Archivada la causa contra Morchón junior por concertarse con residencias privadas para que le derivaran fallecidos
La magistrada instructora concluye que "no aparece debidamente justificada la perpetración del delito"
Europa Press
Valladolid
El Juzgado de Instrucción número 6 de Valladolid ha decretado el sobreseimiento provisional y archivo de la causa que investigaba al gerente de la Agencia Funeraria Castellana (AFC), Ignacio Morchón Vaquero, por un presunto delito de corrupción entre particulares. La investigación trataba de determinar si existía un concierto con diversas residencias de ancianos de la capital y provincia para que éstas derivaran los servicios funerarios de sus residentes fallecidos a su empresa a cambio de pagos.
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En el auto de archivo, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada instructora concluye que, tras las diligencias practicadas, "no aparece debidamente justificada la perpetración del delito". Esta decisión se produce después de que la Audiencia de Valladolid acotara significativamente la investigación y de que la defensa del investigado solicitara formalmente el sobreseimiento de las actuaciones por falta de indicios delictivos.
El núcleo de la investigación se centraba en un dietario del año 2015 en el que aparecían nombres de residencias y fallecidos junto a términos como "pagados", "se paga" o "pagado". Sin embargo, el juzgado considera que dichas anotaciones son "insuficientes" para acreditar que esos pagos se realizaran efectivamente como contraprestación por la derivación de cadáveres.
La resolución subraya que el investigado negó los hechos en su declaración y que no existe reflejo de tales pagos en la contabilidad de la empresa ni en otros documentos, desconociéndose tanto el importe real como la cuantía total de los mismos. Asimismo, señala que las declaraciones de los responsables de las residencias citadas no han aportado "datos relevantes", lo que hace innecesario llamar a declarar al resto de los directores de los 22 centros mencionados en las notas.
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Hora 14 Valladolid (23/02/2026)
"Gestos de amabilidad"
El abogado defensor de Ignacio Morchón había solicitado el archivo de la causa argumentando que no concurrían indicios de delito y que prolongar la instrucción supondría una "investigación prospectiva", práctica prohibida por el ordenamiento jurídico.
El letrado, Guillermo Ruiz Blay, del despacho 'Polanco Seijas Abogados', sostuvo que los fallecimientos procedentes de residencias apenas representan el 20 por ciento de los servicios de la funeraria, y que en ese porcentaje se incluyen muchos casos donde la elección de la empresa la realiza directamente la compañía aseguradora o los familiares. "No puede evitar mi representado que, si una persona solicita información sobre una funeraria, recomienden a la primera de Valladolid por volumen de negocio", alegó en su momento el letrado, incidiendo en que la mayoría de los ciudadanos eligen la empresa de forma directa por su trayectoria en la ciudad.
El sobreseimiento y archivo, que ya es firme, se produce tras el pronunciamiento de la Audiencia Provincial, concretamente de la Sección Segunda, que ya había limitado el objeto de la causa. El tribunal de apelación determinó en su día que el envío de cestas de Navidad o arreglos florales a las residencias constituían "usos sociales" y gestos de amabilidad habituales en el sector, descartando que fueran constitutivos de infracción penal.
Del mismo modo, la Audiencia declaró prescritos todos los hechos anteriores a diciembre de 2014, dejando el dietario de 2015 como único elemento de análisis que, finalmente, el Juzgado de Instrucción 6 ha considerado carente de entidad penal suficiente para continuar con el procedimiento.
El defensor del gerente de la Funeraria El Salvador, en declaraciones a Europa Press, ha calificado la resolución judicial de "muy buena noticia", sobre todo de cara al 'macrojuicio' que la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia de Valladolid inicia la próxima semana contra su cliente, varios miembros de su familia y trabajadores del grupo empresarial, en total veintitrés personas, quienes se enfrentan a penas que suman varios cientos de años de cárcel con motivo del supuesto caso del 'cambiazo de ataúdes" investigado entre los años 1995 y 2015.
