Denuncian a Carnero, Quiñones y otros cuatro consejeros de la Sociedad Alta Velocidad por presunta administración desleal

Valladolid

La Asociación Cultural Ciudad Sostenible (ACCS), la Asamblea Ciclista de Valladolid (ASCIVA) y el Ateneo Republicano de Valladolid han registrado ante la Fiscalía General del Estado en Madrid una denuncia por un presunto delito de administración desleal (artículo 252 del Código Penal) contra seis consejeros de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad 2003 S.A. (SVAV), entre los que se encuentra el consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez Quiñones y el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero.

La denuncia también va dirigida contra dos concejales del Ayuntamiento de Valladolid, el de Movilidad, Alberto Gutiérrez Alberca, y el de Urbanismo, Ignacio Zarandona, así como contra Ángel Marinero Peral, secretario general de la Consejería de Medio Ambiente, y María Pardo Álvarez, ex directora general de Urbanismo en el departamento que dirigie Suárez Quiñonez.

Según han informado en un comunicado los denunciantes, han documentado de "forma pormenorizada" que los representantes municipales y autonómicos han "usado" su puesto en el Consejo de Administración de SVAV para "impedir la licitación y ejecución de obras ya proyectadas" lo que constituye -según sostienen- una "obstaculización intencionada sin sustento en ningún informe técnico", basada únicamente en "criterios de oposición política", lo que ha supuesto que "con sus decisiones hayan paralizado la actividad de la sociedad".

Desvío del objeto social

Esa "obstaculización o inactividad deliberada" ha supuesto una "desviación" del objeto social de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, al impedir las actuaciones que se contemplan en el marco del convenio de 2017 y que son "el fin de la entidad". Los fondos destinados a la ejecución de obras públicas "no han servido a su finalidad legal" y eso, apuntan, incumple el principio de buena administración y el deber de diligencia que "incumbe a quienes ejercen funciones directivas sobre patrimonio público".

La "decisión arbitraria o la inacción negligente" de los denunciados "no obedece a causas técnicas, jurídicas o presupuestarias objetivas", si no que responde a "una voluntad contraria al interés público y a los fines propios de la sociedad". De la misma manera, estos colectivos hablan de un "abuso de sus facultades de gestión" y de la "infracción del deber de fidelidad al patrimonio administrado".

La denuncia deja claro que los acuerdos alcanzados en el seno de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, en referencia al convenio de integración ferroviaria, establecen un "vínculo" entre las instituciones y sociedades implicadas (Ayuntamiento, Junta de Castilla y León, Adif y Renfe), vínculo "que no es comercial, por lo que su causa es el interés público de Valladolid".

La denuncia presentada en la FGE explica que la conducta que se atribuye a los cargos públicos señalados revela una "administración infiel del patrimonio público confiado", caracterizada por la "inobservancia consciente del deber de diligencia y de lealtad institucional".

Así, se hace referencia a la "reiterada negativa" de los denunciados a la licitación de los tres pasos de Ariza, la paralización del derribo y sustitución del viaducto del Arco de Ladrillo, del paso de San Isidro y del proyecto de la nueva estación intermodal de autobuses prevista en el barrio de las Delicias que "no obedece a causas técnicas, jurídicas o presupuestarias objetivas, si no a una voluntad contraria al interés público".

A juicio de los colectivos que han promovido este movimiento judicial, los denunciados han administrado la Sociedad Valladolid Alta Velocidad "de forma desleal, ilegal e indecente". Añaden que su actuación ha sido "contraria a los compromisos adquiridos y suscritos de forma unánime" por administraciones de distintos signo político en el convenio de 2017 de integración ferroviaria en superficie. De este modo, indican que el único objetivo de los denunciados "ha sido de oposición política reivindicando un soterramiento ya descartado unánimemente" y sin la aportación de "absolutamente nada que justifique ni su viabilidad técnica, ni su viabilidad financiera, ni la mas mínima posibilidad de que la SVAV comulgue con esa falaz rueda de molino".

Lo sucedido con estas actuaciones "clav"e para la movilidad de la ciudad de Valladolid "supone una injustificable estrategia de bloqueo cuyo slogan ha sido: soterramiento o nada".

En la denuncia registrada ante la Fiscalía General del Estado se solicita que se investiguen los hechos, se recabe la documentación societaria y administrativa necesaria para constatar los hechos expuestos, al margen de la ya incluida en la denuncia presentada, así como las consecuencias económicas y de interés público para la ciudad de Valladolid. Además, se solicita la declaración como testigos del resto de consejeros de la sociedad y, en especial, de su presidente, de la secretaria del consejo de administración y del director general de la sociedad.