La Junta garantiza el paso a gestión pública del operativo contra incendios tras tumbar las Cortes los dos decretos

Valladolid

Habrá paso a gestión pública del operativo contra incendios de Castilla y León. La Junta garantiza que así se hará pese a tumbar las Cortes este miércoles, con los votos de toda la oposición, y también el rechazo de los sindicatos, dos decretos en materia de gestión forestal.

Carlos Fernández Carriedo, portavoz de la Junta, ha garantizado, en la rueda de prensa tradicional tras la reunión del Consejo de Gobierno, que las medidas que no necesiten rango de ley se harán. Estas son, por ejemplo: el paso a gestión pública del operativo, el paso de fijo discontinuo a fijo todo el año del personal y la adquisición de más medios de cara a la campaña del año 2026.

De este modo, cuando en 2026 comiencen a finalizar los contratos del operativo con las empresas privadas, éstos no serán renovados y la contratación se realizará con la empresa pública Tragsa.

No se podrán realizar algunas de las medidas incluidas en el decreto, ya derogado, porque para hacerlas es necesario una norma con rango de ley: son, por ejemplo, la creación del nuevo Cuerpo de Agentes Medioambientales del Grupo B y los complementos retributivos asociados y la categoría de bombero forestal.

La Junta defiende su forma de actuar con la presentación de estos decretos al entender que primaba la "urgencia" en la aprobación de estas medidas. Carriedo compromete que se hará todo aquello que se pueda hacer sin necesidad de una norma que lo ampare: "Asegurar que el operativo funcione todo el año, tal y como habíamos comprometido; que el operativo sea público, que era el compromiso que había asumido el presidente de la Junta de Castilla y León; y también el refuerzo de medios", enumera el portavoz.

"Ha imperado el criterio electoral"

El PP se quedó solo en la votación de este miércoles en las Cortes, ningún grupo de la oposición respaldo ninguno de los dos decretos. Mientras, a las puertas del parlamento autonómico, sindicatos y bomberos forestales protestaban también contra estos decretos al entender que son un "engaño" y que "no mejoran nada".

La Junta insiste en que las medidas eran positivas y ven en los posicionamientos de los partidos políticos de la cámara un trasfondo electoral en el no a ambos decretos: "El parlamento ha decidido que no era urgente. También vimos ahí en el Parlamento posiciones encontradas entre unos y otros, pero que todos coincidían en el rechazo. Creemos, sinceramente, que al final ha imperado este criterio electoral, político y de partido por encima del análisis detallado de lo que queríamos hacer", considera el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo.

Misma idea defendió este miércoles, tras el pleno, el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que confirmó que no se volverán a presentar los dos decretos dado que la legislatura está finalizando y no habría tiempo para su convalidación: "Pone de manifiesto que es más fácil criticar que trabajar y comprometerse con Castilla y León. La Junta a va seguir trabajando para tener más seguridad y más prevención. Está claro que no lo podemos hacer con la colaboración de la oposición, solo están pensando en las elecciones de marzo".