Estos trabajos se coordinarán con el Plan Territorial de Emergencias de Ávila (PLATEA), que ya integra actuaciones ante incendios, inundaciones, accidentes de tráfico y emergencias químicas.

Tras la ampliación del convenio, se destinarán 150.000 euros en este año y 180.000 euros para el próximo cuando todos los pueblos contarán con planes de emergencias.